Hablar de reforma del Estado en Costa Rica es sinónimo de limitar la discusión a términos como “cerrar” o “fusionar” instituciones. Sin embargo, la falta de un norte claro en la materia ha arrastrado al país a un debate inacabado e infinito que arriesga la competitividad y la propuesta real de soluciones a problemas económicos y sociales de larga data.
El tema retoma sus focos de atención con el interés renovado del nuevo gobierno de la presidenta Laura Fernández por promover la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
Sin embargo, por sí solo, este proyecto representa esa falta de visión estratégica de qué quiere hacer el Estado con sus instituciones. Mientras que el gobierno de Rodrigo Chaves lo propuso como una forma de alivianar las finanzas públicas, la nueva administración busca contribuir al fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Fernando Sáenz, académico y docente del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) considera que el origen del problema nace de un paradigma neoliberal que rige la discusión, “la cual busca reducir el tamaño del Estado solo porque hay que reducirlo. Y eso significa cerrar, privatizar o fundir instituciones, cuando lo que deberíamos tener es una discusión seria, técnica y bien pensada, sobre cuál es el tamaño del Estado que necesitamos”.
Esa falta de profundidad hace que las propuestas se centren en “el qué” y no en el “para qué”. Un ejemplo de ello, son las reiteradas iniciativas para concentrar en un solo ente las funciones del Ministerio de Vivienda (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la vivienda (Bahnvi).
Para Sáenz, antes de tomar una postura al respecto, el país y los tomadores de decisión deben sopesar si ir por una ruta u otra le resolverá realmente el problema de la vivienda a la clase media costarricense.
“Yo no sé qué hace el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, es como un fantasma. Pero hacer de las tres instituciones una sola, ¿reactiva la inversión de vivienda de interés social que más bien se deprimió en los últimos cuatro años o da soluciones para esa clase media que debe endeudarse por 30 años para tener acceso a una casa?”, ejemplificó el investigador del Cinpe.
La ruta equivocada es plantear propuestas que vean la reforma del Estado como un ahorro contable, en supresión de plazas o en menos dietas que se pagarán a juntas directivas. Para Sáenz la discusión debe ir más allá, de manera que se coloque en el centro de discusión los principales retos que tiene el país en materia de competitividad y desarrollo humano.
Haciendo eco de lo que en reiteradas ocasiones ha alertado el Programa Estado de la Nación en sus informes anuales y esa “luz larga que Costa Rica olvidó poner” a la hora de formular política pública, Fernando Sáez estima que la reforma del Estado debe entablar un diálogo que permita al ciudadano vivir más seguro, que le garantice al agricultor canales de transporte eficientes en beneficio de su producción y que no sacrifique a los trabajadores a pasar gran cantidad de horas atrapados en presas vehiculares.
Intereses políticos
CAMPUS solicitó al Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa la lista de proyectos sobre reforma del Estado que han presentado los diputados desde el 2014 hasta la fecha. En total, se contabilizan 157 expedientes; sin embargo, la gran mayoría de ellos corresponden a reformas a leyes ya existentes, algunas otras derogatorias y otras de mayor calado que no lograron aprobarse.
Uno de los más recordados lo propuso el exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, por medio del expediente 19.834 bajo el nombre de Ley CERRAR (cerrar instituciones, eliminar duplicidades, reunificar funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la pobreza), relacionado con las instituciones del sector social costarricense.
Otras iniciativas que han estado en el radar legislativo son el proyecto 23.114 que fue incluido en el discurso de 100 días del presidente Chaves para reformar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y eliminar la figura de desconcentración de cuatro de sus seis órganos: el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Sobre el agrupamiento del sector vivienda destaca el expediente 23.450 que daría paso al Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat) que se discute actualmente en la Comisión Especial de Reforma del Estado. En ese mismo foro, se analiza el proyecto 24.776 que promueve el cierre del Consejo Nacional de Producción (CNP) y la transformación del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
A pesar de que el tema de Estado siempre reluce en cada campaña electoral desde hace más de tres décadas, el hecho de que no se profundice en soluciones reales se debe a una falta de voluntad política.
“Es más fácil decir cerremos o fusionemos sin pensar en las consecuencias de eso. Es como muy perezoso políticamente pensar en algo más integral, que plantear una discusión seria acerca de cuál es el tamaño de Estado que el país necesita para resolver sus problemas”.
Mientras esto ocurre, otros países avanzan en su agenda de competitividad y desarrollo. Al respecto, Sáenz sugirió prestar atención a casos de éxito como el de Irlanda, con cantidad de población similar a la costarricense (5,4 millones) y que ha venido avanzando en la materia. Sin embargo, el académico es receloso en cuanto a hacer comparaciones con otras naciones latinoamericanas donde pueden avanzar en proyectos de infraestructura, como el caso de Colombia, por ejemplo, pero que arrastran otras problemáticas sociales de mayor gravedad.
Quizá, un punto de inflexión en el tema fue el ingreso de Costa Rica, en mayo de 2021, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que requirió la aprobación de 14 leyes específicas para alinear el marco jurídico nacional con los estándares internacionales de la entidad, en temas de competencia, regulación, mercado financiero, transparencia fiscal y datos.
A hoy, Costa Rica está compuesta por 337 instituciones en el sector público, de acuerdo con el registro actualizado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). Para usted pueden ser muchas o pocas en función de sus expectativas. Lo cierto es que la discusión se mantiene en aguas superficiales, y su falta de profundidad y calado, afectan las soluciones a los principales desafíos con los que día a día deben lidiar los costarricenses.
