Rebecca Muñoz Nieto, estudiante de Relaciones Internacionales UNA

Tras 17 años de vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC, CAFTA-DR), Costa Rica ha experimentado una asimetría creciente con su principal socio comercial. Esta situación deja al descubierto múltiples deficiencias en el carácter efectivo del acuerdo, cuyo propósito inicial era impulsar los sectores económicos del país. En estas circunstancias, es necesario analizar los efectos que ha tenido desde su implementación y por qué se habla de un creciente desbalance.

La aprobación del DR-CAFTA estuvo marcada por la división de opiniones que conllevó a intensos debates políticos y sociales. Mientras algunos sectores lo defendían como una oportunidad de modernización y apertura, otros advertían sobre riesgos para la producción nacional y la pérdida de autonomía. Hoy, casi dos décadas después, es posible evaluar con mayor claridad cuáles de esas expectativas se cumplieron y cuáles quedaron en promesas incumplidas.

El tratado favoreció la inversión extranjera directa en Costa Rica, especialmente en sectores como servicios, dispositivos médicos y tecnología. Estos rubros han dinamizado la economía y generado empleo, lo que ha contribuido a mantener una relativa estabilidad macroeconómica. Este es uno de los logros más visibles del acuerdo y un aspecto que no debe pasarse por alto.

Asimismo, el acceso a mercados internacionales ha permitido diversificar las exportaciones más allá de los productos agrícolas tradicionales como café y banano. La incorporación de servicios y bienes de mayor valor agregado ha posicionado a Costa Rica como un actor competitivo en la región. Este cambio representa también un avance importante en la estructura productiva del país.

Sin embargo, resulta evidente que la apertura comercial también ha traído consigo desventajas significativas. El déficit comercial con Estados Unidos se ha ampliado en los últimos años, ya que las importaciones de bienes manufacturados y de consumo han crecido a un ritmo mayor que las exportaciones. Esta relación desigual limita la capacidad del país para equilibrar sus cuentas externas y genera una dependencia estructural preocupante.

Por otra parte, los productores nacionales enfrentan una competencia desigual frente a bienes importados más baratos. Sectores como el arrocero, lechero y textilero han visto reducida su participación en el mercado interno, lo que ha generado tensiones sociales y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo. Este es uno de los costos más altos del tratado, pues afecta directamente a quienes dependen de la producción local para subsistir.

El DR-CAFTA ha sido, sin duda, un motor de estabilidad y modernización para Costa Rica, pero también ha expuesto vulnerabilidades que no podemos ignorar. El reto ahora es diseñar políticas públicas que fortalezcan la producción nacional, diversifiquen los mercados de exportación y reduzcan la dependencia de un solo socio comercial. Al mismo tiempo, es fundamental que se creen e incentiven políticas que apoyen directamente al productor nacional, brindándole herramientas para competir en igualdad de condiciones frente a los bienes importados. Solo así podremos transformar los beneficios del tratado en un desarrollo equilibrado y sostenible para todos los costarricenses.