Por qué no se debe aprobar, tal y como está, el proyecto de ley para el financiamiento en combo de las redes de monitoreo.
Marino Protti, OVSICORI-UNA
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, es un instituto de investigación interdisciplinario de la Universidad Nacional. Su misión es la vigilancia de procesos sísmicos, volcánicos y tectónicos para documentar, analizar e interpretar esos procesos y divulgar ese conocimiento a la población y contribuir así con la sociedad en la prevención de riesgos y mitigación de los desastres que generan.
El OVSICORI-UNA es el referente de la Comisión Nacional de Emergencias y de otras instituciones nacionales en asuntos de actividad sísmica y volcánica. Es, además, la fuente inmediata de información para los medios de comunicación colectiva, sobre eventos sísmicos y volcánicos, tanto a nivel nacional como internacional. Mantiene también una comunicación pronta, veraz y oportuna directamente con la población a través de sus redes sociales.
Como un reconocimiento al trabajo tan cercano y efectivo del OVSICORI-UNA con las instituciones nacionales de atención de emergencias, con la población directamente y porque la instrumentación que operó el Instituto durante las dos últimas décadas del siglo XX, obtenida por medio de donaciones internacionales, ya comenzaba a ser obsoleta, a principios de este siglo la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento transitorio para el OVSICORI-UNA, con el propósito de asegurarle al país que seguiría recibiendo información confiable e inmediata.
El espíritu del legislador, al momento de aprobar la Ley Nacional de Emergencia del 2 de mayo de 2002 fue darle contenido presupuestario a lo aprobado en dicha ley de emergencias y dotar al OVSICORI-UNA de financiamiento para la compra de instrumentación y operación del Observatorio, a cambio de la contrapartida que en personal (más de 20 personas a tiempo completo) aportara la Universidad Nacional. Las personas diputadas de esa legislatura apoyaron esa iniciativa como un reconocimiento al trabajo que venía realizando el OVSICORI-UNA y para asegurar la continuidad de esa contribución al país. En esa ley se aprobaron dos artículos transitorios que hacían mención exclusivamente al OVSICORI-UNA.
Luego de ser aprobada la ley, personas de la Universidad de Costa Rica (UCR) iniciaron un cabildeo en el Congreso, para que se anularan dichos transitorios a la Ley de Emergencias No. 7914 y no se dotara al OVSICORI-UNA de los recursos que necesitaba. Para evitar problemas políticos, las personas diputadas de la siguiente legislatura, al no considerar oportuno ni correcto eliminar ese financiamiento al OVSICORI-UNA, decidieron entonces, al aprobar la nueva Ley de Emergencias y Gestión del Riesgo No. 8488, del 22 de noviembre de 2005, aportar un monto similar a la Universidad de Costa Rica, para que con ese financiamiento la UCR hiciera, supuestamente, lo mismo que hacía el OVSICORI-UNA.
Es claro que esa fue una decisión política errónea, que creaba un desperdicio de recursos del Estado y que generaba una reducción al presupuesto para atender emergencias, que proviene del Fondo Nacional de Emergencias. Fue así como inicialmente el prestigio del OVSICORI-UNA sirvió como una sombrilla para amparar a otra institución.
A pesar de que el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) recibe su presupuesto de operación del Ministerio de Ambiente y Energía y recibe, además, financiamiento importante por parte de Aviación Civil, el transitorio I, de la Ley n.º 8488, fue reformado por el artículo 1, de la Ley n.º 8933, de 24 de marzo de 2011, para dar un financiamiento extra al IMN, ahora, en detrimento del financiamiento del OVSICORI-UNA y de la UCR.
Otro antecedente importante por considerar es que, cuando en el 2016, la Comisión Nacional de Emergencias unilateralmente decidió no transferir más recursos del Fondo Nacional de Emergencias, falsamente interpretando que el plazo del Transitorio I a la Ley n.º 8488 había expirado, e ignorando la ley n.º 8933 que extendía, en el 2011 el plazo del transitorio por 12 años, la Universidad Nacional, sin el apoyo ni de la UCR, ni del IMN, emprendió una lucha por hacer valer la ley tal y como dictaba. La Universidad de Costa Rica llegó incluso a darle la razón a la CNE en que el Transitorio I había vencido, y por eso no apoyó los esfuerzos de la UNA. Esos esfuerzos llevaron a la UNA a solicitar el criterio de la Procuraduría, la cual dictó en favor de la UNA y obligó a la CNE a continuar con las transferencias que por ley debían hacer a la UNA, y de paso a la UCR y al IMN. A pesar de esa obligación impuesta por la Procuraduría, la CNE ilegalmente dejó, por varios años, de aportar los montos que por ley debía transferir. Nuevamente la UNA, en la persona de su rector, se dedicó a presionar de muchas maneras y a diferentes niveles políticos, otra vez, sin la participación ni de la UCR ni del IMN, para asegurarse recibir los fondos que le corresponden por ley y que son estrictamente necesarios para la operación del OVSICORI-UNA; de paso, la UCR y el IMN, comían del pastel.
Una parte del dinero que recibe la UCR del Fondo Nacional de Emergencias financia a la Red Sismológica Nacional (ICE-UCR); sin embargo, ese dinero no ha contribuido a desarrollar esa red sismológica a niveles ni siquiera cercanos a los del OVSICORI-UNA. Interpreto que ese letargo se debe a la falta de apoyo institucional para dotar del personal necesario (y obligatorio como contrapartida a lo recibido del Fondo de Emergencias) para operar las actividades de la Red Sismológica Nacional (la cual incluye también al ICE). Por esa falta de personal, la RSN de la UCR no ha sido eficiente en ejecutar presupuestariamente los montos que han recibido por casi dos décadas y lo han venido depositando en un fideicomiso que, al parecer, acumula miles de millones de colones, lo cual representa recursos para operar, a ese paso, por otro par de décadas.
Por otro lado, el OVSICORI-UNA ha venido renovando completamente sus redes de monitoreo sísmico, volcánico y tectónico para brindar información oportuna y confiable a la población e instituciones del Estado. El nivel de ejecución ha sido tal que el OVSICORI-UNA está ya a punto de agotar todo el dinero que se le ha transferido como parte de ese transitorio. Todos los gastos que realiza el OVSICORI-UNA de esos fondos provenientes de la Ley de Emergencias y Gestión del Riesgo, deben ser aprobados por la Asamblea de Unidad y se tramitan dentro del sistema financiero de la UNA, y no a través de alguna fundación. La Universidad Nacional no tiene ningún problema en que esos gastos sean auditados externamente.
Algo importante que se discutió desde el 2002 fue que los fondos transferidos al OVSICORI-UNA del Fondo Nacional de Emergencias, y luego de las modificaciones del 2005 y 2011 al Transitorio I de la Ley No. 8488, serían utilizados única y exclusivamente para instrumentación, programas de cómputo y respaldo de datos, materiales y herramientas para la construcción de estaciones y mantenimiento de estas. Con eso se evitaba que dichos recursos se utilizaran para contratar personal o para que el personal de OVSICORI-UNA, UCR o IMN, los utilizaran para asistir a congresos o reuniones científicas. La contrapartida de esas instituciones sería precisamente el personal dedicado a las labores de monitoreo. Dichas condiciones las ha respetado fielmente el OVSICORI-UNA desde el principio. La contrapartida de la Universidad Nacional en personal para la operación del Instituto es del orden de cientos de millones de colones al año, equivalente a lo que recibió del Fondo Nacional de Emergencias.
El OVSICORI-UNA, gracias a los recursos recibidos del Transitorio I a la Ley n.º 8488, vía el Fondo Nacional de Emergencias, ha venido consolidando una de las mejores y más densas redes de monitoreo sísmico, volcánico y tectónico del planeta y se ha constituido en uno de los observatorios de procesos tectónicos más exitoso y prestigioso del mundo. Dentro de sus logros y contribuciones directas al país, utilizando recursos del Transitorio de la Ley de Emergencias, está la anticipación del terremoto de Nicoya del 5 de septiembre de 2012, el cual, a pesar de su gran magnitud de 7.6, no provocó la muerte directa de ninguna persona y por la preparación que tuvieron las instituciones en respuesta a la información que aportó el OVSICORI-UNA sobre su eminente ocurrencia, el daño fue mínimo comparado con lo que ocurre en otros países con sismos de magnitud mucho menor. El OVSICORI-UNA publicó ya un artículo científico con la anticipación de otro terremoto con magnitud entre 7.2 y 7.4 que ocurrirá bajo la península de Osa en el futuro cercano. Otro aporte importante fue el seguimiento que se le dio a la actividad eruptiva del Volcán Turrialba durante la segunda mitad de la década de 2010, con información que permitió la planificación en el Valle Central por la caída de cenizas y la información oportuna a Aviación Civil para el cierre y apertura del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
El más reciente logro y aporte del OVSICORI-UNA, con la operación de la red sismológica digital con transmisión de datos en tiempo real, es haber puesto a disposición de la población usuaria de teléfonos celulares, tanto con sistema operativo Android™, como para dispositivos con sistema operativo IOs™, un sistema de alerta temprana de terremotos que le permitirá, por ejemplo, a las personas habitantes del Valle Central, disponer de alrededor de 30 segundos, antes de ser impactados por las ondas cortantes (generadoras de los mayores daños) por el terremoto que ocurrirá bajo la península de Osa.
Ante la finalización del plazo de vigencia del transitorio, a principios de abril de 2024, el suscrito redactó la exposición de motivos y borrador del proyecto de ley para dotar al OVSICORI-UNA de recursos, de forma permanente, para continuar operando sus redes de monitoreo. Dicho documento fue compartido con la Rectoría de la Universidad Nacional, la cual, a pesar de conocer los antecedentes sobre la forma como tanto la UCR como el IMN se aprovecharon del trabajo de la UNA y del prestigio del OVSICORI-UNA para obtener más recursos de los que requieren, o tienen capacidad de ejecutar, por cuestiones puramente políticas, invitó a las otras instituciones a presentar una propuesta de financiamiento para todas las instituciones. Pregunto entonces: ¿será éticamente correcto que la UNA se preste a justificar el desperdicio de recursos en financiar a la Red Sismológica Nacional, para que haga lo mismo que hace el OVSICORI-UNA?, a pesar de que la RSN ha demostrado que no lo puede hacer porque no cuenta con el personal suficiente y que por eso ha acumulado la mayor parte del dinero que ha recibido en las últimas dos décadas. La UNA y la mayor parte de las personas en Costa Rica saben que si la RSN deja de operar, el país no pierde mucho, pero si el OVSICORI-UNA deja de operar, el país lo pierde todo en monitoreo sísmico, volcánico y tectónico.
En mi opinión, si las instituciones de monitoreo quieren seguir recibiendo fondos públicos, deberán justificar, individualmente, su existencia y presentar sus propios proyectos de ley, demostrando con auditorías externas, cómo han utilizado los recursos recibidos. Deberán, además, comprometer una contrapartida en personal, equivalente a los montos que solicitan. El OVSICORI-UNA no tiene problema con ninguna de esas condiciones; lo que no se vale es que, en un combo, otras instituciones, con el apoyo institucional de la UNA, sigan arrecostándose y abusando del prestigio del OVSICORI-UNA, como lo han hecho. De nuevo, antes de aprobar el combo de financiamiento para las redes de monitoreo, las personas diputadas deberían pedir cuentas sobre cómo se invirtieron los miles de millones recibidos y sí vale la pena que los contribuyentes financiemos a dos instituciones para hacer lo mismo, aunque la RNS, con los mismos recursos, no produce ni el 25% de lo que produce el OVSICORI-UNA y no aporta ni el 25 % de contrapartida que aporta la UNA.
