Investigación de la UNA documenta que 557.000 personas menores de edad viven en pobreza y plantea acciones para reducir la brecha social.
Costa Rica mantiene una deuda histórica con su niñez y adolescencia. Un estudio elaborado por la Universidad Nacional (UNA) documenta que 557.000 personas menores de edad viven en condición de pobreza básica o extrema, mientras que la cobertura de la Red Nacional de Cuido alcanza apenas al 12% de la población que requiere este servicio.
Estos son algunos de los hallazgos de la publicación La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, presentado el 23 de julio por la académica jubilada de la UNA, Ana Teresa León Sáenz, en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).
La publicación, resultado de dos años de investigación, reúne información sobre las siete provincias del país y analiza indicadores relacionados con pobreza, violencia, salud, educación, protección social y primera infancia, además de proponer acciones concretas para fortalecer la atención de esta población.
“Esta publicación es un esfuerzo por sintetizar la información principal sobre la situación de la niñez por provincias... La idea es motivar a las municipalidades, las instituciones y a toda la sociedad a hacer un esfuerzo colectivo, porque ignorar esta deuda es una apuesta contra todos nosotros”, mencionó la autora.
León Sáenz, primera directora del Ineina y expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), afirmó que la falta de inversión oportuna en la niñez genera consecuencias sociales y económicas que son difíciles de revertir en etapas posteriores del desarrollo humano.
El estudio también advierte sobre la reducción de más del 35% en los nacimientos durante la última década y proyecta que para 2034 la población menor de edad representará apenas el 11,6% del total nacional. Asimismo, señala que la escasa disponibilidad de información oficial actualizada y los recortes presupuestarios limitan la capacidad del Estado para responder a las necesidades de esta población.
Como parte de sus propuestas, la obra plantea desarrollar programas preventivos dirigidos a familias en condición de vulnerabilidad, fortalecer los servicios de protección y ampliar las acciones comunitarias, con una inversión estimada cercana a los ₡40.000 millones anuales durante cinco años.
La charla de León coincidió con la apertura de la Maestría Profesional en Estudios de la Niñez y la Adolescencia, un posgrado de dos años, modalidad 100% virtual, que busca fortalecer la formación de profesionales mediante un enfoque interdisciplinario en psicología, derecho, salud, sociología y política pública.
El coordinador del programa, Luis Diego Conejo Bolaños, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de que las intervenciones dirigidas a la niñez y la adolescencia estén respaldadas por evidencia científica. “No basta con tener buenas intenciones; necesitamos intervenciones robustas, que se puedan evaluar, sistematizar y que estén basadas en evidencia científica para garantizar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.”, recordó.
La primera generación de la maestría iniciará lecciones con profesionales de distintas disciplinas que fortalecerán sus capacidades para diseñar, evaluar y mejorar programas dirigidos a personas menores de edad en instituciones públicas, organizaciones sociales y otros espacios de atención.
