Tener una mayoría simple en el Congreso con 31 diputados y mantener el control absoluto del Directorio legislativo no ha sido suficiente para evitar que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no haya gestionado proyectos o temas administrativos de una manera ineficaz y donde órganos como la Sala Constitucional han tenido que pronunciarse.
Los primeros meses de labor de la nueva Asamblea Legislativa concentraron el interés del Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. Sin embargo, la gestión ha estado rodeada de matices.
El primer fallo lo constituyó el proyecto 23.414 Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Una falta de lectura política hizo que el Gobierno echara para atrás y desconvocara la iniciativa, luego de haber sido aprobado en primer debate con 27 votos a favor. No obstante, la oposición cerró filas contra el proyecto. El oficialismo se dio cuenta que no alcanzarían los 38 votos para una aprobación en segundo debate y el tema se enfrió en el debate político.
El segundo traspié fue con el proyecto 23.216 Ley para el impulso y fortalecimiento del deporte nacional, que elimina la prohibición de utilizar publicidad de marcas de bebidas alcohólicas en actividades deportivas. Aunque fue aprobado con 41 votos en primer debate el 8 de junio, un grupo de 16 legisladores decidió plantear una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV.
Esto detuvo el proceso de cara a un segundo debate. Lo que los diputados no vieron es que el periodo cuatrienal de la iniciativa vencía el 30 de junio. Si no se aprueba una moción de extensión de plazo al proyecto, este se archivaría de manera automática y esto fue lo que ocurrió. Ahora, se debe presentar un nuevo texto y reanudar el trámite legislativo.
De nuevo, el oficialismo tropezó, esta vez con una disposición de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, sobre la conformación de las comisiones en el Congreso. Las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron un recurso de amparo, por la prohibición que se les impuso de realizar permutas y pertenecer a comisiones donde por sus temáticas y perfiles sienten que pueden hacer un aporte mayor. Esta posibilidad está permitida en el reglamento legislativo.
¿El resultado? La Sala Constitucional les dio la razón a las diputadas y anularon la resolución de la Presidencia del Congreso.
El último y más escabroso de estos episodios tiene relación con el tema que ha levantado el polvorín político en las últimas semanas: la elección de magistrados suplentes en la Sala IV.
Con los votos del oficialismo, se rechazaron los nombres de los candidatos propuestos por el Poder Judicial en 11 rondas de votación y se devolvió la lista en dos ocasiones a la Corte Suprema de Justicia. El tema se zanjó el 30 de julio cuando en una votación mayoritaria de cuatro contra tres, los magistrados constitucionales prorrogaron de manera provisional los nombramientos vencidos, mientras el Congreso elige a las nueve personas que están pendientes de designación.
“Esto lo veo como un problema de gestión que desencadena conflictos políticos. Lo de la permuta en comisiones es algo completamente normal que ha pasado en los últimos 60 años. Entonces es cuando uno empieza a ver que existe cierta inexperiencia legislativa, teniendo puestos importantes en el Directorio. Es eso o una intención de tratar de generar roces y choques con la oposición”, analizó José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
De consensos y alianzas
En la conferencia de prensa de Casa Presidencial, el 5 de agosto, la presidenta de la República, Laura Fernández, criticó la falta de apoyo de la oposición para el avance de la agenda legislativa.
Sin embargo, esto no se sostiene en hechos palpables en estos primeros meses de labor: la aprobación del proyecto de la marina de Limón, el crédito para el proyecto del tren eléctrico, el avance de un texto sustitutivo sobre el tema de Ciudad Gobierno, la iniciativa de alianzas público-privadas que ya fue aprobado en primer debate y se retrotrajo para aplicarle cambios y una nueva ley de canon para frecuencias de radio y televisión, demuestran que sí se ha logrado consolidar una agenda.
“Se aprobaron en este periodo unos 15 proyectos y la mayoría de ellos fue de manera unánime. Eso quiere decir que los diputados pueden generar consensos y avanzar. La narrativa de que hay conflictos y de que existe una oposición que no está dejando gobernar y que por ello se necesita una mayor cantidad de legisladores de un partido, no se sostiene”, indicó Díaz.
Frente a ello, el académico considera como normal que otros proyectos como el plan de Crucitas, no avancen con la misma celeridad que otros, por las posiciones encontradas entre fracciones. En ese caso se requiere una mayor negociación política, a pesar de la mayoría que goza el oficialismo.
Dicha mayoría sí ha sido capitalizada en diversas acciones: en el freno a las investigaciones sobre el presunto caso de abuso sexual del exdiputado Fabricio Alvarado, en el aval al primer presupuesto extraordinario de la República 2026 que contiene recortes a instituciones como los Cen-Cinái, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o en el rechazo de mociones como la que buscó condenar declaraciones de la presidenta Fernández sobre un golpe de estado en el país.
También, han logrado articular la labor de la Comisión Especial de Ingreso y Gasto Público de acuerdo con sus intereses políticos: con la apertura de investigaciones al financiamiento de las universidades públicas o en el proceso de detención de Alejandro Arias, alias Diablo. Con sus votos, el oficialismo rechazó otra moción para investigar a Boris Marchegiani, nombrado embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre una deuda de 8,3 millones de dólares que lleva 12 años sin pagarse en el Banco Nacional.
Con respecto a las actuales sesiones ordinarias, José Andrés Díaz estima que el oficialismo puede aprovechar su mayoría simple para la aprobación de proyectos ordinarios, aunque dentro de las prioridades, el proyecto de jornadas extendidas (expediente 24.290) ha acaparado la discusión legislativa.
