“Somos solo cinco procuradores de la ética pública y llevamos entre 800 y 1.000 casos, cada uno de manera permanente”, le dijo un funcionario de la Procuraduría General de la República a su entrevistador. Esa sobrecarga laboral es un impedimento para el avance óptimo de las investigaciones vinculadas con posibles casos de corrupción.
Este es un síntoma de un mal mayor, relacionado con la percepción que tiene la ciudadanía sobre la efectividad en las acciones que buscan prevenir y sancionar la corrupción.
Aunque el país goza de un marco jurídico y normativo fuerte en la materia, de momento no es suficiente para lograr una buena percepción, entre la población, en la lucha anticorrupción. Esto hace que el país se ubique en una posición “desviada” dentro del estándar definido en la investigación Marcos anticorrupción equivalentes, control de la corrupción divergente, un análisis de congruencia del diseño de políticas en Chile y Costa Rica.
Esta investigación está en curso y avanza con el trabajo de campo en Costa Rica. La está realizando el investigador Alejandro Hernández Luis, de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador. Sus resultados preliminares los presentó en el V Encuentro de Investigación del Centro Internacional de Política Económica (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
Chile y Costa Rica son democracias consolidadas en la región. No obstante, al aplicar análisis de instrumentos relacionados con la integridad pública y el control democrático, surgen diferencias.
Hernández Luis estudió y evaluó los instrumentos IRFO (información, regulación, finanzas y organización) para medir los desempeños, de acuerdo con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ambos países son miembros plenos de este foro.
Dentro de ese marco de percepciones, se analiza, por ejemplo, si solo por ser miembro de la OCDE se genera un criterio favorable en la lucha anticorrupción. La nota promedio es de 0.738, que si bien es alta, no supera el umbral de 0.9. En cambio la antigüedad (cantidad de años de ser parte de la organización) sí se evalúa mejor, con una nota de 0.912.
Además, 27 de 33 países que poseen las más altas percepciones relacionadas con la corrupción, son parte de la OCDE.
El caso costarricense
La diferencia entre Chile (caso típico) y Costa Rica (caso desviado) radica en la percepción ciudadana, facultada por las acciones que se implementan para prevenir actos corruptos.
Para el caso nacional, y de acuerdo con la investigación de Alejandro Hernández Luis, existen factores críticos: la coordinación verificable entre la detección de un presunto caso de corrupción y su sanción, la aplicación de instrumentos y la participación efectiva.
El país cuenta, desde el 2024, con la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (ley 8.422). La propia OCDE resaltó, en su más reciente reporte de Anticorrupción e Integridad 2026, que se cuenta además con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030.
El problema está en su ejecución. “Costa Rica tiene buenas leyes y planes, pero sufre una gran brecha de implementación y prácticas urgentes que erosionan la confianza”, destaca el organismo en este informe.
Mientras que el país logra un mejor posicionamiento en leyes con respecto al promedio de países de la OCDE, no ocurre lo mismo con la puesta en práctica.
En materia de conflictos de interés, el promedio OCDE es de 40% y en Costa Rica es del 33%. La brecha se hace más grande en el ámbito de gestión de riesgos y auditoría (33% frente a un 7%).
Alejandro Hernández Luis destacó que el país carece de un instrumento permanente de coordinación. Existen, por ejemplo, más de 300 instituciones de detección, pero desembocan en apenas dos órganos sancionatorios. Desde su punto de vista, existe una “hiperinfraestructura” en competencia que mucha veces delega en la rectoría del ministro de turno las decisiones, no así en las instituciones.
“No veo una coordinación muy clara de la Contraloría General de la República con otras instituciones. Se le entiende como un órgano controlador, máximo vigilante de la legalidad, pero en lugar de acompañar de manera más cercana los procesos, que guíe y también aprenda, parece que se limita por la frontera de la legalidad”, consideró el investigador.
Estas lagunas pueden redundar en que en el país se registraron, en promedio, 37 condenas al año por casos de corrupción, ninguna de ellas aplicadas a personas jurídicas. Además, un 70% de las causas son archivadas, indicó Hernández Luis.
La falta de presupuesto y las carencias en el diseño de leyes (algunas que se contraponen o incluso, se contradicen) son factores que pueden propiciar el sentimiento de impunidad en la sociedad.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2026, Costa Rica perdió dos posiciones con respecto al reporte anterior; se ubicó en el puesto 46, con una nota de 56. Los mejores evaluados fueron Dinamarca (nota 89), Finlandia (89) y Singapur (84), mientras que Venezuela (10), Sudán del Sur (9) y Somalia (9) ocuparon los puestos más bajos.
Existen brechas que pueden cerrarse, indicó el investigador. Entre ellas, avanzar con una ley que regule el cabildeo político (lobby) y los posibles conflictos de interés. También, pasar de bitácoras de asistencia y participación a otras que registren con claridad las gestiones que se realizan en las instituciones.
Además, regular las “puertas giratorias”, que permiten a las personas pasar de una institución a otra donde puede jugar un rol de juez y parte y establecer la respuesta obligatoria en las entidades frente a la participación ciudadana.
