Durante 106 días, y de manera ininterrumpida, movimientos indígenas guatemaltecos, apoyados por otras organizaciones de la sociedad civil, se sumaron a un paro nacional contra el llamado “Pacto de los Corruptos”, que amenazaba la estabilidad democrática en ese país y la asunción del hoy presidente Bernardo Arévalo, contra un sistema judicial cooptado por intereses aparentemente anómalos. Esto ocurrió entre el 2023 y el 2024.
Hoy, Bolivia se manifiesta en contra del gobierno de Rodrigo Paz con protestas populares, que también tienen rostro indígena. Detrás de sus demandas, resalta la exigencia de derogar una ley que, afirman, reclasifica el uso de la tierra y favorece a grandes terratenientes y a la agroindustria.
Países y latitudes distintas, pero con preocupaciones similares: la lucha por el territorio, en contra de los intereses capitalistas y un sistema judicial que estereotipa la lucha indígena.
Sebastiana Par Álvarez es una autoridad ancestral del pueblo maya K’iche y estuvo presente en la “manifestación de los 100 días” en Guatemala. Su experiencia le da fuerza para decir sin contemplación que “los sistemas judiciales criminalizan la defensa de los territorios”.
La razón de esto tiene dos explicaciones, desde su punto de vista: la de los intereses empresariales particulares y el desconocimiento.
El tema fue tratado en la conferencia Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, de la maestría en Derechos Humanos y Educación para Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA), en el marco del curso Derechos Ambientales, Naturaleza y Lucha por los Recursos.
Alteración de equilibrios
En un mundo donde se debaten los efectos, ya perceptibles, del cambio climático, Sebastiana denunció que las acciones que han llevado a prácticas relacionadas con el extractivismo y los cambios en el uso de los suelos tienen afectaciones en el respeto a los territorios indígenas y a una alteración de los equilibrios de la naturaleza.
“Tenemos visiones distintas entre un sistema judicial ordinario, que ve la tierra como recurso, mientras nosotros lo vemos como parte de nuestras vidas. Es una lucha entre una visión de ‘el ser humano domina la tierra’ versus ‘la naturaleza nos domina a nosotros’”, reconoce la lideresa indígena.
Mientras el Estado concesiona desarrollos mineros y obras hidroeléctricas, desde su comunidad buscan fomentar la educación en todas las edades, sobre la importancia de cuidar los ríos y la biodiversidad.
Una gran diferencia en el ejercicio de la justicia, es que en los pueblos originarios como el suyo, la legalidad no se ve por ramas (como en el sistema ordinario que se divide en lo penal, lo civil, lo laboral, entre otros). “Nosotros lo vemos como un todo, desde una simple discusión, hasta un asesinato. Hacemos procesos de sanación y resocialización desde la visión maya”, indicó Sebastiana.
El castigo va de la mano con la reparación, afirma. “No rompemos la armonía natural, hacemos ceremonias, hablamos del valor de la vida, nuestra cosmovisión es espiritual y no religiosa. La verdadera escuela está en la tierra. El sistema educativo tradicional divide entre seres animados e inanimados, pero desde la cultura maya, todo tiene vida y energía”.
La incomprensión de esa cosmovisión del derecho indígena, asegura, es la que ha propiciado que “hayamos sido muy perjudicados en el acceso a la justicia y a la participación. La ley no está hecha para nosotros. Por poner un ejemplo, nuestra ceremonias han sido catalogadas como brujerías y muchos de nuestros abuelos incluso fueron quemados. Ahí no hubo justicia”, denunció Sebastiana.
Costa Rica no ha estado ajena esta percepción. Doris Ríos es lideresa del pueblo cabécar del territorio de China Kichá y compartió, durante el foro, las luchas que durante décadas debieron emprender para recuperar el 100% de sus tierras.
Dicho proceso de recuperación se alcanzó durante el periodo 2018-2022. Aunque el territorio fue constituido legalmente en 1957, con más de 7 mil hectáreas, con el pasar del tiempo fue quedando en manos de personas no indígenas.
“Lo más difícil de todo este proceso fue la judicialización, estar frente a jueces que, en teoría, deben defender los derechos de los indígenas, pero no lo hacen, lo que demuestra un gran desconocimiento. Nos ven como personas violentas y aunque han existido avances como el Convenio 169 (sobre Pueblo Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo), lo cierto es que no existimos para el sistema”, denunció Ríos.
Perder territorio sería sinónimo de socavar a todo un pueblo. Este riesgo lo justifica desde la perspectiva cabécar donde las enseñanzas ancestrales se fundamentan en la oralidad y no constan en textos escritos. “Nuestra forma de transmitir los conocimientos es haciendo cosas, somos matrilineales (descendencia e influencia desde la Madre Tierra) y nos da miedo perder todo eso”.
Una lucha contra el patriarcado
Si ser mujer representa una serie de obstáculos en la lucha social, impregnada por el patriarcalismo, ser mujer indígena en defensa de los territorios “es un triple reto”, como afirmó Sebastiana Par Álvarez.
La violencia que sufren, la estigmatización social, los roles de género y hasta el solo hecho de no tener los recursos para salir de sus comunidades y asistir a actividades de defensa territorial, son un lastre de cara a esa lucha, en la que personas como Sebastiana y Doris son excepciones.
Aún sigue vivo el recuerdo de la hondureña Bertha Cáceres, asesinada en 2016, o de la Premio Nóbel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, hoy de 67 años. Sin embargo, no existe un registro oficial de mujeres indígenas lideresas en América Latina. Su lucha por los territorios, se mantiene en el anonimato, tratando se sortear la discriminación social y judicial a la que se ven sometidas a diario.
Foto portada: marcha.org.ar
