*Leiner Vargas Alfaro

El debate en torno al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha adquirido una intensidad creciente en la discusión pública costarricense. Sin embargo, más allá de posiciones ideológicas o coyunturales, es indispensable situar el análisis en el terreno técnico-actuarial y demográfico, apoyándose en la información oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en los estudios de sostenibilidad publicados en las últimas décadas.

El punto de partida es claro: el problema del IVM no es repentino ni producto de una decisión aislada. Es la consecuencia de transformaciones estructurales profundas que el país viene experimentando desde hace más de 30 años.

Costa Rica ha transitado aceleradamente hacia una sociedad envejecida. La esperanza de vida supera los 80 años y la tasa de fecundidad se encuentra por debajo del nivel de reemplazo. Esta transformación demográfica tiene efectos directos sobre un régimen de reparto como el IVM, en el cual las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya se retiraron.

La relación cotizantes/pensionados ha disminuido de manera sostenida. Donde antes existían seis o siete trabajadores activos por cada pensionado, hoy esa proporción se acerca a tres, con tendencia descendente. Este cambio estructural altera el equilibrio financiero del sistema y genera presiones crecientes sobre su sostenibilidad intertemporal.

No se trata de una anomalía administrativa; es una consecuencia demográfica previsible y técnicamente documentada.

Las advertencias sobre el riesgo de sostenibilidad del régimen no son recientes. Desde finales de los años 80 y, con mayor claridad, a partir de la década del 2000, las valuaciones actuariales de la CCSS han señalado la necesidad de ajustes paramétricos y estructurales.

El sistema todavía cumple con sus obligaciones corrientes gracias a la combinación de cotizaciones y rendimientos financieros. Sin embargo, los escenarios actuariales han advertido que, de mantenerse las tendencias actuales, el régimen podría comenzar a utilizar reservas de manera sostenida hacia mediados de la década de 2030.

Ese punto marcaría un cambio cualitativo: pasar de un sistema que acumula reservas a uno que las desacumula. Y cuando un fondo de pensiones entra en esa fase, el margen de maniobra política se reduce significativamente.

El desafío no se limita al envejecimiento poblacional. Existen otros elementos relevantes:

• Un desbalance histórico entre ciertos beneficios otorgados y las cotizaciones efectivamente acumuladas en algunas cohortes.
• La deuda del Estado dentro del esquema tripartito.
• Una concentración considerable del portafolio de inversiones en títulos del gobierno central, lo que reduce la diversificación del riesgo.
• Estos factores combinados explican por qué el problema es estructural y no meramente coyuntural.

Las opciones de política pública están ampliamente documentadas:

• Aumentar la edad de retiro.
• Ajustar tasas de reemplazo.
• Incrementar cotizaciones.
• Fortalecer la contribución estatal.
• Asignar fuentes extraordinarias de financiamiento.

Cada opción implica costos distributivos y decisiones políticas complejas. Reducir beneficios afecta directamente la calidad de vida de adultos mayores que, en su mayoría, reciben pensiones relativamente modestas. Aumentar cotizaciones impacta la competitividad y el ingreso disponible de trabajadores y empresas. Incorporar impuestos adicionales tensiona el ya estrecho espacio fiscal.

La discusión, por tanto, no es únicamente actuarial; es profundamente social y ética. El núcleo del debate es la equidad entre generaciones. Postergar decisiones incrementa el costo que deberán asumir las cohortes jóvenes. Pero, realizar ajustes sin criterios de progresividad puede trasladar cargas excesivas a los sectores más vulnerables.

El reto consiste en diseñar un paquete integral de reformas que combine al menos los siguientes elementos:

• Gradualidad.
• Protección a pensiones bajas.
• Diversificación financiera.
• Responsabilidad fiscal estatal.
• Transparencia informativa.
• El IVM no enfrenta una crisis inmediata de pago. Enfrenta, sí, un desafío estructural de sostenibilidad que requiere liderazgo técnico y diálogo social informado.

Reducir el debate a consignas o a simplificaciones ideológicas debilita la posibilidad de construir soluciones duraderas. La evidencia actuarial existe. Los escenarios están proyectados. Las decisiones, inevitablemente, serán políticas; pero deben estar ancladas en fundamentos técnicos sólidos.

La sostenibilidad del IVM no es únicamente un asunto financiero. Es un componente esencial del contrato social costarricense y uno de los pilares del Estado Social de Derecho. Actuar con responsabilidad hoy es proteger la dignidad de quienes ya se pensionaron y de quienes aspiran a hacerlo en el futuro.

*El autor es académico e investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).