Son 1.016 kilómetros de extensión litoral en el Pacífico y otros 212 kilómetros en el Atlántico, en zonas donde la naturaleza recubre un ecosistema que a diario atrae a visitantes nacionales y extranjeros. Es la cuna, además, de un desarrollo que desde diversos frentes se advierte como desproporcionado, desigual y contrario al interés ambiental.
Las costas costarricenses están en el centro del debate público actual, por el fenómeno de la gentrificación y el desarrollo inmobiliario intensivo. Quienes viven esta realidad a diario acusan a la corrupción, al clientelismo, a la falta de información, al auge del crimen organizado y a la fragmentación que dificultan la labor de las instituciones públicas responsables y que son causantes de esta problemática.
En medio de un aparente “callejón sin salida”, distintas voces y organizaciones se niegan a bajar los brazos. Por el contrario, están anuentes a evaluar lo que está pasando y a proponer soluciones.
Con ese objetivo, el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), sistematizó en un documento, llamado Caminar la costa sin miedo: saberes comunitarios y justicia territorial, todo ese sentir.
Este es el resultado de una mesa de trabajo intersectorial que se desarrolló el año anterior y donde participaron residentes de comunidades costeras de todo el país, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales. El trabajo se llevó a cabo en conjunto con la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Barcelona.
“La riqueza de las discusiones fue tan amplia que decidimos crear una sistematización que pudiera traducir no solo las preocupaciones, sino también las propuestas. La idea es hacer ese conjunto de aportes desde lo legal, lo técnico y lo comunal en un texto didáctico que sirva como base de aporte hacia lo que viene”, destacó Silvia Rojas, investigadora del PIC-Idespo.
En suma, el documento determina “cómo el modelo turístico dominante en la zonas costeras ha reconfigurado las relaciones entre territorio, cultura, economía y comunidad. La presión sobre la tierra, la mercantilización del paisaje y el desplazamiento social revelan la fragilidad de un esquema que prioriza la inversión extranjera por encima del bienestar local”.
Amenazas
Frente a este panorama, se acumulan las causas de un sistema que se agrieta.
En el tema de política y gobernanza, las mesas de trabajo coincidieron en que el país cuenta con un marco legal y ambiental amplio, conformado por nueve leyes ordinarias más las protecciones que concede la Constitución Política (artículos 50 y 89), “pero con baja efectividad en su aplicación”.
Una de las denuncias más reveladoras es la influencia de redes criminales y de corrupción que se han convertido en formas paralelas de poder desde algunos gobiernos locales. “Aunque muchos proyectos cumplen formalmente la ley, persiste en la práctica un escenario marcado por la corrupción, el clientelismo y la captura institucional, donde convergen élites políticas, empresariales y criminales, lo que afecta la cohesión social y la economía local”, enfatiza el documento.
Ejemplo de ello son los planes reguladores, concebidos originalmente como instrumentos para el desarrollo sostenible en los cantones, pero que se han vuelto vulnerables a intereses privados, presiones políticas y procesos de aprobación opacos.
El segundo tema fue sobre la gestión socioambiental. En este ámbito, una de las principales falencias se ubica en la generación de data. “Hace más de 25 años no hay una actualización sistemática de los mapas de cobertura boscosa, lo que impide planificar con información confiable y más bien permite construcciones en zonas de amortiguamiento”, indicaron en una de las mesas de trabajo.
Las muertes de monos congos en Guanacaste por falta de pasos aéreos o la presión existente por el desarrollo de infraestructura en los linderos del Parque Nacional Manuel Antonio, en Quepos, son ejemplos de los riesgos que se corren por falta de medidas de mitigación ambiental.
De manera particular, durante el taller se criticó la eficacia de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, n. 6043 y la Ley Orgánica del Ambiente, n. 7.554 que han fallado en la aplicación de mecanismos que eviten la mercantilización progresiva de los espacios costeros.
El tercer tema tuvo como eje el ámbito económico y lo que significa para los residentes de las costas habitar en estas zonas. Uno de los participantes de una de las mesas (cuyo nombre no se consigna en el documento de sistematización, afirmó que “hace 10 años, cuando no se hablaba de gentrificación, se impulsaba a las comunidades a vender sus terrenos. Ahora la situación es distinta”.
En el fondo, los argumentos redundan en una precarización de las condiciones de vida por los beneficios desiguales del modelo de desarrollo turístico imperante en las costas.
Por un lado, señalan que los ingresos del turismo se acumulan en manos de grandes inversionistas, mientras que las comunidades asumen los costos sociales y ambientales. La especulación inmobiliaria provoca una presión alcista en el valor del suelo, excluyendo a familias del acceso a una vivienda y a la permanencia territorial. “Costa Rica está tomando un modelo tipo Cancún… existe mucha impunidad”, indicó otra de las personas participantes.
El último tema fue el de la articulación social, donde los asistentes enfatizaron en la necesidad de contar con una mayor asistencia técnica y legal en las comunidades, un control ciudadano y un fortalecimiento en redes y en capacitación. Además, urgieron el impulso de iniciativas socioproductivos basadas en economías locales, el reconocimiento de espacios de identidad y la protección de los ecosistemas.
“Resulta fundamental abrir espacios de diálogo y reflexión que permitan visibilizar estas problemáticas, así como reconocer y fortalecer las acciones que distintos colectivos comunitarios, universidades y de otros sectores vienen impulsando no solo para comprender el fenómeno, sino también para plantear propuestas más justas y sostenibles que garanticen el derecho de los habitantes a permanecer en los territorios”, agregó Grethel Ulate, coordinadora del PIC-Idespo.
