Lucía Feoli López, estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional

Desde 1948, tras la abolición del ejército, Costa Rica decidió redirigir los recursos que antes destinaba al ámbito militar hacia sectores fundamentales para el desarrollo nacional, como la salud y la educación. El país apostó por sustituir las armas por los libros, los cuarteles por las aulas y así consolidar un modelo de desarrollo en el que la educación se convirtiera en uno de los pilares fundamentales para una sociedad más equitativa y democrática. 

Sin embargo, en la actualidad es posible observar cómo la educación ha ido perdiendo relevancia y va siendo progresivamente desarticulada. Esta situación ha contribuido al ensanchamiento de las brechas entre estudiantes de zonas rurales y de la Gran Área Metropolitana (GAM), así como entre quienes asisten a centros educativos públicos y privados. Además, estas desigualdades profundizan las disparidades de género y vulneran los derechos de la niñez y la juventud costarricense.

Diversos datos y estadísticas evidencian que las inequidades en el acceso y la calidad de la educación constituyen uno de los principales factores que explican el aumento de la desigualdad en Costa Rica. Esta situación no resulta sorprendente si se considera que las oportunidades de acceder a un empleo de calidad y a mejores salarios dependen, en gran medida, del nivel educativo de las personas, para satisfacer demandas de trabajo cada vez más especializadas. 

Los rezagos que presentan los centros educativos públicos son alarmantes: infraestructura en condiciones deficientes, escuelas y colegios sujetos a órdenes sanitarias, escasez de recursos para la enseñanza e insuficiencia de becas alimentarias para la población estudiantil son solo algunas de las múltiples problemáticas que enfrenta la niñez y la juventud costarricense; en especial en zonas rurales. Estas carencias evidencian las deficiencias de un sistema educativo que, pese a las promesas de garantizar una educación de calidad y accesible para todos, aún no garantiza oportunidades equitativas para la población estudiantil.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondientes al año 2025, existe una marcada brecha en la asistencia a la educación entre las personas de 13 a 17 años según su nivel de ingresos. Mientras que la tasa de no asistencia alcanza el 13,5% en los hogares de menores ingresos, esta se reduce a un 4,7% en aquellos con mayores ingresos.

Por su parte, el rezago escolar también evidencia importantes desigualdades: en la población de 7 a 17 años perteneciente a hogares de menores ingresos este indicador alcanza un 24,9%, en contraste con el 9,9% registrado en los hogares de mayores ingresos. En un país que garantiza el derecho a la educación, estas cifras evidencian que existen dos caras de una misma moneda. 

El presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda durante 2025 resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, lo que impactó directamente a los estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, esta situación afectó diversos programas sociales orientados a la protección estudiantil, entre ellos las Becas Avancemos, cuyo presupuesto se redujo del 0,25 % al 0,16 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La brecha educativa existente entre los hogares con mayores y menores ingresos refleja que el acceso a una educación de calidad es desigual en Costa Rica. Desde una perspectiva económica, la educación constituye una de las principales fuentes de desarrollo del capital humano. Cuando amplios sectores de la población estudiantil enfrenta limitaciones para acceder a oportunidades equitativas, la educación deja de funcionar como una herramienta de movilidad social y pasa a reproducir desigualdades que, con el tiempo, se reflejan en el mercado laboral, los ingresos y la productividad del país. De esta forma, no solo se compromete el futuro de la niñez y la juventud costarricense, sino también el desarrollo y la igualdad que Costa Rica aspira alcanzar.