Foro de la Universidad Nacional (UNA) advierte que el debilitamiento de la educación pública amplía las brechas sociales, limita la movilidad social y pone en riesgo el futuro de Costa Rica.
La reducción sostenida de la inversión pública en educación pública amenaza con profundizar la desigualdad, debilitar la movilidad social y agravar los problemas de seguridad que enfrenta Costa Rica. Esa fue la principal advertencia planteada durante la lección inaugural de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), de la Universidad Nacional, por el académico e investigador Rolando Rivera Alfaro y el diputado José María Villalta Flores, quienes analizaron las implicaciones sociales, económicas y democráticas del desfinanciamiento del sistema educativo.
Durante el encuentro se señaló que la inversión educativa proyectada para el 2026 se ubicaría en un 5,04 % del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 8 % establecido en la Constitución Política, lo que, según expuso el diputado, representaría el nivel más bajo de inversión educativa en aproximadamente cuatro décadas. El legislador atribuyó esta situación a la reducción sostenida del presupuesto destinado a la educación pública y advirtió sobre sus efectos en la cohesión social y el desarrollo nacional.
“La política educativa es, en un sentido muy literal, política de seguridad”, afirmó Villalta Flores al relacionar el deterioro de la inversión social con el incremento de la violencia y la capacidad de reclutamiento del crimen organizado en comunidades donde el Estado redujo su presencia mediante programas de prevención, educación y oportunidades para la población joven.
Además, el diputado sostuvo que el debilitamiento del financiamiento educativo trasciende el ámbito académico y repercute directamente en la seguridad ciudadana, la democracia y las oportunidades de movilidad social. Durante su exposición también manifestó preocupación por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y por las implicaciones que, a su juicio, tendrían las restricciones presupuestarias para el desarrollo del país.
Por su parte, el rector de la UNA, Jorge Herrera Murillo, destacó que la educación pública ha sido uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense y reiteró la responsabilidad de las universidades públicas de aportar evidencia y conocimiento al debate nacional.
“Las universidades públicas tenemos una responsabilidad indeclinable en este proceso. Nuestra misión no se limita a la formación de profesionales; también nos corresponde contribuir al debate nacional mediante la investigación, el análisis fundamentado, la producción de conocimiento y el compromiso en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta la sociedad costarricense”, afirmó Herrera.
Por otro lado, desde la perspectiva académica, Ronald Rivera Alfaro cuestionó la visión que reduce la educación a un mecanismo para responder únicamente a las necesidades del mercado laboral. Señaló que esa lógica debilita la formación integral de las personas y limita la capacidad de la educación para reducir las desigualdades sociales y fortalecer la ciudadanía.
El académico advirtió que el país enfrenta un momento en el que resulta indispensable recuperar el sentido público de la educación, fortalecer el pensamiento crítico y garantizar oportunidades educativas equitativas para toda la población. Asimismo, llamó a analizar las políticas educativas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo social, más allá de indicadores exclusivamente económicos.
Los expositores coincidieron en que la educación costarricense enfrenta desafíos estructurales asociados con el rezago en los aprendizajes, las brechas territoriales, la infraestructura educativa, la formación docente, la transformación digital y la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial. Advirtieron que estos retos requieren políticas públicas sostenidas, inversión de largo plazo y una mayor articulación entre el Estado, las universidades y la sociedad.
Durante el foro también se planteó la necesidad de construir un acuerdo nacional que permita definir una hoja de ruta para las próximas dos décadas, con el propósito de recuperar la calidad del sistema educativo, fortalecer la inversión social y garantizar que las futuras generaciones cuenten con mejores oportunidades de desarrollo.
