El año 2023 ha marcado un momento histórico en donde la inseguridad ciudadana se ha disparado a niveles preocupantes alcanzando tasas récord y siendo el año con la mayor cantidad de homicidios mes a mes superando los datos históricos registrados. Pero no solo se trata de la violencia, si no que este año evidencia un crecimiento importante en las actividades vinculadas al crimen organizado, y a una evidente incapacidad operativa por parte de las administraciones para dar respuesta a tal oleada de inseguridad. Cabe resaltar que esta problemática no nace de la noche a la mañana y que la misma tienen un vínculo directo con las condiciones económicas de nuestro país.
Para el académico de la Escuela de Economía UNA, Oscar Barrantes Víquez, pese a los múltiples esfuerzos de las ultimas administraciones, el crimen organizado continúa ampliando su participación en todo el país, llevando la criminalidad desde la periferia hacia el centro del país, provocando a su vez que las actividades criminales se diversifiquen pasando del narcotráfico como la actividad más recurrente y conocida; a transformarse en otras actividades como el sicariato, el blanqueo de capitales, la extorción, trata de personas, tráfico de órganos, secuestro, tráfico de armas, entre otras; todas estas actividades mueven enormes cantidades de dinero a nivel nacional y mundial.
¿Pero qué tiene que ver la economía con todo esto? Barrantes, comparte un análisis e interrogantes del vínculo entre la economía y la inseguridad en nuestro país.
Para comenzar, Costa Rica no ha logrado resolver los problemas en cuanto al desempleo, por lo que para este año los datos señalan una recuperación que apenas logra devolver los índices previos a la pandemia del 2019, sin que esto muestre mejoras sobre las condiciones de empleo. Para el primer trimestre de este año 2023 se reporta un total de 248.779 personas en condición de desempleo; mostrando una baja con relación al mismo trimestre del año 2022 de 81.448 personas menos; sin embargo, más de la mitad de este número no responden a que se reincorporaran al mercado laboral, sino que responde a una salida de este, tal y como lo indicó el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía UNA en su análisis de la coyuntura nacional 2023.
El académico señala como otra de las problemáticas al tema de la educación, en donde es claro que aquellas personas con menor grado académico y sin conocimiento de un segundo idioma son las que encuentran con mayor problema para obtener empleo estable y bien remunerado, lo cual hace que sean pocas las vacantes disponibles para este tipo de personas, lo que los arrastra a actividades económicas informales las cuales tampoco resuelven sus necesidades básicas.
Es a su vez que las problemáticas anteriores tiene por sí mismo una correlación directa con la pobreza, ya que aquellas personas que no logran conseguir trabajo por su perfil académico o por la dificultad propia del mercado, tienden a ser mucho más vulnerables a caer en condiciones de pobreza y pobreza extrema, ya que dependen de ingresos que no son constantes ni estables, lo cual se demuestra según datos de diciembre del 2022, por cada cuatro personas en Costa Rica una se encuentra bajo la línea de pobreza, según datos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Son todas estas situaciones vinculadas a la economía, las que están generando por sí mismo un caldo de cultivo para las organizaciones del crimen organizado quienes requieren personas que acometen actividades ilícitas para ellos a cambio de un pago y estos ante su condición económica, laboral o educativa optan por involucrarse con estas organizaciones delictivas; ya sea por necesidad o porque es una forma rápida de hacer dinero, en un país que no logra garantizar las oportunidades adecuadas de desarrollo para toda la población por igual.
Ahora bien, ¿qué nos espera en el corto plazo?
En temas de seguridad; el corto plazo es algo en lo que los ajustes deben ser puntuales y bien enfocados, ya que en realidad es poco lo que se puede hacer a corto plazo, debido a que todo se centra en prevención y punición a quienes cometan actos delictivos, sin embargo y en paralelo si se quiere resolver los problemas de inseguridad se deben ir planteando acciones a mediano y largo plazo con las cuales apalear los problemas económicos que favorecen la proliferación de este tipo de organizaciones criminales y que a su vez van de la mano con las mejoras necesarias en pro del desarrollo del país.
Pese a esto el gobierno de turno ha tomado una posición de “mano dura” contra la criminalidad y las organizaciones del crimen organizado, determinando que la represión debe ser el camino a seguir ante la situación actual del país, esto ha llevado a barajar opciones tales como el decretar un Estado de excepción, lo cual pone en peligro los derechos fundamentales o incluso la decisión presupuestaria de trasladar 3.200 millones de colones del Ministerio de Educación Pública y 2.800 millones de colones del Ministerio de Obras Públicas y transporte hacia el Ministerio de Seguridad con la intención de contratar más policías.
Lo anterior no propone ninguna respuesta a la problemática que vivimos, ya que tener mayor presencia policial no evitará que las organizaciones delictivas sigan operando en el país y menos si cada vez más les es más fácil reclutar personas en condiciones de vulnerabilidad; por lo expuesto anteriormente, en lugar de enfocar nuestros esfuerzos en prevenir que las futuras generaciones repliquen este patrón; por otro lado la situación de la infraestructura vial del país nos resta atractivo para la atracción de la inversión extranjera directa (IED), la cual podría reducir las tasas tan elevadas de desempleo y que a su vez puede vincularse de forma adecuada con la educación para generar mayor oportunidad laboral y reducir así los índices de pobreza a nivel nacional; sin embargo se decide restarle recursos a las dos instituciones que según el Nobel de economía Joseph Stiglitz son requisitos necesarios para alcanzar el desarrollo económico y social de un país.
