El traslado de la lucha antiinmigrante de la frontera de Estados Unidos con México hacia lo interno del país estadounidense, el aumento del presupuesto para la agencia federal encargada de repeler las movilizaciones humanas y un descenso en la cantidad de estatus de refugio concedidas a extranjeros, denotan el endurecimiento de las políticas migratorias de la nación norteamericana en los últimos años.
Wil McCorkle conoce de primera mano esta situación. Si bien ha desarrollado investigaciones sobre este tema como académico de la Universidad de Charleston, en Estados Unidos, también ha dedicado parte de su tiempo al trabajo directamente en la frontera con México, donde las realidades humanas de la población migrantes tienen nombre y apellido.
Mc Corckle asistió a la Universidad Nacional (UNA) por invitación del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) y su programa Migraciones, para impartir la conferencia De Minnesota a Irán: políticas antiinmigratorias e imperialismo bajo Trump.
Para el experto, lo que ha venido ocurriendo, sobre todo desde la segunda administración de Donald Trump, es una decadencia de la visión humanitaria que afecta a las personas migrantes; pero no siempre fue así. Recordó cómo, entre el periodo de 1800 a 1910, la frontera entre Estados Unidos y México más bien estaba abierta, con algún grado de temor hacia los migrantes, pero en general, sin rasgos de discriminación.
Desde 1910 y luego de las dos guerras mundiales que registran la historia, las cosas comenzaron a cambiar. Aunque fue creada en el siglo precedente, el ascenso de la organización supremacista blanca Ku Kux Klan (KKK) alimentó el sentimiento persecutorio y antiinmigrante, al tiempo que en la nación norteamericana se propiciaba la llegada de extranjeros europeos, en detrimento de aquellos que provenían de naciones de Asia y de África.
La ley de Espionaje y Sedición del presidente Woodrow Wilson sentaban las bases hacia un Estado que castigaba la disidencia y las voces críticas, al tiempo que entre la población estadounidense crecía un sentimiento nacionalista. “Con la II Guerra Mundial, se denegaba refugio a la población judía. Y era paradójico. Mientras que un 94% de la población decía que calificaban como malas las acciones de Hitler, solo un 2% estaba de acuerdo con que los judíos ingresaran al país”, detalló Mc Corckle.
Después de la II Guerra Mundial y tras la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945, comenzó una etapa de apertura y protección de los derechos humanos que se tradujo, por ejemplo, en la aprobación del Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que vino a dar un principio de legalidad y de obligación por parte de los Estados firmantes.
El propio Estados Unidos dio un paso al frente en 1980 con la Ley de Refugiados (Refugge Act) del presidente Jimmy Carter, que elevó hasta 50 mil la cantidad de admisiones que se otorgaban a esa fecha y creaba una oficina especial para atender los casos.
Recrudecimiento
Empero, desde la llegada de Donald Trump al poder, en su primer mandato en 2017, ya se advertía la aplicación de políticas más duras contra los migrantes, que a inicios de este año representaban el 14.8% de la población total.
Sus acciones se centraban en la construcción de un muro fronterizo que impidiera la llegada de extranjeros al país. Si las familias ingresaban y eran detenidas podía darse el encarcelamiento de grupos enteros, que incluían niños.
Fue entonces cuando el presidente Trump instauró la política “Quédate en México”, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar dentro de territorio mexicano la resolución de sus casos y evitar de esta manera oleadas migratorias masivas.
Con el ascenso del demócrata Joe Biden, algunas de estas y otras políticas fueron eliminadas. Una de ellas fue el Título 42, una restricción pública impulsada en la era Trump para expulsar de manera más célere a migrantes y enviarlos de regreso a México, bajo el argumento de la protección “a la salud pública”.
Sus efectos fueron visibles. Mientras que en mayo de 2019 se habían aprobado 132.856 permisos humanitarios, para diciembre de 2023 la cifra era de 249.741 solicitudes aceptadas, de acuerdo con datos compartidos por el académico Wil McCorkle durante su presentación.
Pero con la vuelta de Trump al poder, desde enero de 2025, la situación volvió a agravarse. Esta vez, la persecución no se centró solo en la zona fronteriza, sino que se trasladó hacia lo interno del país, con las redadas migratorias comandadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La agresiva campaña antiinmigrantes se ha visto reflejada en las deportaciones masivas a terceros países (incluida Costa Rica, con el que mantiene un convenio activo), el envío de personas a la megacárcel de El Salvador, bajo cargos sin pruebas y un presupuesto anual del ICE que ronda entre $25 y $30 millones, “que representa más del costo de los ejércitos de países como Brasil y Canadá”, afirmó McCorkle.
También se ha trasladado a enfrentamientos en las calles, primero en Chicago y después en Minnesota, con el saldo de dos personas fallecidas en situaciones confusas, pero que fueron grabadas. Para McCorkle no existe espacio para la duda al afirmar que se ha tratado de una “ocupación militar”.
Este panorama ha generado que, según datos del Migration Policy Institute (MPI) la cantidad de personas refugiadas en suelo estadounidense vaya en picada. Mientras que en 2020 se otorgaban 100 mil permisos, para el 2025 se redujo a una cifra que oscila entre 3.000 y 4.000.
Las estrategias que han fomentado la lucha antiinmigrante desde el poder “casi siempre están ligados con un mayor autoritarismo hacia la ciudadanía. La deshumanización de los inmigrantes aumenta la tolerancia hacia la pérdida de libertades civiles en general”, apuntó el académico.
Desde su perspectiva, existe un nivel de resistencia frente a estas estrategias. Aunque estima que hay un “núcleo duro” de apoyo a las políticas de Trump que puede rondar el 25% de la población, considera que debe fomentarse una red de respuesta rápida ante las redadas de ICE, involucrar más a las poblaciones jóvenes y aumentar la presión pública ante acciones que puedan interpretarse como un atropello a los derechos humanos.
Cynthia Mora, académica del programa Migraciones del Idespo, enfatizó que actividades como estas persiguen dos objetivos fundamentales: acercar al estudiante universitario, en su proceso de formación social, al conocimiento de una realidad dramática, y por otro lado, fortalece el vínculo de internacionalización de la UNA con la perspectiva de académicos de otros países, como Estados Unidos, en este caso, y la situación que viven con su población migrante.
