La Contralora General de la República, Rocío Aguilar, Rudolf Lucke, del IICE, y Martín Parada, director de la Escuela de Economía de la UNA, participaron en el foro “Eficiencia del gasto público y reforma tributaria”, moderado por Julio Espinoza, del Programa de Estudios Fiscales.
La eficiencia y calidad del gasto público cuestionaron expertos durante el foro “Eficiencia del gasto público y reforma tributaria”, realizado en el en el marco del ciclo de foros sobre reforma fiscal, que organizan el Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En la actividad participó Rocío Aguilar, contralora general de la República, quien coincidió con economistas universitarios en que la propuesta de reforma fiscal en discusión en la Asamblea Legislativa resulta insuficiente por sí sola para atender una problemática fiscal estructural. Paralelo al aumento de ingresos –subrayó la funcionaria-, se requiere abordar seriamente el tema del gasto y otras áreas como la organización del Estado y la planificación de los presupuestos en el país.
De acuerdo con Aguilar, el déficit consolidado del sector público de un 5.8% al 2010 –concentrado en el gobierno central (5.2%)-, se ha visto agravado especialmente por una política expansionista del gasto corriente desde el 2008.
Uno de los gastos más importantes es remuneraciones, el cual representa 29% del gasto total del gobierno central. Según datos de la CGR, en 15 años ha habido un crecimiento de un 57% en plazas y la mayor parte de este incremento se produjo en los últimos tres años.
Para el director de la Escuela de Economía de la UNA, Martín Parada, el gasto debe analizarse desde el costo de oportunidad en la asignación, más que desde la perspectiva contable y presupuestaria. En ese sentido, lo que se cuestiona es la eficiencia y la calidad del gasto público. Por ejemplo, en los casos de educación, salud y seguridad –donde se concentra el 80% de las nuevas plazas-, la eficiencia se podría medir en términos de cuántos policías, médicos o docentes por cada cien ciudadanos garantizarían el cumplimiento de metas específicas como disminución de la inseguridad, reducción de las listas de espera para especialidades o cirugías, o cobertura total en secundaria.
En definitiva, el gasto público -definido como las erogaciones que hacen las instituciones en el desarrollo económico y social del país- debería conducir al logro de un mejor país, con un nivel de pobreza menor, lo cual no se está logrando –según resaltó la Contralora-, “si observamos las cifras de los últimos años y sobre todo la distribución de la riqueza”.
La funcionaria consideró urgente tomar acciones en temas como planificación, presupuestación y organización. Calificó como un “ejercicio sin sentido” la formulación de planes nacionales de desarrollo de cuatro años, sin vinculación al presupuesto. “No es posible hacer un cambio significativo en calidad de gasto y eficiencia si seguimos con ese concepto de planes de desarrollo”, recalcó.
