Martes Económico
En Costa Rica, avanza la discusión legislativa del proyecto de ley 24.290 Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados, el cual propone, en esencia, trabajar cuatro días de 12 horas y descansar tres (4x3) en el sector privado.
Para Julimar Da Silva Bichara, investigador en desarrollo económico e invitado a una conferencia de la Escuela de Economía y del proyecto Trabajo y Crisis de la Universidad Nacional (UNA), la propuesta va en el sentido contrario al objetivo que se busca alcanzar. “Tener a una persona trabajando 12 horas en un mismo día más bien afecta la productividad. Todos estamos muy bien por la mañana y por la tarde vamos bajando. Es algo natural y atenta contra la condición de vida de una persona”, expresó.
Da Silva impartió la conferencia Informalidad laboral y migraciones: un abordaje para Latinoamérica, en la biblioteca Joaquín García Monge, el pasado 25 de agosto.
Además de no favorecer la productividad que buscan las empresas, existe una exposición a riesgos psicosociales por permanecer largas jornadas en el lugar de trabajo. Problemas asociados con la salud mental pueden generar un estrés sobre los servicios de salud públicos y, a la larga, demandar más recursos públicos que presionan las finanzas públicas.
Desde la perspectiva del experto, mientras en el país se debate este recambio en las jornadas laborales, el mundo vira hacia otro enfoque: el de la reducción de la cantidad de horas laboradas por semana.
En Chile, por ejemplo, se aprobó en 2023 una ley para reducir las jornadas de 45 a 40 horas semanales. Lo mismo hizo México, mientras que en Colombia se implementa un plan de reducción gradual que disminuye la cantidad de horas trabajadas a 42 este año.
Los casos de Francia, Alemania, Reino Unido y Noruega acentúan con mayor profundidad este tipo de reformas. En el caso de los franceses su jornadas es de 35 horas, de las más cortas en la Unión Europea.
“Muchos estudios ponen de manifiesto que la reducción de la jornada laboral incrementa la productividad. Por otro lado, la persona trabajadora puede aprovechar sus horas de descanso para realizar actividades lúdicas o de entretenimiento que van a reactivar a otro sector de la economía, que antes no se daba porque la persona llega cansada a su casa y va directo a dormir”, detalló Da Silva.
Informalidad y migración
El crecimiento económico de los países, asociado con el mercado laboral, tiene otras aristas fundamentales: una de ellas es la importancia de avanzar con la formalización de los trabajadores.
América Latina es desigual en cuanto a sus avances en este tema. Uruguay destaca en la región con la tasa de informalidad más baja (22.4%); le siguen Chile con 25.1% y Costa Rica con 35.5%. No obstante, existen país con tasas muy elevadas: Perú (69.8%), Ecuador (70.1%) y Bolivia (82.2%).
Julimar Da Silva considera que entre mayor informalidad exista, los países percibirán un menor crecimiento económico.
“Los sectores informales son, por lo general, de baja productividad, lo que significa que producen menos por cada hora de trabajo. Están conformados por personas con menor formación y, por lo tanto, tienen menos capacidad de generar demanda, desarrollo e innovación. Por el contrario, dentro de la economía formal, existen mayores oportunidades de ascenso social, tienen una renta constante a lo largo de sus vidas, capacidad de consumo y acceso a crédito y a una pensión”, señaló el investigador.
La historia reciente retrata que el mercado laboral enfrenta vaivenes. Antes de 1950 no existía legislación laboral y fue Brasil el primer país en impulsar una normativa en ese sentido. La informalidad global rondaba para entonces el 30%.
Pero, en vez de ser una situación que tendiese a mejorar, más bien se agudizaba. Los modelos de desarrollo que optaron por la sustitución de importaciones, las crisis de deuda de muchos países, la globalización y la apertura de mercados provocaron que a inicios del actual siglo el promedio de informalidad fuera del 43.1%. Entre los países latinoamericanos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el promedio es del 48%.
Frente a este reto, Julimar Da Silva estima que los países deben avanzar en rutas de política económica más claras que fomenten la formalidad. Entre ellas, apostar por una regulación sencilla que incorpore a más trabajadores, aprovechar el capital humano, fomentar la inspección laboral y prevenir abusos como las subcontrataciones abiertas que marginen a la persona trabajadora hacia la informalidad.
También, que se garantice una protección social con derechos básicos y apoyar a las pequeñas unidades productivas (pymes), de manera que no se queden afuera de las políticas de empleabilidad.
El otro gran desafío tiene que ver con la migración. Desde la perspectiva del investigador, existe un mito que achaca a los procesos migratorios el aumento de la informalidad laboral, cuando puede ser todo lo contrario.
“Las economías desarrolladas tienen un problema de oferta de trabajo, de población disponible. Y los flujos migratorios, siempre que se legalicen, alimentarían ese mercado”, apuntó. Por esta razón ve con buenos ojos la iniciativa de España de iniciar un proceso de regularización extraordinario, que finalizó el 30 de junio y que recibió un total de 1,2 millones de solicitudes.
El otro beneficio se relaciona con el acelerado proceso de envejecimiento en muchas naciones, que van a requerir mano de obra para solventar las distintas necesidades productivas. “Una migración regulada permite atender a esta mayor demanda que tienen las empresas por trabajadores, sin incrementar los costos”, concluyó Da Silva.
