La Universidad Nacional (UNA) oficializó la puesta en marcha de la primera riobarda e islas regenerativas de la provincia de Heredia, una infraestructura de bajo costo diseñada para la recuperación mecánica y biológica del río Pirro.
Este hito tecnológico, desarrollado en conjunto con la iniciativa Río Urbano y el programa Transición hacia una economía verde urbana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca transformar los cauces urbanos de depósitos de residuos a ecosistemas resilientes, integrando un enfoque de justicia social y equidad de género en la gestión del recurso hídrico.
La infraestructura instalada opera mediante un sistema complementario: la riobarda realiza la captura física de plásticos y residuos sólidos de gran tamaño, mientras que las islas regenerativas -bloques de vegetación nativa como el rabo de zorro- filtran contaminantes mediante absorción biológica a través de sus raíces.
Para validar la eficacia de este sistema, la UNA estableció una línea base científica mediante el monitoreo de 13 indicadores físico-químicos de calidad del agua, procesados en laboratorios especializados.
Durante la presentación del proyecto, Jaime Mora Arias, decano del Centro de Estudios Generales (Ceg-UNA), afirmó que la institución no es un observador pasivo de la crisis ambiental, sino un laboratorio vivo de resiliencia. “Nuestra relevancia no reside únicamente en la generación de conocimiento teórico, sino en la capacidad de transformar ese saber en soluciones tangibles que se ensucien las manos en el cauce de nuestros ríos”, mencionó Mora.
Esta visión fue respaldada por la vicerrectora de investigación, Silvia Argüello Vargas, quien enfatizó que el acceso al agua es un eje central de la justicia ambiental que interpela directamente la responsabilidad de las universidades públicas.
La urgencia de estas innovaciones se sustenta en datos críticos sobre la gestión hídrica nacional. Según Mauren Ballestero Vargas, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el modelo tarifario actual en nuestro país está colapsado, con un precio promedio del metro cúbico de agua de apenas cinco centavos de dólar, lo que impide inversiones en infraestructura moderna.
A esta crisis financiera se suma una pérdida del 60% del agua potable en las redes de distribución antes de llegar a los hogares, una ineficiencia que compromete la continuidad del servicio para las poblaciones más vulnerables.
El proyecto subraya que la escasez y la contaminación afectan de manera desproporcionada a las mujeres, quienes históricamente asumen la carga del trabajo doméstico y el cuidado de personas dependientes. Ana Elena Chacón, representante del PNUD, destacó que la gestión comunitaria debe asegurar el liderazgo femenino en la toma de decisiones, ya que el acceso al agua en calidad y cantidad es un requisito indispensable para la salud pública y la cohesión social.
Por su parte, la experta Ana María Soto Blanco, académica del IEM, advirtió que la organización social del agua nunca es neutral y requiere un pensamiento crítico que reconozca las desigualdades estructurales y la violencia que enfrentan las mujeres en el acceso a la tierra y los recursos.
La sostenibilidad de esta iniciativa dependerá de la apropiación social mediante el colectivo de guardarríos, un grupo de voluntarios encargados de la vigilancia y el mantenimiento de las estructuras.
La meta final, según los expertos participantes, es lograr un cambio cultural institucional y ciudadano para que los ríos dejen de ser el destino final de los residuos y se conviertan en focos de desarrollo urbano.
