Viernes Científico
De manera progresiva, aunque sin meter el pie en el acelerador, comienzan a verse más carros eléctricos en las calles costarricenses.
Las cifras muestras esta tendencia. Mientras que al 2018, la cantidad de vehículos electrificados era de 1.661, en abril pasado, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), se alcanzaron las 38.776 unidades.
Sin embargo, ese crecimiento es marginal si se toma en cuenta que el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, establece que, para el 2035, un 30% de la flota vehicular en el país debe ser eléctrica.
La investigación Política económica para incentivar el uso de vehículos eléctricos en Costa Rica, a cargo de Olman Segura, académico del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) y de Juan Carlos Salas, estudiante de maestría del Cinpe, revela que, de seguir esa tendencia de crecimiento, la cantidad vehículos eléctricos en el país alcanzaría apenas el 7.9% del total de la flota. Dicho de otra manera, la meta nacional planteada, no se cumpliría.
Ante ello, una de las propuestas que realizan los investigadores es ampliar los plazos vigentes de exoneraciones fiscales que abaratan la importación de vehículos eléctricos al país.
La ley 9.518 (Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico), aprobada el 25 de enero de 2018, estableció exoneraciones por un periodo de cinco años, que van del 50% al 100% en impuestos sobre ventas, selectivo de consumo y valor aduanero, dependiendo del valor CIF (costo, seguro y flete) del vehículo.
Una segunda ley, la 10.209 (Incentivos al Transporte Verde), amplió el periodo de vigencia de las exoneraciones con una reducción gradual hasta el 2034. Eso significa que, para ese año, un vehículo eléctrico tendría una tarifa reducida del Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 1%, del selectivo de consumo del 25% y de valor aduanero del 25%. A partir del año siguiente (2035), ya pagarían el impuesto completo.
Tanto Segura como Salas consideran importante que el país amplíe los plazos de vigencia de las exoneraciones, como una forma de incentivar la adquisición de más vehículos eléctricos, que sustituyan los de combustión.
Actualmente, está en la corriente legislativa el proyecto 24.692 del exdiputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que busca extender por cinco años las exoneraciones fiscales. A su vez, plantea que estos automotores no paguen el impuesto a la propiedad de los vehículos (contenido en el pago del marchamo), por un plazo de 10 años a partir del momento de su nacionalización.
Medidas adicionales
La investigación propone otra serie de medidas que fomenten la electrificación del transporte, entre ellas: crear incentivos para la incorporación de autobuses eléctricos, fortalecer la infraestructura de carga eléctrica pública y privada, sobre todo, fuera de la gran área metropolitana (GAM), impulsar la renovación de las flotillas institucionales y apoyar la electrificación de procesos industriales, como por ejemplo, el uso de calderas.
Uno de los temas fundamentales que proponen es reducir el margen de comercialización que encarece la adquisición de estas unidades. Ese porcentaje puede representar hasta un 46% del valor de importación de un vehículo con precio de internamiento inferior a 40 mil dólares.
La presencia de más empresas comercializadoras puede redundar en un margen menor. “Entre más competencia haya, más van a tener que bajar sus márgenes las comercializadoras, salvo que exista una colusión, lo cual es poco probable. Al principio habían solo tres, pero al 2025 ya teníamos 29 firmas”, ejemplificó Segura.
Para Juan Carlos Salas, quien es egresado de la Escuela de Economía de la UNA, es imperativo que exista un marco regulatorio más claro de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en vista de que los márgenes de comercialización son considerados “muy excesivos”.
Desde el punto de vista de la oferta, la investigación apunta también hacia una necesidad de proporcionar información confiable que permita una transición más acelerada hacia la electrificación en el transporte. “La parte cultural afecta. Uno escucha todavía a muchas personas diciendo que les da temor quedarse a medio camino en la pista, por ejemplo. Entonces, hay mucho que se debe hacer a nivel de concientización, porque lo que estamos recibiendo proviene básicamente de las agencias vendedoras”, manifestó Olman Segura, exrector de la UNA y actual representante académico ante el Consejo Universitario.
Estandarizar los sistemas de pago en centros de recarga (no todas las tarjetas funcionan en las estaciones) y promover una mayor coordinación entre el sector público y privado, pueden incentivar la transición. Lo mismo ocurre a nivel de política pública, con proyectos como el Tren Rápido de Pasajeros, que ya cuenta con financiamiento para su desarrollo, tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de los créditos internacionales.
De manera indirecta, el entorno geopolítico puede coadyuvar en esa misión. El conflicto en Medio Oriente generó ya la primera subida en los precios locales de los combustibles, mientras se prevé otra alza para junio.
“Considero que sí vamos a experimentar una oleada grande de aumento de precios y eso puede generar una mayor sensibilidad hacia la importancia de hacer un cambio. Si hace poco una persona gastaba 20 mil colones a la semana, ahora desembolsa 23 mil colones y podría seguir subiendo”, manifestó Salas.
A pesar de lo anterior, y como un baño de realidad, los expertos consideran difícil que se alcance la meta establecida para el 2030. No obstante, apuntan a una mayor conciencia social de los impactos ambientales que tiene la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), que de acuerdo con la investigación, ha aumentado un 247% desde 1990 hasta el 2021.
En suma, los investigadores consideran que el país tiene ventajas, como una matriz energética que en su gran mayoría proviene de fuentes renovables (con producción hidroeléctrica, solar y eólica), pero a su vez no está preparado para dar el salto en la eliminación de incentivos fiscales que continúen promoviendo el avance en la electrificación vehicular personal.
