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Cambios al pago por servicios ambientales perjudica a mayoría de personas beneficiarias en el país

Propuesta elimina la figura del regente forestal y amplía funciones de los profesionales del sector, lo cual traería el aumento de sus honorarios a costa del productor. Asimismo, la disminución en el incentivo provocaría que la ganadería y producción extensiva sean más atractivas para las familias que producen en pequeña escala, lo que pone en peligro la conservación de los bosques. El Colegio de Agrónomos y Forestales afirma que los cambios son inconstitucionales.

Recientemente, el Gobierno de la República planteó una reforma a los artículos 38, 39, 40, 47 y 63 y adición del Capítulo Décimo Noveno del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE y sus reformas del 17 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 1997”. ¿Benefician estos cambios a la conservación de los bosques?

El pasado 6 de junio, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor-UNA), la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA) y la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor) organizaron un foro en la Universidad Nacional para analizar los cambios propuestos por el Gobierno al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA).

Xinia Brenes, presidenta de la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor), indicó que eliminar la figura de regente forestal dentro del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PPSA) impide una certificación adecuada de la permanencia del bosque. “No es lo mismo una comprobación satelital versus la comprobación, al menos anual, que se realiza directamente en el campo”.

Asimismo, Brenes afirmó que el artículo 122, aumenta las labores que realiza el profesional forestal, lo que conlleva a un aumento de sus honorarios y por ende a los costos del productor, al mismo tiempo que el Estado reduce el monto pagado por hectárea por los servicios ambientales que brindan los bosques.

Además, explicó que la propuesta pretende aumentar el tamaño mínimo de las fincas de 300 a 500 ha, “algo cuestionable considerando que las estadísticas de Fonafifo estiman que alrededor del 70% de las fincas que actualmente están adscritas al programa, tienen 40 o menos hectáreas”.

También indicó que los pagos conjuntos adicionales por los conceptos de “biodiversidad plus” y por “importancia para el recurso hídrico”, estarían limitados a menos del 5% de las posibles personas beneficiarias, lo que significa un pago de 21.000 colones por hectárea para alrededor del 80% de ellas, un monto no solo menor al actual, sino que insuficiente para competir con la presión que generan otras actividades productivas que compiten con la protección del recurso forestal.

 

Michael Garro, fiscal del Colegio de Agrónomos y Forestales, reiteró que la regencia forestal, “está más que comprobada como mecanismo para asegurar la permanencia del bosque, un elemento clave en el reconocido éxito internacional del PPSA. En los últimos años, el 72% de los contratos por conservación lo gestionan los regentes, quienes no solamente tienen fe pública para certificar tanto el buen uso de los fondos estatales y la permanencia del bosque, sino además son asesores que permiten a familias en zonas rurales tomar mejores decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales”.

El fiscal añadió que en años recientes el programa registró en promedio 70 000 hectáreas bajo protección y duda que Fonafifo sea capaz de gestionar adecuadamente un aumento a 182 000 hectáreas el presente año según pretende el cambio de normativa. Finalmente, agregó que el Colegio —en su análisis legal— llegó a la conclusión que dichas modificaciones a la normativa riñen con la legislación vigente porque intenta modificar un reglamento que es competencia profesional del Colegio, transgrede principios ya establecidos en tratados internacionales, y además sería inconstitucional al violentar el principio de no regresión en material ambiental.

Protagonistas

El alcalde y dirigente comunal de Puerto Jiménez, Enrique Segnini, fue vehemente en decir que los verdaderos protectores del bosque son los miles de campesinos que trabajan la tierra en condiciones limitadas pero que protegen el bosque. “Ellos serían los perdedores con estos cambios”.

 Mario Piedra, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), fue enfático en indicar que las personas productoras a pequeña escala —que son la mayoría de quienes se benefician con los pagos por servicios ambientales— son los guardianes del bosque, y mostrando datos desarrollados recientemente desde el Conare, argumentó que esta modificación al PPSA lo que hace es exacerbar la matriz de riesgo del recurso forestal ya que le resta valor al bosque, haciéndolo menos competitivo en comparación con usos alternativos de la tierra como la ganadería o la piña, actividades que añaden presión al bosque.

Para Piedra, la regencia forestal da la seguridad jurídica necesaria para poder comercializar internacionalmente servicios ambientales o ecosistémicos, algo esencial a futuro considerando las restricciones presupuestarias que tendrá el programa al depender mayoritariamente del impuesto a los hidrocarburos.

Los empresarios forestales manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los cambios a la normativa generen mayores cuellos de botella en trámites que deberían ser simplificados. “Con frecuencia se crea normativa, pero poco se evalúa su efectividad. Estamos en un momento histórico para revisar lo que realizamos en las últimas décadas en el sector forestal y proponer conjuntamente cómo mejorarlo”, sostiene Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria, quien además coincidió, en que la regencia es más que solo una verificación, sino que además es una necesaria asesoría al productor.

En este punto también concordó Jiri Spendlingwimmer, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación (Fecon), quien compartió la experiencia de cómo por medio de la asesoría de un regente forestal, en la zona de Osa, una comunidad de 800 personas logró crear el Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, utilizando los impuestos verdes pagados por la sociedad para el aseguramiento de la provisión de servicios ambientales provenientes del bosque.

Para ellos, de acuerdo con Spendlingwimmer, está claro que, si no hay pagos, el bosque pierde valor y la amenaza de deforestación es inminente. Señaló al actual Gobierno por querer seguir al pie de la letra la receta de entes financieros internacionales que se enfocan en modelos de mercado y descuidan la inversión social en salud, educación y ambiente.

Voz estudiantil

Representantes estudiantiles de la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, mostraron su preocupación por los cambios propuestos. La limitación a opciones de empleo si se elimina la figura de regente, el insuficiente pago propuesto, el cual dejaría de ser un incentivo a la conservación del bosque, y la duda ante la capacidad del Estado para fiscalizar por sí mismo los contratos, fueron algunas de las menciones realizadas por Hillary Jara.

Por su parte, Kendall Gamboa indicó que “para conservar el bosque no es solo decir Costa Rica pura vida”, sino que se requiere de verdaderos incentivos. Compartió cómo él mismo —proveniente de una familia campesina que se beneficia de pagos por servicios ambientales— decidió estudiar ingeniería forestal porque el regente le transmitió con su ejemplo, lo necesario que es la regencia y la fe pública para la protección de su propio bosque.

Tanto los expositores como los asistentes a este encuentro solicitan a Rodrigo Chaves, presidente de la República, que publique lo antes posible la normativa para la asignación de los pagos por servicios ambientales 2024 en los mismos términos de como se hizo en el 2023, para así no tener más retrasos y garantizar el uso del presupuesto durante este año en la colocación de áreas de bosque bajo protección y con esto no perjudicar a las personas productoras. Igualmente, solicitan que se inicie un proceso participativo de consulta para la construcción del decreto que asignará el uso de los fondos en el 2025.

 

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