Los estudiantes universitarios de Centroamérica y del Caribe, congregados en República Dominicana en el marco del Congreso Estudiantil Universitario Centroamericano y del Caribe (CEUCA), organismo que articula el movimiento estudiantil de las universidades públicas del Sistema de la Integración Centroamericana y del Caribe (SICA), alzamos la voz ante los hechos que afectan al sistema de educación superior pública de Costa Rica, Honduras y Guatemala que afectan a toda nuestra región.
Lo que ocurre hoy en estos países no es un episodio aislado. Desde hace varios años, las universidades públicas de América Latina enfrentan ataques sistemáticos contra su financiamiento, su autonomía y su legitimidad; promovida desde gobiernos de distinto signo ideológico con la misma tendencia de desvalorizar la educación pública como herramienta de equidad y justicia social.
Cuando los gobiernos recortan las universidades públicas, quienes pagan el precio son siempre los estudiantes que no tienen las condiciones de acceso a la educación, como las comunidades rurales, los pueblos indígenas y las mujeres que luchan para salir de condiciones vulnerables. El apellido ideológico del recorte no cambia su consecuencia humana.
El Gobierno costarricense lleva 8 años recortando el presupuesto educativo, profundizando una crisis nunca antes vista, y ahora propuso un congelamiento del FEES - el Fondo Especial para la Educación Superior, de rango constitucional- para el año 2027, y cerró unilateralmente la mesa de negociación el 21 de abril del presente año. Hacerlo después de que las universidades demostraron, ante el propio gobierno, el cumplimiento del 90% o más de sus indicadores de gestión, convierte esta decisión en una ruptura del diálogo democrático y marca un precedente preocupante en la falta del compromiso con las futuras generaciones.
La educación superior en Honduras atraviesa hoy uno de sus momentos más críticos debido a las drásticas reducciones presupuestarias aprobadas para las universidades públicas del país. En septiembre de 2025 se presentó el anteproyecto del Presupuesto General de la República, en el cual las cuatro universidades públicas contemplaban una asignación de 11,156 millones de lempiras. Sin embargo, el 21 de abril de 2026 fue aprobado el presupuesto nacional con un recorte de 1,553 millones de lempiras, equivalente al 14% del presupuesto destinado a la educación superior pública.
La institución más afectada fue la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con una reducción de 1,442 millones de lempiras, situación que impacta de manera directa a miles de estudiantes hondureños, en un contexto donde la educación superior ya enfrentaba importantes limitaciones financieras y estructurales.
Ante este panorama, el pasado 20 de abril, estudiantes de la UNAH convocaron un plantón bajo la consigna “NO A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, movilización que se desarrolló en las instalaciones del Congreso Nacional. La protesta fue brutalmente reprimida por las autoridades mediante el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, las cuales fueron disparadas directamente contra los cuerpos de los estudiantes.
Como consecuencia de estos hechos, el estudiante Axel Medina, de la carrera de Trabajo Social y recientemente electo presidente de su asociación estudiantil, fue impactado en el rostro por una bala de goma. Lamentablemente, la gravedad de la herida provocó la pérdida total de su ojo izquierdo.
Desde las juventudes estudiantiles de la región exigimos justicia para el compañero Axel Medina y condenamos cualquier acto de violencia estatal contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta social y a la defensa de la educación pública. No son terroristas ni delincuentes: son estudiantes conscientes, organizados y comprometidos con el futuro de sus pueblos.
Si en Honduras y Costa Rica observamos escenarios complejos marcados por restricciones presupuestarias y tensiones institucionales, la situación en Guatemala evidencia con mayor profundidad los desafíos que enfrenta actualmente la autonomía universitaria y el movimiento estudiantil en la región. La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala ha estado acompañada de protestas, cierres de campus y fuertes cuestionamientos al proceso de elección a rector para el período 2026-2030, particularmente tras los hechos ocurridos el 8 de abril de 2026, donde diversos sectores universitarios denunciaron un nuevo proceso fraudulento e ilegítimo impulsado por Walter Mazariegos y estructuras afines, en continuidad con el fraude efectuado en 2022. Estas acciones han sido señaladas por excluir a más de 15 cuerpos electorales de oposición, desconocer resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento y profundizar el debilitamiento institucional de la USAC, así como la persecución contra voces críticas dentro de la universidad. La permanencia de estas prácticas representa una amenaza para el carácter público, autónomo y democrático de la única universidad estatal guatemalteca.
Centroamérica no puede darse el lujo de debilitar a sus mejores universidades. Nuestra región es la más desigual del mundo en distribución del ingreso y una de las más vulnerables frente al cambio climático, el narcotráfico, la migración forzada y la pérdida de oportunidades para las juventudes. La CEPAL advierte que la desigualdad educativa es el mayor desafío estructural de la región y que la inversión sostenida en educación no es un gasto, sino la condición para que Centroamérica logre superar sus brechas históricas.
Si siguen debilitando a la universidad, Centroamérica pierde su capacidad de producir el conocimiento científico, la formación profesional y el desarrollo territorial que necesita la región entera. Las universidades públicas forman a profesionales de excelencia que trabajan en todo el mundo, producen investigaciones sobre cambio climático, biodiversidad, salud pública y desarrollo rural que benefician a toda la subregión, y sostienen proyectos de cooperación universitaria irremplazables.
Debilitar ese sistema no solo afecta a Costa Rica, Honduras y Guatemala: empobrece a toda América Latina en el momento en que más necesitamos ciencia, innovación, equidad y democracia.
Desde el Congreso Estudiantil Universitario Centroamericano y del Caribe (CEUCA), extendemos un respetuoso llamado a la señora Laura Fernández Delgado, quien asumirá la Presidencia de la República de Costa Rica el próximo 8 de mayo de 2026, para que su gobierno pueda consolidar una relación de diálogo, respeto institucional y construcción conjunta con las universidades públicas del país.
Invitamos a retomar los espacios de diálogo con las universidades públicas, comprendiendo que la discusión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) debe desarrollarse mediante el consenso, el respeto mutuo y el cumplimiento del marco constitucional. La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 85, reconoce con claridad la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la educación superior pública; honrar este compromiso representa no solo una obligación jurídica, sino también una apuesta estratégica por el desarrollo nacional.
Exhortamos a reconocer el valor histórico y transformador de la educación pública en Centroamérica. Nuestra región ha construido importantes avances sociales, científicos y democráticos gracias a décadas de fortalecimiento de la autonomía universitaria y de inversión en educación superior. Defender ese legado significa también proteger un modelo que genera movilidad social, crecimiento económico y sociedades más justas.
Consideramos fundamental privilegiar los acuerdos sobre las imposiciones unilaterales. Medidas como el congelamiento del FEES sin negociación o el cierre anticipado de espacios de diálogo generan preocupación en amplios sectores de la comunidad universitaria y pueden debilitar la confianza en las instituciones democráticas. Por ello, creemos firmemente en la importancia de construir soluciones mediante el entendimiento y la concertación.
Asimismo, desde el CEUCA hacemos un llamado al Estado de Guatemala, al Ministerio Público y a la Corte de Constitucionalidad para que, en el marco de sus competencias, contribuyan al esclarecimiento de las irregularidades denunciadas en el proceso de elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), garantizando el respeto a la autonomía universitaria, al debido proceso y al cumplimiento de las resoluciones judiciales correspondientes.
De igual forma, invitamos a Gabriel García Luna, próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, a ejercer sus funciones con independencia, objetividad y apego al orden constitucional, promoviendo garantías para el ejercicio democrático y el cese de cualquier práctica de criminalización hacia sectores universitarios y estudiantiles.
Finalmente, consideramos necesaria una renovación integral del Consejo Superior Universitario de la USAC, orientada al fortalecimiento de principios de ética, transparencia, legitimidad democrática y autonomía universitaria real, pilares esenciales para la confianza y el futuro de la educación superior pública en nuestra región.
Las juventudes de Centroamérica y el Caribe reafirmamos que defender la educación pública es defender el presente y el futuro de nuestros pueblos. En tiempos donde la democracia, la autonomía universitaria y la representación estudiantil enfrentan constantes desafíos, nuestra voz se mantiene firme en la construcción de una región más justa, crítica y solidaria. Hoy, la región observa con atención y esperanza. Confiamos en que las nuevas autoridades gubernamentales actuarán con la responsabilidad, el compromiso democrático y la altura histórica que este momento exige, honrando el mandato constitucional y el derecho de las futuras generaciones a una educación pública digna, libre y transformadora.
Si no hay educación para los pueblos no habrá paz para los gobiernos.
Emitido por el Congreso Estudiantil Universitario Centroamericano y del Caribe (CEUCA), mayo de 2026.
