A una sola voz, más de 40 agrupaciones representantes de sectores sociales, estudiantiles y productivos del país recorrieron las calles de San José y se instalaron frente a Casa Presidencial, en Zapote, exigiendo acciones concretas que protejan el Estado social de derecho en Costa Rica, que cada vez se ve más amenazado.
Las universidades públicas fueron protagonistas de la marcha multitudinaria. La convocatoria desde el Consejo Nacional de Rectores (Conare) permitió que desde las casas de enseñanza superior se hiciera una proclama pública en defensa del presupuesto y del respeto al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que la Constitución Política determina.
La representación de la Universidad Nacional (UNA) se hizo sentir en las calles desde la Avenida Segunda, en el corazón de la capital, donde inició la marcha. Con globos, pancartas, sombreros y consignas, señalaron la importancia de que se fomente el diálogo y que, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo, se genere una ruta clara de diálogo en procura de soluciones a los principales problemas que viene arrastrando el país.
Esa necesidad de diálogo fue reiterada por el rector de la UNA, Francisco González, quien encabezó la marcha. “El país se construye en democracia, en diálogo y la manifestación pacífica es parte de esa consolidación. Levantamos la voz porque el Estado debe garantizar el mayor bienestar posible a toda la ciudadanía y eso incluye mejores condiciones de salud, de educación, seguridad y reactivación económica”, manifestó.
Justamente, la necesidad de resolver temas sociales de distinta naturaleza fue la motivación alrededor de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo que hizo el llamado público a esta protesta.
Conforme avanzaba la caravana, los grupos fueron teniendo un punto de encuentro frente a la Fuente de la Hispanidad, en Montes de Oca. A partir de allí, las expresiones pacíficas aderezadas con cánticos, bailes y actos de diversa índole fueron agregando el color a una marcha que desplegó toda su manifestación con el trascurrir de la mañana.
Con la misma consigna, las sedes regionales de la UNA se sumaron a esta marcha nacional, participando activamente desde las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana, en conjunción con el objetivo de hacer un llamado al diálogo y la concertación.
Deuda social
El país ha venido acumulando deudas sociales desde hace décadas. Las autoridades actuales, lejos de propiciar espacios de consenso, han optado por la confrontación, sin que se den soluciones a las demandas.
La tensa negociación del presupuesto del Fondo Especial para la Educación (FEES) fue un claro reflejo de ello, además de los constantes ataques contra la labor de las universidades estatales.
Frente a ello, el rector González, destacó la importancia de que el sistema de becas de la UNA, por ejemplo, otorga subsidios al 54% de la población universitaria. Ese porcentaje se incrementa hasta el 82% cuando se valoran las sedes regionales.
Otro dato relevante que enfatiza la labor social de las universidades estatales, como en el caso de la UNA, es que un 72% de las personas estudiantes que optan por cursar una carrera son las primeras en sus familias que acceden a la educación superior pública. Lo anterior, es un reflejo del impacto que tiene la formación universitaria, en el objetivo de romper brechas de desigualdad económica y social en el país.
Sin embargo, el llamado va mucho más allá, incluso. En momentos en que la seguridad social vive momento de apremio, se hace necesario que el Estado asuma su responsabilidad con la situación que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social. Al respecto, un reciente foro de salud organizado por la Vicerrectoría de Extensión de la UNA abordó las problemáticas a nivel de listas de espera, la falta de inversión en equipo médico y en la deuda histórica que arrastra el país y que sigue sin punto de resolución.
Asimismo, la marcha contempló la grave situación de inseguridad ciudadana que vive el país, que, hasta ayer, registraba hasta 740 crímenes, todo un récord en los indicadores de violencia, de acuerdo con los registros oficiales.
El aseguramiento de la soberanía y la seguridad agroalimentaria, la protección de los recursos naturales, el respeto a la democracia y a la autonomía de las instituciones fueron parte del menú de denuncias sociales que se plantearon. Junto a ellos, se hicieron reclamos por la falta de políticas claras en materia energética, de acceso a vivienda digna, de justicia económica y tributaria, de generación de empleo (en momentos en que 225 mil personas carecen de un trabajo) y de financiamiento y promoción del arte y la cultura.
Para cada una de estas demandas, no ha existido ni soluciones ni voluntad de diálogo que acerque las posiciones de los diferentes sectores sociales hoy congregados en la marcha.
La participación masiva de ciudadanos y de instituciones revalidó la importancia no solo de que Costa Rica preserve las conquistas sociales de décadas atrás, sino que desde el Gobierno y la Asamblea Legislativa se proyecte la visión de un país justo, equitativo y que respeta los derechos humanos, sin ningún tipo de distinción.
