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1 de cada 3 homicidios en el mundo ocurrirían en América Latina

La arremetida del crimen organizado en la región latinoamericana cobraría la vida de miles de personas, producto de la ampliación de las zonas de influencia de los carteles de la droga, la tecnificación de las operaciones de estos grupos y el aprovechamiento de la ubicación geográfica para acceder a diversos mercados.

Estas fueron las conclusiones más relevantes del conversatorio Geopolítica del crimen organizado, a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La magnitud es tal que Galo Cruz, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, indicó, con base en estadísticas del Banco Mundial, que uno de cada tres crímenes que se cometerían en el mundo ocurrirían en América Latina. Esto, a pesar de que la región concentra apenas el 9% de la población mundial.

La conjunción de varios factores explicaría este panorama sombrío. Uno de ellos tiene relación con el hecho de que grupos de delincuencia organizada, vinculados con la producción y comercialización de drogas en el mundo, desarrollan sus operaciones en este lado del planeta.

Mientras que Colombia, Perú y Venezuela encabezan la lista de países productores de la hoja de coca, Centroamérica se ha convertido en una plataforma para el tráfico de estupefacientes. Por su parte, México vive un empoderamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, cuyos tentáculos se han expandido a naciones como Ecuador, que años atrás gozaba de altos niveles de seguridad.

En el caso colombiano, la producción de coca alcanza las 1.738 toneladas métricas en un área sembrada de 230 mil hectáreas, mientras que en Perú, la cifra representa las 869 toneladas métricas, en un área de 95.008 hectáreas, de acuerdo con cifras aportadas por el académico Cruz, según reportes de la fundación Insight Crime.

Detrás de este fenómeno influyen las decisiones políticas que se adoptan por parte de los países productores. En Colombia, por ejemplo, el actual gobierno redujo hasta 10 veces la cantidad de terrenos donde se han erradicado los cultivos, en comparación con la anterior administración de Juan Manuel Santos.

También existe permisividad en esta lucha, al punto de que en la región del Amazonas se esté llevando a cabo una “narcodeforestación”, según manifestó José Luis Castillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, con impacto no solo a nivel de seguridad, sino también ambiental.

Mientras que del lado de la oferta se extienden las operaciones, del lado de la demanda, la situación tiende a agravarse en países de Europa y en Estados Unidos, donde el consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo, generaron hasta 100 mil muertes en el 2023. “Es apocalíptico lo que estamos viviendo con el tema de las drogas y su consumo”, agregó el docente Galo Cruz.

Al tratar de asegurase los mercados potenciales para la venta de estupefacientes, se producen choques entre las diferentes organizaciones, lo que desencadena en venganzas, ajustes de cuentas y fallecimientos de víctimas colaterales. Costa Rica no escapa a esta realidad y los datos así lo muestran: el año anterior, tres personas perdieron la vida cada 24 horas, producto de hechos violentos.

Geografía y empoderamiento

Justo cuando en el país se llevó a cabo, la semana anterior, el evento Inmersos en el Cambio, relacionado con la protección de mares y océanos, durante el conversatorio se dio a conocer que hasta un 80% del tráfico de drogas en América Latina se realiza vía marítima. El restante 20% aprovecha las vías terrestres.

“La posición geoestratégica de la región le es favorable al crimen organizado. De ahí nace un nuevo concepto: el geocrimen, que hace referencia a la incidencia criminal aprovechando la geografía en que nos ubicamos, y donde tenemos conexiones portuarias con otros continentes”, explicó José Luis Castillo.

Solo de Ecuador se exportaron 300 toneladas de cocaína en el 2024, con destino a Europa, aprovechando la cercanía con países productores y con la instalación de organizaciones que han adquirido un empoderamiento y una escala empresarial. “Estas organizaciones se han sofisticado a grados impresionantes; son estructuradas estables y con jerarquías definidas. Podemos llamarlas de ‘alta intensidad’ porque tienen la capacidad de desestabilizar a Estados y es ahí donde se debe actuar con prontitud”, agregó Cruz.

Ese nivel de empoderamiento genera que mafias como el cártel de Sinaloa reclute miembros de su grupo para que viajen a China, donde realizan pasantías para aprender a elaborar fentanilo. En octubre del año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas chinas de facilitar la producción y comercialización de este opioide.

Para el experto, casos como el ecuatoriano representan una situación donde a las autoridades se les escapó de las manos el control de la seguridad. Esto vino acompañado de la falta de atención de las alertas que organismos de inteligencia venían advirtiendo sobre el avance del crimen organizado y la ambigüedad en la implementación de políticas preventivas.

Rediseñar el futuro

El aumento de la violencia y la penetración de la delincuencia organizada suponen un reto de abordaje para los países. Los expertos señalaron algunas estrategias que podrían implementarse, entre ellas, una mayor cooperación en inteligencia entre los países de la región, que permita afrontar de manera conjunta este flagelo. Asimismo, un esfuerzo para recuperar los espacios geográficos marítimos y cerrar los canales de influencia que aprovechan estos grupos delictivos.

El uso de las nuevas tecnologías debe acompañar esta estrategia, sostuvieron Cruz y Castillo. Por ejemplo, llamaron la atención que en el ciberespacio se ha abierto un nuevo frente de batalla, porque ahí se almacena información que, en manos de las autoridades, pueden contribuir a la lucha frontal contra el narcotráfico. Descentralizar la labor de los gobiernos locales, reimponer el control del Estado y promover el eje social por medio de programas de recuperación desde las comunidades, son otras de las medidas que propusieron.

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