Marcela Balderas vive un duelo sin retornos, sin descansos y, al parecer, sin salida. Su hijo, Cosme Humberto Alarcón Balderas desapareció sin dejar rastro, el 5 de mayo de 2011 en Torreón, Coahuila, México.
Aunque su cuerpo fue localizado, la Fiscalía General del Estado perdió el cadáver y ninguna autoridad le ha dicho a la madre dónde lo enterraron. “Sé que no lo voy a encontrar. Sé que lo perdieron”, relata Marcela, en una publicación en Facebook del perfil La Verdad Juárez.
“La desaparición forzada de personas es la forma más extrema de violencia de Estado”, dice sin ambages Machelly Flores, directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Coahuila, México.
Ella asistió por invitación de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), en una actividad coordinada por la académica Rebeca Espinoza y por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Sede Occidente, de la Universidad de Costa Rica (UCR), a una clase abierta con estudiantes, que se llamó Tejer memorias desde la ausencia: metodologías feministas para estudiar las desapariciones forzadas en México.
Las desapariciones forzadas por motivos políticos y del crimen organizado ha ensombrecido la historia latinoamericana desde el siglo pasado, sobre todo en países como Argentina y Chile, durante sus dictaduras militares, así como en Centroamérica. En México, es un problema que se profundizó desde la década de los setentas durante la Guerra Sucia, cuando se instauraron medidas de represión militar encaminadas a disolver a la oposición política contra el Estado.
“Es un tipo de crimen que trata de borrar a la persona, dejar cicatrices profundas en las familias y motivar la complicidad de las instituciones. En el fondo hay un nivel de aquiescencia: el Estado sabe lo que pasa y lo ignora”, describió Flores.
Desde entonces, y de manera recurrente, han saltado a la palestra casos que dimensionan la gravedad del problema y su impunidad: resaltan, por ejemplo, los casos de San Fernando, en Tamaulipas, con la masacre de 72 personas migrantes en el 2010 y la ubicación de fosas clandestinas con casi 200 cadáveres un año después.
Apenas tres años después (2014) se dio el “Caso Iguala” o “Los 43” en referencia al secuestro y desaparición de 43 estudiantes con edades entre 17 y 25 años, a lo que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador denominó “crimen de Estado”, pero cuya resolución sigue oculta tras el velo de la impunidad.
Justamente, fue en un acto conmemorativo de la matanza de San Fernando, que Flores comenzó a tener contacto directo con familiares de personas desaparecidas. Conoció sus vivencias de cerca, las acompañó en las marchas junto con carteles que exigen justicia y entendió cómo había una situación de género, violencia y patriarcado que hilaba aquellas historias.
En este punto, la académica hizo un llamado a los estudiantes para que las ciencias sociales interactúen de frente con las realidades que golpean a las sociedades, como le ocurrió a ella con este tema en el estado de Coahuila. Lo hizo al involucrarse con colectivos como el Centro Diocesano para los derechos Humanos Fray Juan de Larios y FUUNDEC-FUNDEM.
Del estudio académico en las aulas pasó al aprendizaje de una realidad que se vive en las calles. “Si vieran la esperanza y las ganas de vivir por seguir buscando y la hermandad, fraternidad y sororidad que se generan desde los colectivos”, relata.
México se ha convertido en punto de transición (y muchas veces de llegada) de miles de migrantes que van tras el “sueño americano”. Esto los expone a la extorsión y a la violencia en manos de grupos organizados. Es ahí donde Flores ha visto la fraternidad en madres de hijos o familiares desparecidos.
“Ellas parten de la idea de que si yo no encuentro a mi hijo, al menos no quiero que le pase a nadie más. Ellas saben que muchos migrantes desparecen en carreteras solitarias, entonces, entre ellas, se comunican y dicen que tal persona salió de este punto y se va a dirigir hacia este otro lugar. Entonces, lo recogen, lo acuerpan y lo acompañan y así hasta su próximo destino”, relata.
La académica de la Universidad de Coahuila hizo una invitación para que estos fenómenos sociales sean analizados desde su complejidad con perspectiva de género. “Muchas veces no se analiza que la persona desaparecida es quizás un papá, proveedor económico y sostén de la familia y le corresponde a los demás miembros sufragar gastos, atender temas administrativos, pagar el crédito de la casa, el seguro… Los científicos sociales deben salir a recopilar esa información que está en la calle. En Internet solo vamos a encontrar si acaso el 15% de la información del mundo”, exhortó.
Mientras el silencio abunde, las madres seguirán clamando por justicia. El mes pasado, el gobierno de la presidenta Claudia Shiembaum presentó, por primera vez, el registro oficial de 130 mil personas desaparecidas, de las cuales, un 33% no ha registrado ningún tipo de actividad, un 31% sí lo ha hecho y un 36% cuentan con datos insuficientes. El anuncio es un paso obligado, pero desde los colectivos la sensación es que falta mucho más.
Lecciones por aprender
Costa Rica no es un país que haya registrado de manera masiva situaciones de desapariciones forzadas o la ubicación de fosas comunes. A pesar de ello, Machelly Flores hace un llamado para que desde aquí o cualquier otra nación se preste atención a un fenómeno que se ha enraizado: el autoritarismo.
“Los estados tienen tanto poder, que cuando suceden este tipo de cosas y se da un giro hacia el autoritarismo, las persona quedan muy vulnerables”. Sus palabras calan en momentos en que a nivel nacional se incrementa el debate sobre proyectos que buscan restringir garantías individuales para el combate de la inseguridad que ha llegado a cifras récord.
“Entonces, a partir de la experiencia mexicana, la gente debe colectivizarse o generar movimientos que resistan estos autoritarismos de parte de los estados. Esto tiene un efecto y es importante, para alzar la voz ante síntomas que nos afectan como el aumento de los femicidios, los recortes presupuestarios a la educación o la afectación a la prestación de servicios públicos”, agregó.
Foto portada: Página en Facebook Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México FUUNDEC-FUNDEM
