Dariana Gutiérrez Porras, estudiante de Relaciones Internacionales, UNA 

 En los últimos años, el acceso a la vivienda en Costa Rica ha dejado de ser un derecho fundamental para convertirse en un privilegio con un precio cada vez más elevado. El aumento descontrolado y constante afecta principalmente a las clases medias y bajas, lo que evidencia el alto costo de vida en Costa Rica. Debido a esto, las familias deben destinar una gran parte de su salario para habitar un espacio digno. Esta situación ha convertido la crisis de los alquileres en un problema económico, pero sobre todo social, pues viene marcado por distintos factores: la falta de regulación en el mercado, el fenómeno de gentrificación y las dificultades para acceder al financiamiento habitacional.  

Uno de los datos más alarmantes de esta crisis se visualiza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De las 13 categorías que componen este indicador, el alquiler de vivienda fue el único servicio que aumentó de manera constante durante el 2023 y se mantuvo al principio del 2024, pese a la inflación negativa. Esta crisis se debe a que el Estado no puede fijar un precio máximo o establecer límites de precios en el mercado de vivienda, puesto que no hay una normativa que lo permita. En consecuencia, los arrendadores tienen la libertad de fijar sus propios montos. Esto perjudica a una población, que no tienen alternativa, pues la vivienda es una necesidad.   

Según reportó el medio Calle 7, la ubicación y el precio se han vuelto factores determinantes, pues las familias costarricenses se ven influenciadas al momento de buscar un hogar; ya no eligen su hogar por cercanía al lugar donde trabaja o donde se ubican las escuelas de sus hijos, sino por el impacto que el alquiler tiene en sus bolsillos (Calle 7 Redacción, 2025).  

Por otra parte, el fenómeno de la gentrificación también influye en los precios de los alquileres. La compra generalizada de territorios por parte de los extranjeros, a montos que para ellos son bajos, obliga a las poblaciones a desplazarse en busca de mayores oportunidades económicas y habitacionales. La gentrificación altera de manera significativa la demanda de terrenos y, como consecuencia, las familias locales terminan pagando un precio excesivo por permanecer en sus propias comunidades. Comunidades como Santa Teresa o Tamarindo se han convertido en ejemplos de este fenómeno.  

Sin embargo, la gentrificación ya no es un problema exclusivo de zonas costeras; la Gran Área Metropolitana (GAM) también experimenta una transformación similar. Las zonas populares se ven transformadas en complejos residenciales, torres de departamentos modernos, rodeados de cafeterías y servicios orientados a un público con mayor poder adquisitivo, por lo que las zonas se empiezan a convertir en áreas exclusivas para personas adineradas. Como resultado, los precios aumentan progresivamente, lo que provoca el desplazamiento de los habitantes originales de la zona. Este fenómeno refleja, además, la brecha entre las distintas zonas del país.

Pero las clases medias y bajas enfrentan otro obstáculo: el financiamiento bancario. El impedimento principal no es acceder al préstamo en sí mismo, sino a la incapacidad que tienen las familias costarricenses de ahorrar para financiar la prima, mientras hace frente al pago mensual de un alquiler.  

De igual manera, se puede observar que los créditos hipotecarios están orientados, principalmente, a un único sector de la población. Esto crea un círculo vicioso: al no calificar para un crédito, las familias de menores ingresos se ven obligadas a pertenecer al mercado de alquileres, lo que a su vez genera una demanda sobre este servicio y, por lo tanto, su precio aumenta.  

El mercado de alquileres en Costa Rica está saturado y sigue perpetuando una desigualdad económica. La falta de mecanismos de regulación eficientes deja desprotegidos a la mayoría de costarricenses, mientras que la gentrificación y el turismo modifican las dinámicas económicas y sociales de la población.  

El acceso a una vivienda digna y segura no debería ser una decisión que dependa únicamente del nivel de ingreso o de la zona en la que se habita, sino de políticas que garanticen condiciones más equitativas para toda la población. Urge que el Estado costarricense aborde esta problemática, no solamente desde la perspectiva económica de la oferta y la demanda, sino como una crisis social. Es de suma importancia crear e implementar políticas que equilibren y resuelvan esta problemática: incentivos para el desarrollo de viviendas, revisión de condiciones de las primas bancarias y marcos regulatorios que protejan al inquilino.