Tanto el Estatuto Orgánico como el Reglamento del Régimen Disciplinario de la UNA disponen que las personas inscritas en el IV Congreso Universitario están legalmente obligadas a asistir a las sesiones plenarias.
Todas las personas que se inscribieron en el IV Congreso Universitario están legalmente obligadas a asistir a las sesiones plenarias, según se desprende de la normativa que rige en la Universidad Nacional (UNA). Tanto el Estatuto Orgánico como el Reglamento del Régimen Disciplinario de la institución así lo disponen, de manera que los 214 administrativos, 224 académicos y 239 estudiantes deberán asistir a la próxima fase del congreso, a realizarse del 24 al 28 de marzo en el gimnasio de Promoción Estudiantil.
La norma que regula la obligatoriedad de la asistencia aparece en el cuarto párrafo del artículo 20 del Estatuto Orgánico, el cual establece que: “Los integrantes del Congreso deberán asistir, obligatoriamente, a las sesiones de éste, así como a las reuniones de comisión de las que formen parte. La ausencia injustificada a dichas sesiones constituirá falta a los deberes del funcionario o del estudiante correspondiente”.
Para el caso de los funcionarios de la institución, el Reglamento del Régimen Disciplinario de la Universidad Nacional dispone en sus artículos 38, 39, 40, 48 (inciso b) y 49 (inciso m), las responsabilidades correspondiente en esta materia, tanto para las personas inscritas como para sus superiores jerárquicos (indistintamente de si están inscritos o no).
Con esta medida se pretende cumplir el resto que se ha impuesto el Consejo Universitario de lograr la conclusión del IV Congreso Universitario de manera exitosa (acuerdo SCU-197-2014), tras una reunión que sostuvo los miembros del Directores del Plenario, de la Fiscalía, de la Oficina del Congreso, así como de las personas que participaron como coordinadores o facilitadores de las comisiones sistematizadoras de la II fase, la secretaría del Consejo Universitario y la Asesoría Jurídica. Con todos ellos se evaluó la metodología utilizada en dicha fase y se valoraron opciones de mejora que garanticen no solo la ejecución de la III fase si no la conclusión del congreso.
Algunos de los temas pendientes de discusión y que demandarían mucho tiempo para su análisis son aquellos relacionados con la conformación de las vicerrectorías, la forma como se debe elegir a las autoridades (equipos en vez de parejas), asambleas plebiscitarias y resolutivas, organización desconcentrada y descentralizada, beligerancia política, responsabilidad ética de los funcionarios, Tribunal Electoral Universitario, recursos de apelación y otros.
