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Archivo de la noticia: Octubre 2010


Dos defensoras para la UNA

 

Grace Prada Ortiz y Lisbeth Quesada Tristán no sólo fueran electas nuevas integrantes del Consejo Universitario de la UNA, sino que se han comprometido a ser defensoras de la Universidad Pública, como garante y protagonista en el proyecto país que Costa Rica requiere impulsar en los próximos años.

 


 

En la elección por un representante de la comunidad nacional ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), la ex Defensora de los Habitantes Lisbeth Quesada, obtuvo un 47.98%, seguida por Emilia Naranjo Sandí con un 21.02%, José Rosales Obando con un 17.25%; y Juan Carlos Rodríguez Arce con un 3.23%. Quesada sustituye al Javier Solís,  quien renunció al cargo desde el 9 de febrero del 2010. Quesada inició su gestión el 30 de setiembre y concluirá el 29 de setiembre del 2015.

Por su parte, Grace Prada, quien representará al sector académico de esta institución, logró obtener un 43.53%, mientras que la Dra. María Flor Abarca Álpizar, obtuvo un 42.85%. Prada, sustituirá a Carmen Méndez Navas, inicia el 7 de octubre y concluirá el 6 de octubre del 2015.

Médico, especialista en cuidados paliativos pediátricos, Lisbeth Quesada Tristán,  se considera una libre pensadora, respetuosa del pensamiento ajeno y una convencida que para la solución de los problemas es básico el diálogo, la negociación y tender puentes.

Creyente de que las universidades públicas tiene todavía mucho que aportar en la ampliación del principio de la inclusión y la participación activa de la población, Quesada Tristán, propone como ejes de a desarrollar: la planificación universitaria, la renovación de la oferta académica y un mayor vínculo con las regiones, entre otros.

Especialista en cuidados paliativos, Lisbeth Quesada, ha participado activamente en la vida pública siempre con un norte muy claro, la afirmación del bien común y de toda acción orientada a los valores civiles de fortalecimiento de la colectividad.

Con esa línea de vida, Quesada, proyecta trabajar en el Consejo Universitario, en la búsqueda de mecanismos idóneos para un financiamiento permanente y de crecimiento para las universidades públicas, que se refleje en un mayor ingreso de estudiantes a estos centros de educación.

“Necesitamos una educación de calidad, una investigación y extensión de punta y una docencia de vanguardia, ello implica que las universidades deben estar bien equipadas y sus funcionarios remunerados dignamente y que los estudiantes vengan de todos los estratos sociales y con las mejores posibilidades de concluir sus estudios”, dijo Lisbeth Quesada

Trato justo y digno

Resguardar la autonomía universitaria, fortalecer los procesos de democratización, humanización, y participación colectiva para el bien común, así como la incorporación de los estudiantes en los proyectos de docencia, investigación y extensión y crear condiciones óptimas para los académicos, es parte de los compromisos que Grace Prada Ortiz, se propone impulsar desde el Consejo Universitario.

Doctora en  Estudios Latinoamericanos por la UNA y actual Decana del Sistema de Estudios de Posgrado, Prada Ortiz,  aseguró que impulsará además desde el Consejo Universitario un trato justo, digno y equitativo para los trabajadores universitarios, en condición de interino.

Prada Ortiz, quien ha trabajado en la UNA en temas de género, estudios de la mujer y economía política,  se ha propuesto impulsar una serie de acciones colectivas que garanticen, fortalezcan y resguarden la autonomía universitaria, tanto externa como internamente.

Reiteró que buscará potenciar algunos mecanismos para incorporar a los estudiantes en proyectos de docencia, investigación y extensión, que le permitan una mayor formación profesional acorde con la realidad nacional e internacional. Asimismo propiciará con las instancias abrir espacios de participación estudiantil en eventos científicos y de intercambio entre las sedes regionales con las universidades nacionales y extranjeras.

Otro tema que destaca en su próxima gestión tiene que ver con la protección de la  salud física y mental de funcionarios que se encuentren vulnerados en situaciones de acoso laboral y sexual.