*Viernes Científico
Poseer un empleo de calidad, donde la persona tuvo acceso a un nivel educativo superior, manejo instrumental de un segundo idioma y dominio de tecnologías de información, tiene un peso relevante que le evitaría ser pobre.
La investigación Influencia del empleo en la reducción de la pobreza en Costa Rica, un análisis cuantitativo del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), establece que existe un 55% de posibilidades que evitarían a una persona caer en pobreza si tiene un empleo con esas características.
Al cruzar una serie de variables sociales y económicas, con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2023, se determinó que para la población en condición de pobreza, la posibilidad de mantenerse así es de un 65.6%.
No obstante, y según concluye el análisis de los investigadores Marco Otoya, Allan Quesada e Ivannia Bolaños, si este mismo grupo alcanzara al menos un nivel educativo de secundaria completa, un manejo intermedio de tecnologías de información e inglés, la probabilidad de caer en pobreza se reduciría en 55 puntos porcentuales, hasta ubicarse en un 9.01%.
De acuerdo con el informe “estos hallazgos resaltan el impacto del empleo de calidad y la educación en la reducción de la pobreza, y son fundamentales para el diseño de políticas públicas efectivas que promuevan una reactivación del mercado de trabajo, la formación técnica y profesional, la movilidad social y la inclusión”.
Choques de realidad
De acuerdo con el INEC, en Costa Rica existen 286 mil familias en condición de pobreza, mientras que en pobreza extrema la cifra es de 71 mil.
Y a pesar de ese vínculo estrecho entre empleo y pobreza, las condiciones del mercado laboral en el país, de la actividad económica de los sectores generadores de empleo y de las políticas asociadas con la inversión en educación, parecen tomar una ruta contraria.
El I informe macroeconómico 2026 del Cinpe sugiere la existencia de un mercado laboral con dos realidades paralelas. En un análisis que abarcó el periodo 2022-20226 se determinó que la población ocupada se mantuvo estable en ese periodo al pasar de 2.154.064 personas, en el primer año, a 2.168.918 personas hoy día.
En contraste, la población que está fuera de la fuerza de trabajo aumentó en ese periodo en 314.801 personas, al pasar de 1.640.846 a 1.955.647.
Junto con ello, más de 800 mil personas se mantienen en la informalidad laboral. Estos trabajadores suelen estar más expuestos a vulnerabilidades, salarios bajos y carencia de cobertura en el seguro de salud y de pensiones.
“Uno de los puntos clave para la reducción de la pobreza es el impacto de la economía formal. En muchos países en desarrollo, una gran parte del empleo ocurre fuera de los sectores formalizados, donde carecen de beneficios sociales y estabilidad laboral y esto les imposibilita salir de las condiciones de pobreza”, indica la investigación del Cinpe-UNA.
Otro factor en contra, señalado en el mismo informe macroeconómico, es el hecho de que existen sectores económicos que crecen, pero han reducido la generación de empleos.
Una evaluación sobre el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), medido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el periodo 2022-2026, establece que sectores como el de comercio, alojamiento y servicios de comida y el agropecuario han crecido, pero reduciendo los puestos de trabajo. La misma dinámica ocurre en otros sectores como el de actividades profesionales científicas y administrativas, el de actividades financieras y de seguros, así como el de manufactura.
En medio de esta realidades, surge un aspecto que es medular para el ascenso social de las personas: la educación. Para Otoya, quien es además director del Cinpe-UNA, no se puede pensar en un acceso a empleos de calidad si las personas no cuentan con la formación académica y técnica requerida.
“Si reducimos los presupuestos a la educación esto generará que más personas tendrán una formación más deficiente, de menor calidad o en condiciones inadecuadas. Tendrán menos posibilidades de insertarse al mercado laboral y de alcanzar un empleo digno. De igual forma, puede representar una presión financiera para el estado, porque va a requerir algún tipo de subsidio o transferencia económica que les evite caer en condición de pobreza”, manifestó Otoya.
De acuerdo con el Programa Estado de la Educación (PEN), la inversión pública en educación del país se ubica apenas por encima del 5% del producto interno bruto (PIB), porcentaje alejado del 8% establecido en la Constitución Política.
Opciones
La investigación consideró dos factores institucionales que deben fortalecerse para contribuir a la mejora en el empleo, y por ende, en la reducción de la pobreza.
Una de ellas es fomentar una política pública orientada al fortalecimiento del dominio de un segundo idioma, así como al manejo de tecnologías de información base, al finalizar la secundaria. “Tampoco debe dejarse de lado la necesidad de reducir la deserción tanto en primaria como en secundaria”, indican los investigadores.
Otro factor a considerar tiene que ver con los territorios: el Cinpe vinculó índices de pobreza mayores en regiones como la Huetar Caribe y la Brunca, con respecto a la central. “Asimismo, es importante recalcar que los programas de asistencia social muestran una contribución positiva en la lucha contra la pobreza, de ahí que resulta fundamental su evaluación y análisis.
Finalmente, los expertos recomiendan implementar políticas de reactivación del mercado laboral del régimen definitivo que aporta un 84% del PIB. También, promover sectores estratégicos relacionados con la tecnología y la transición energética y promover programas de educación técnica alineada con las demandas del mercado laboral.
