*Dr. Leonardo Salas Quirós 

La circular DM-CIR-0047-2026 del Ministerio de Educación Pública aborda un punto sensible para la democracia costarricense: cómo asegurar la neutralidad institucional sin empobrecer la formación crítica del estudiantado. Comparto su preocupación central: las aulas, la jornada laboral y los recursos públicos no deben utilizarse para propaganda político-electoral, promoción de candidaturas o presión partidaria sobre estudiantes.

El problema no está en prohibir el proselitismo, sino en la forma en que la circular define y habilita su aplicación. Expresiones como “adoctrinamiento”, “captación ideológica”, “posiciones sectarias” o “conclusión política predeterminada” son amplias y pueden interpretarse de manera desigual. En gestión pública, una norma ambigua, especialmente si produce efectos disciplinarios, abre espacios a discrecionalidad, temor y autocensura.

Neutralidad no significa silencio político. Significa no usar el cargo docente para favorecer partidos, imponer adhesiones ideológicas o evaluar al estudiantado según sus opiniones. Pero también exige pluralidad, rigor, contraste de fuentes, deliberación y respeto al disenso. Una educación neutral no es una educación muda: es una educación que enseña a pensar con libertad y responsabilidad.

Los programas oficiales de Estudios Sociales y Educación Cívica respaldan esa visión: formar personas capaces de comprender la realidad nacional, ejercer derechos, asumir responsabilidades, convivir democráticamente y participar en los asuntos públicos. Por eso, el currículo no debería invocarse para restringir el debate, sino para orientar discusiones bien fundamentadas, plurales y pedagógicamente responsables.

Desde esa perspectiva, el principal riesgo es confundir la deliberación cívica con el proselitismo. Discutir desigualdad, corrupción, protesta social, decisiones gubernamentales o participación ciudadana no constituye adoctrinamiento; forma parte de una educación democrática. A ello se suma la posibilidad de generar inseguridad jurídica para docentes y directores, especialmente si la vigilancia y la remisión de casos se aplican sin criterios claros entre centros educativos, regiones o supervisiones. Por eso, reducir un asunto pedagógico a una lógica estrictamente administrativa sería insuficiente: la objetividad no se alcanza solo mediante prohibiciones, sino mediante formación docente, acompañamiento técnico, materiales plurales, evaluación transparente y confianza profesional.

La circular puede considerarse válida en tanto reafirma la prohibición del proselitismo político-electoral, independientemente del actor político o ideológico del que provenga. Sin embargo, esa validez requiere precisión normativa y pedagógica para evitar efectos no deseados, como la autocensura, el temor docente o el debilitamiento de la formación crítica del estudiantado.

El equilibrio democrático exige cuidado institucional: ningún docente debe utilizar el aula para reclutar políticamente, pero ningún sistema educativo debe convertir la neutralidad en silencio. La democracia necesita espacios educativos libres de propaganda y, al mismo tiempo, aulas vivas, plurales y capaces de discutir la realidad nacional con rigor, respeto y fundamento.

Esa es una tarea esencial de la educación pública costarricense: formar ciudadanía crítica sin imponer adhesiones, promover deliberación sin hacer campaña y proteger la neutralidad institucional sin renunciar al pensamiento democrático.

*El autor es doctor en Gobierno y Administración Pública y académico de la Escuela de Secretariado Profesional de la Universidad Nacional (UNA).