Ni los números ni el panorama político sobre las decisiones que se deben adoptar parecen los más óptimos cuando se trata de analizar la economía costarricense y sus principales variables, de cara al último cuatrimestre del año.
Mientras que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) mantiene a la baja las expectativas de crecimiento económico para el cierre de año (3.4%), sectores que otrora crecían vertiginosamente (como el régimen especial que agrupa a empresas de zona franca) ya no lo hacen con el mismo vigor, mientras que la demanda interna no carbura.
El BCCR bajó 25 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM) para ubicarla en un 3%, como una forma de reactivar la economía local, el crédito y el consumo. Sin embargo, previo a esta decisión, el ente emisor la mantuvo en un 3.25% durante siete meses consecutivos, una posición criticada desde distintos sectores, al considerar que la inflación del país permanecía en negativo y que no facilitaba la reactivación económica.
Justamente, el hecho de que la inflación permanezca en terreno negativo durante los últimos 14 meses (-0.32% en junio), provoca que la economía no se dinamice como debiera ser. Entonces, el consumo, la demanda de crédito y la generación de empleo tienden a perder impulso.
A esto se suma un tipo de cambio bajo, producto de una oferta superavitaria de dólares en el mercado nacional. El valor del dólar con respecto al colón ha llegado a límites alrededor de los 450 colones, con mínimos históricos este mes, y aunque la expectativa es que se mantenga cercano a esta cifra, las alertas desde los sectores exportadores y del turismo abogan por medidas adicionales que les permitan impulsar sus operaciones y minimizar las pérdidas.
El tiro de gracia viene desde el exterior, con las medidas arancelarias impuestas por la administración del presidente Donald Trump. El arancel del 12.5% afecta la competitividad del país frente a otros países, ante un mercado como el estadounidense que es el principal receptor de las exportaciones de dispositivos médicos y de precisión, que alcanza los cerca de 11 mil millones de dólares, casi la mitad de las exportaciones del país.
Y así, Costa Rica se prepara para hacer frente a la última cuesta del año con un combo de riesgos latentes en sus indicadores internos y externos. Pero, ¿cómo llegamos aquí?
Una ola que crece
El 17 de octubre de 2024, un informe de balance fiscal del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ya venía advirtiendo de una debilitamiento de las finanzas públicas y un agotamiento de la reforma fiscal aprobada en el 2018. Para ese momento, el país ya acumulaba tres años consecutivos de reducción de los ingresos tributarios con respecto al producto interno bruto (PIB).
Las alertas provenientes desde el OES-UNA estallaron este año. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031 del Ministerio de Hacienda indicó que país avanzaba hacia una desaceleración sostenida en la recaudación de ingresos tributarios.
En paralelo, según indicó el Ministerio de Hacienda, la relación deuda/PIB que en el 2024 se ubicó en un 58.9% tomaría una curva ascendente que podría alcanzar hasta el 67.2% en el 2031. Esto restringiría, en la versión más estricta de la regla fiscal, los presupuestos públicos para lo que resta de este gobierno e incluso para los tres primeros años de la próxima administración.
El Informe del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó en la Consulta del Artículo IV sobre Costa Rica, que el país, si bien goza de estabilidad económica, enfrenta riesgos que pueden comprometer la sostenibilidad a mediano plazo. Entre ellas mencionó la necesidad de atender la crisis financiera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los retos de inclusión que enfrenta el mercado laboral y la necesidad de aumentar la recaudación tributaria.
Estas presiones derivaron en la necesidad de proponerle al país una nueva propuesta tributaria. Desde el gobierno se hizo una presentación, en conferencia de prensa el pasado 22 de julio, de una serie de medidas que combinan proyectos de ley y acciones administrativas en materia de controles aduaneros, mejoras en la gestión de la evasión fiscal por medio del Sinpe Móvil y ataque a los esquemas fraudulentos de cobros por medio del uso de facturas falsas. No obstante, desde el Poder Ejecutivo no ha existido claridad sobre qué impacto tendrían estas estrategias en materia de recaudación.
Desde el FMI el ojo está puesto en una medida particular: eliminar la exención actual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la canasta básica y pasarla del 1% al 13%. El tema comenzó a discutirse en el ambiente político, mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, se desdice sobre las verdaderas intenciones de avanzar sobre esta vía.
Un estudio del investigador Leiner Vargas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, determinó que, si bien establecer una tasa estándar del 13% en el IVA sobre la canasta básica generaría un rendimiento recaudatorio del 1% del PIB, su aplicación tendría efectos más notorios sobre la población de más bajos ingresos económicos.
En su análisis, Vargas estimó que el quintil uno (el más pobre) tendría que utilizar un 6.5% más de sus ingresos actuales para completar el gasto mensual de bienes de la canasta básica. Para este grupo, que destina un 44% de sus ingresos para estos fines, representa un duro golpe a los bolsillos. El cálculo establece que esta medida equivale a perder hasta un mes de capacidad de compra alimentaria al año.
A pesar de que se ha planteado la propuesta de un “IVA personalizado” que devuelva a los sectores más pobres el eventual aumento impositivo, el estudio alerta que la experiencia de otros países ha conducido a sesgos que terminan afectando a 20% y 40% de la población meta.
El más reciente informe de balance fiscal del OES-UNA refleja el deterioro de las finanzas públicas en los primeros cinco meses del año. Fernando Rodríguez, investigador del Observatorio, considera que al cierre del año el déficit financiero del país podría situarse entre un 3.7% y un 3.8% del PIB, con una deuda entre el 60.7% y 61% del PIB.
Mientras que el gobierno presiona por la aprobación de eurobonos por 13.000 mil millones de dólares por los próximos nueve años que signifique un taque de oxígeno a la pesada deuda del gobierno, en el horizonte no se visualiza una estrategia de consolidación fiscal frente a amenazas que comienzan a tocar la puerta y golpear la estabilidad macroeconómica del país.
