Ashley Webb Alfaro, estudiante de Relaciones Internacionales UNA 

Cuando una mujer es acosada, golpeada o asesinada en Costa Rica, el daño no acaba con ella; repercute en su familia, en su empleador, en el sistema judicial, en los servicios de salud pública y, por último, en la economía del país. La violencia de género no solo es un daño moral, es también una sangría financiera que la nación carga año tras año sin determinarla del todo, y peor aún, sin hacer algo para detenerla. Mientras las denuncias por violencia doméstica y los femicidios van en escala, surge una pregunta que la política pública tarda en responder: ¿cuánto le cuesta a Costa Rica ignorar este problema? 

En el período 2020-2022 el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial registró 170 homicidios dolosos perpetrados contra mujeres; de estos 35 fueron tipificados como femicidio y 27 como femicidio ampliado. Solo en 2022 hubo más de 12.000 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, esto representó la cuarta causa de delitos en el país.

Detrás de cada denuncia y de cada víctima hay un costo económico que el Estado debe asumir: atención médica en la Caja Costarricense del Seguro Social, procesos judiciales en los juzgados, intervención policial del Ministerio de Seguridad Pública, atención psicosocial en el INAMU y el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras instituciones. 

La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, por medio de varias investigaciones, documenta este fenómeno desde principios de 2000 y concluye que la violencia contra las mujeres reduce la productividad y agota los presupuestos públicos, con costos directos e indirectos para la víctima y el sector público en conjunto. 

La violencia de género también afecta a la economía, ya que muchas mujeres tienen dificultades para mantenerse en un trabajo estable. Consecuencias físicas y emocionales, más procesos judiciales y responsabilidades familiares, reducen sus oportunidades laborales. En el período de la pandemia, la situación empeoró: aumentó el desempleo femenino así como los casos de violencia doméstica, lo que provocó pérdidas de productividad y afectó el desarrollo económico del país. 

Distintas instituciones públicas como el Poder Judicial, el INAMU y el PANI destinan parte de sus recursos para atender casos de violencia de género. Si bien existen estudios y estadísticas sobre el problema, Costa Rica aún no cuenta con una estimación exacta del costo económico que representa la violencia para el Estado y para la economía nacional. 

La violencia de género no ocurre de manera independiente, sino que es parte de las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en los ámbitos social, económico y laboral. Esta problemática no solo perjudica directamente a las víctimas y sus familias, también genera consecuencias económicas para el Estado y limita el desarrollo del país. Por esto mismo, intervenir en educación, programas de prevención y apoyo institucional no se debe de considerar un gasto, sino una inversión para reducir futuras pérdidas sociales y económicas en Costa Rica.