El proyecto de “Ley Marco de la Economía Laboral”, impulsado por Francisco Morales de la Escuela de Administración, pretende orientar dineros de las organizaciones de ese sector a inversiones de infraestructura como carreteras.
Así como se ha hablado de la posibilidad de financiar la carretera a San Ramón con fondos de pensiones propiedad de los trabajadores, otras organizaciones como cooperativas, asociaciones solidaristas y entidades gremiales podrían contar con un marco jurídico que les facilite la participación en el financiamiento de millonarias obras de infraestructura pública, de aprobarse un proyecto de ley que fortalece al Sector de Economía Laboral (SEL).
“El Sector de Economía Laboral va a irrumpir como un tercer sector emergente”, aseguró el impulsor del proyecto Francisco Morales, exministro de Trabajo y académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA).
Las condiciones están dadas. Actualmente, más de 2 millones de costarricenses pertenecen a algún tipo de organización del SEL y los recursos de todas estas entidades sumados alcanzan la suma de $15 mil millones, lo que representa el 31% del Producto Interno Bruto (PIB).
Propiedad de los trabajadores, estos recursos hoy están invertidos mayoritariamente en títulos valores del Ministerio de Hacienda, recibiendo un interés de mercado que no supera el 9%. Sin embargo, si se invirtieran en el financiamiento de obras de infraestructura, las utilidades alcanzarían hasta un 20%, lo que redundaría en beneficio económico para los asociados a las organizaciones del sector de la economía laboral.
El proyecto de ley permitiría que el SEL, hoy fragmentado, surja como un sector integrado con impacto en la economía nacional, ya que asocia crecimiento económico, distribución de propiedad y riqueza y generación de empleo, especialmente para profesionales en campos como la ingeniería o la arquitectura.
La iniciativa contempla la creación de un consejo de la economía laboral que será el encargado de definir las políticas del SEL. El exministro de Trabajo destacó que el proyecto respeta absolutamente la estructura jurídica, la organización y el funcionamiento de todas las instituciones del sector, pero al darles el marco jurídico para integrarse como un tercer sector de la economía –al lado de los sectores público y privado- también se le otorga una voz potente, integrada y representativa, con peso para influir en las políticas públicas de estado, de empleo, de distribución de riqueza y sobre todo de acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
El proyecto toma en cuenta a las instituciones financieras del sector, como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Caja de Ande, Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio (JUPEMA), Sociedad de Seguros del Magisterio y las administradoras de pensiones creadas por la Ley de Protección al Trabajador.
En el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la iniciativa plantea que se consolide como un banco de la economía laboral y social, ya que actualmente esta entidad se mide con criterios de banca comercial o estatal, lo que impide que se haga efectiva la copropiedad por partes iguales de los trabajadores, establecida en los primeros artículos de la ley del propio banco.
El proyecto de Ley Marco de la Economía Laboral será presentado en el segundo semestre de este año a la Asamblea Legislativa y su impulsor, Francisco Morales, se muestra esperanzado de que exista la “voluntad política transformadora” para convertirlo en ley de la República en estos cuatro años.
