Deterioro de la infraestructura escolar, el perjuicio en las condiciones laborales de los docentes, la violencia escolar y la falta de personal de orientación en los centros educativos son algunos de los principales desafíos que enfrenta del sistema educativo de Costa Rica al cierre del curso lectivo 2024, según un análisis que presentó el decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA).
El mismo estudio también reconoce que, a pesar de estos obstáculos, hay avances en áreas clave, como el Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE) y la enseñanza de inglés en zonas rurales. Al mismo tiempo alerta sobre el impacto que los recortes presupuestarios pueden ocasionar al sistema para el año 2025.
Según el análisis, 849 centros educativos operan bajo órdenes sanitarias debido a condiciones insalubres y deterioro estructural, lo que pone en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes, además de limitar la calidad educativa. “La necesidad de un plan de mantenimiento preventivo para la infraestructura escolar es urgente, especialmente en las zonas más vulnerables del país”, indicó Susana Jiménez Sánchez, vicedecana de este Centro. Además, recalcó que ha habido retrasos en los pagos a los docentes, con más de 500 denuncias planteadas ante la Defensoría de los Habitantes, lo cual evidencia la falta de planificación presupuestaria y una inadecuada gestión administrativa que afecta el bienestar y la estabilidad laboral del profesorado.
El texto también destaca otra problemática creciente en la salud mental de los educadores: se han presentado más de 108.000 incapacidades este año, ocasionadas por estrés y síndrome de burnout (conocido como quemado). Esta situación refleja la necesidad de implementar programas de apoyo psicológico y estrategias de manejo del estrés, que no solo beneficiaría a los docentes, sino que también impactaría de manera positiva en la calidad educativa.
Por otro lado, el aumento de la violencia en los centros educativos es alarmante, con 313 casos reportados en la primera mitad del presente año. A pesar de la relevancia de los profesionales de orientación, solo el 6% de las escuelas cuentan con este personal, lo que limita la capacidad de intervención ante situaciones de acoso y violencia escolar.
Reconocimiento
En el Cide reconocen que el Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó iniciativas valiosas, como el Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE), que permitió a 8.000 estudiantes completar su educación media y desarrollar competencias para el mercado laboral.
Asimismo, proyectos como la enseñanza de inglés en zonas rurales a través de la tecnología y la modernización del programa de Educación Diversificada a Distancia son señales de un compromiso hacia una educación inclusiva y accesible. Recuerdan, sin embargo, que está detenida la distribución de 22.000 dispositivos tecnológicos, parte del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT), por problemas logísticos, lo que impide que la comunidad educativa aproveche estas herramientas esenciales para el desarrollo de competencias digitales.
Lo que preocupa
Uno de los temas más preocupantes es el presupuesto destinado a la educación para el año 2025, pues presenta un recorte significativo de ₡65.000 millones, lo que reduciría la inversión educativa al 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del mandato constitucional del 8%. Según el análisis, este recorte seguirá afectando áreas clave, como la infraestructura escolar, los programas de apoyo a estudiantes y la formación del profesorado, lo que provoca un aumento en las desigualdades en el acceso a la educación y pone en peligro los avances obtenidos en las últimas décadas.
Ante este escenario, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa reasignó ₡54.900 millones adicionales, pero existe consenso entre los especialistas que la educación sigue necesitando un enfoque estratégico para asegurar un futuro estable y próspero. Jiménez indicó que los recortes pueden comprometer gravemente el derecho de la niñez y la juventud a una educación de calidad, afectar el desarrollo integral del estudiantado y limitar el impacto de las iniciativas de inclusión y formación de competencias.
La situación resulta tan alarmante, que el CIDE hizo un llamado a las autoridades gubernamentales y a la comunidad educativa en general a priorizar una serie de acciones urgentes para fortalecer el sistema educativo. Entre ellas destacan:
1. Crear un plan de mantenimiento preventivo para los centros educativos más deteriorados. La inversión en infraestructura debe garantizar espacios seguros y adecuados, reducir el hacinamiento y el desgaste de las instalaciones.
2. Aumentar las horas de formación y capacitación, especialmente en áreas rurales. Además, es fundamental ofrecer apoyo psicológico a las personas docentes y espacios para su desarrollo profesional y emocional.
3. Incrementar el número de profesionales en orientación y diseñar programas de intervención temprana para abordar y prevenir casos de acoso y otros conflictos en los centros educativos.
4. Solucionar los retrasos en la distribución de los equipos tecnológicos, y asegurar que lleguen a las aulas. Además, fortalecer la formación en competencias digitales para el estudiantado y el profesorado, vital para una educación del siglo XXI.
El CIDE reafirma su compromiso con la educación pública y hace un llamado a todos los actores involucrados a trabajar de manera conjunta para garantizar que Costa Rica continúe avanzando hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
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