Las universidades públicas se han manifestado en diferentes oportunidades (18 y 24 de febrero; 5, 13 y 24 de marzo) contra el proyecto de Ley de Empleo público.
Por Johnny Núñez Z. y Víctor J. Barrantes C.
Amparadas en el principio constitucional de autonomía, las Universidad públicas costarricenses, resisten, mediante manifestaciones, a la pretensión de la Asamblea Legislativa de incluirlas dentro del proyecto de Ley de Empleo Público.
Al día de ayer el plenario legislativo aún discutía las casi 200 mociones pendientes de análisis, presentadas por algunos diputados, para quienes el proyecto contraviene la Constitución Política, tal y como lo ha expuesto, en reiteradas ocasiones, el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente de Conare, indicó que, tras el rechazo inicial a las mociones impulsadas por los rectores ante la Comisión (legislativa) de Gobierno y Administración, se incluyó—a través de un grupo de diputados—un segundo grupo de mociones de reiteración que, sistemáticamente, el plenario también ha ido descartando. “Desde el Ejecutivo se ha generado una línea directa para que se excluya la autonomía de la universitaria, de las municipalidades e inclusive de poder judicial y esto el Conare lo ve como intromisión en el desequilibrio de poderes consignado y tutelado en la Constitución Política”, advirtió González.
De hecho, los rectores de las cinco universidades públicas enviaron, el pasado 23 de marzo, una carta pública al presidente de la República, Carlos Alvarado, en la que le hacen saber las implicaciones jurídicas, económicas y sociales que la aprobación de la Ley de empleo público tendría y lo exhortan a convocar una iniciativa “ajustada al Orden Constitucional, sin eliminar, ignorar ni poner en riesgo la institucionalidad democrática, las potestades de gobierno de las instituciones autónomas dedicadas al servicio ciudadano, la dignidad del servidor público, la activación económica y en particular la autonomía universitaria…”. (documento completo en https://bit.ly/3chuRo4).
En un comunicado anterior, el rector de la UNA informó de que los rectores no descartan la vía jurídica, como una acción futura a seguir, opción en la que ya se está trabajando. De igual forma, alertó sobre otros proyectos que impulsa el Ejecutivo, asociados con la institucionalidad pública, que buscan reducir el nivel de ingresos y seguir castigando al empleado público, como la aplicación de la renta global. Por eso llamó a estar vigilantes de que se respete el orden constitucional y los convenios internacionales que protegen a la clase trabajadora.
Otras implicaciones
De todas formas, coincidió el politólogo y sociólogo Carlos Carranza, el proyecto de ley de empleo público no concluye con su eventual aprobación, pues quedan pendientes de discusión y sanción otros temas relacionados con el cumplimiento de compromisos ante el Fondo Monetario Internacional sobre racionalización del gasto. Según el académico, existen mecanismos más adecuados para lograr distribución del ingreso, calidad del gasto, mejoramiento del desarrollo regional, productividad y cierre de brecha social que aún no se han considerado.
Sobre la opción de recurrir a la Sala Constitucional, manifestó que se esperaría un razonamiento del principio de justicia real y evitar privilegios. “Lo que hay que asegurar es la autonomía plena a las universidades, sin que esto signifique que deban ser independiente del estado… (las universidades) deben tener su grado de responsabilidad, su grado de libertad y tener claro los parámetros de medición: que sean adecuados y oportunos”.
De hecho, recordó que no se ha ocultado que algunas instituciones requieren una racionalización del gasto. En este mismo sentido, algunos sectores de las universidades argumentan que incluso las universidades han realizado ajustes significativos en sus finanzas en los últimos años, sin que esto se haya reconocido.
Para Carranza es claro que en la Asamblea Legislativa hay grupos que no respetan la autonomía universitaria y si bien el proyecto se puede aprobar, las tensiones que se generarían posteriormente son imprevisibles, como ya ocurrió antes (Alcoa, combo ICE), cuando el país entró en un estado de ingobernabilidad y hubo que dar marcha atrás con decisiones ya tomadas.
Por lo pronto, y ante la emergencia sanitaria que vive el país, Carranza considera que solo se darán piquetes, pero eso no significa que haya que desistir de la movilización social. Por el contrario, considera que la concientización se debe manejar más sosteniblemente en las redes sociales, “para que la gente conozca lo que se está debatiendo”.
