La consabida frase de que “el remedio puede ser peor que la enfermedad”, aplica a la perfección cuando se trata de valorar un mal diseño de una política pública que busque solucionar un problema o impulsar a un sector productivo en específico.
El enunciado lo utilizó Gustavo Crespi, especialista en Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para dimensionar los efectos de una mala política pública aplicada a sectores productivos. Lo hizo durante el seminario Políticas productivas con enfoque sectorial: desafíos de una agenda por la sostenibilidad nacional y regional, organizado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
“América Latina es una de las regiones del mundo que no se está acercando en materia productiva a Estados Unidos”, sentenció Crespi.
Los datos reflejan esa realidad. Hoy día la región es menos eficiente con respecto a Estados Unidos que hace 60 años. Para el caso costarricense, y de acuerdo con estudios del BID, Costa Rica es un 30% menos productiva con respecto a su principal socio comercial.
Al hablar de sectores productivos se hace mención, por ejemplo, a la agricultura, a la industria, al turismo, entre otras. Sin embargo, existe un riesgo muy grande de agravar su condición si los gobiernos de turno planifican y ejecutan de manera inadecuada las políticas públicas para atender sus demandas.
¿Por qué ocurre esto? Para Gustavo Crespi, detrás de la productividad existen bienes públicos que sostienen sus actividades. Y es ahí donde el experto ve que América Latina se está quedando rezagada.
“Estamos fallando en la provisión de bienes públicos que se requieren para que la productividad de nuestros países crezca. Estos bienes necesitan algún tipo de intervención pública en aquellos casos en los que el sector privado no se puede poner de acuerdo para producir determinado bien”, explicó Crespi.
Lo que explica esta situación es que detrás de ello abundan capacidades institucionales débiles producto de la poca anuencia para invertir en ellas. Este no es el panorama en otras regiones del mundo.
“Corea del Sur provee bienes públicos que resuelven problemas detrás de la productividad. Fácilmente, es un país que tiene dentro de sus funcionarios a más doctores y a más científicos que América Latina. La región debe tener la capacidad técnica institucional para resolver los problemas que tiene el sector privado”, indicó el experto del BID.
Otra razón que explica el rezago es el cambio en la postura de un gobierno cada vez que existe un cambio de autoridades. “Cualquier cosa que hagas acá, un sector productivo emergente, al que yo le doy bienes públicos que necesita para empezar, va a mover la aguja de la economía, no mañana, ni la otra semana, sino dentro de 15 o 20 años. Entonces hay que convencer al presidente actual de que esta es una inversión rentable para el país y no solo desde el punto de vista de los votos que quiera conseguir”, agregó Crespi.
El director general del Cinpe, Marco Otoya, coincidió en que se requiere una acción política deliberada, estratégica y basada en evidencia que apoye a los sectores productivos. “Esto permite la transformación productiva, los encadenamientos internos, las desigualdades territoriales y la calidad del empleo”, afirmó.
Como parte de esa gestión institucional, el experto del BID considera que, en el caso de Costa Rica, se debe acelerar la toma de decisiones sobre proyectos relevantes como la concesión del Puerto Caldera y la habilitación de un tren eléctrico, como motores que impulsen el crecimiento y la productividad.
Dualidades económicas
Hoy, la economía de Costa Rica parece transitar en dos bandos. Están las empresas de zonas francas, que en los últimos seis años han crecido un 116.8% ,y las del régimen definitivo, que lo han hecho solo un 14.6% en el mismo periodo, aunque este último genera hasta el 90% del empleo en el país, de acuerdo con el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la UNA.
Para Gustavo Crespi, este es un ejemplo de fallo institucional. Desde su punto de vista, las empresas en zona franca aprovechan un conjunto de bienes públicos (infraestructura, conectividad, servicios aduaneros) que no gozan las demás empresas y es ahí donde las condiciones deben equipararse.
De acuerdo con el economista del Cinpe, Leiner Vargas, otro escollo que deben superar los sectores productivos es cómo lograr que sus demandas formen parte de la agenda pública nacional.
Puso como ejemplo al sector de los arroceros, que han reclamado un abandono por parte del gobierno, pero ocurre también en la industria del software, productos agrícolas como el banano o la piña o el mismo turismo, que enfrentan retos de competitividad desde diversos ángulos.
Vargas considera fundamental no perder la perspectiva de la estabilidad democrática de un país. “Si no existe democracia, no será sencillo colocar los temas en la agenda pública, porque entonces las capacidades institucionales no se dirigen hacia los sectores que lo necesitan, sino hacia otras prioridades”.
Otra falla está en la evaluación de la efectividad de las políticas públicas. “Somos muy buenos en implementar planes pilotos, pero muy ineficientes en medir los resultados”, indicó Vargas.
Para el rector de la UNA, Jorge Herrera, espacios como estos contribuyen a la reflexión sobre los mecanismos más adecuados “para el diseño, implementación y evaluación de las política en un contexto marcado por profundas transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y ambientales”.
Rafael Díaz, coordinador del doctorado en Política Económica del Cinpe, recordó que la noción del desarrollo se ha transformado en los últimos tiempos, pasando del crecimiento per se, “a la consideración del ser humano como el sujeto del quehacer económico, bajo una connotación más integral”.
Durante el seminario se abordaron además las estrategias para atender las inequidades regionales y locales, así como el diseño y formulación de políticas públicas para promover un desarrollo nacional sostenible, a cargo de expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del BID.
