Marializ Rojas, Estudiante Relaciones Internacionales UNA 

Durante años, Costa Rica ha sido vista en América Latina como un ejemplo de estabilidad democrática, paz social y desarrollo. Su inversión en educación, salud y protección ambiental ha sido motivo de orgullo nacional e incluso de reconocimiento internacional. Sin embargo, esta imagen positiva, se  puede contrastar cada vez más con una realidad interna marcada por profundas desigualdades sociales y económicas. Mientras algunos sectores del país avanzan y se benefician del crecimiento, otros permanecen rezagados y enfrentan condiciones de vida cada vez más difíciles.

La desigualdad no es un fenómeno nuevo ni se acaba de poducir en el país, pero en los últimos años se ha vuelto más evidente y preocupante. Las diferencias entre regiones, clases sociales y oportunidades de desarrollo reflejan un problema estructural que no ha sido atendido de una manera efectiva. Esto hace que nos preguntemos ¿estamos realmente avanzando como país, o simplemente estamos creciendo de manera desigual?

Uno de los aspectos más visibles de esta desigualdad es la brecha territorial. El desarrollo económico y las oportunidades laborales se concentran principalmente en el Gran Área Metropolitana, lo cual deja a muchas zonas rurales y costeras en gran desventaja. En estas regiones el acceso a empleo digno es limitado, lo que obliga a muchas personas a migrar o a aceptar trabajos informales y mal remunerados. Esta situación no solo afecta la economía local, sino también la estabilidad social de estas comunidades.

La desigualdad también se expresa en el acceso a la educación. Aunque Costa Rica cuenta con un sistema educativo reconocido, no todas las personas tienen las mismas condiciones para aprovecharlo. Factores como la infraestructura, el acceso a tecnología y la calidad de la enseñanza varían significativamente entre regiones. Se genera así una cadena de desigualdad, ya que quienes reciben una educación de menor calidad tienen menos oportunidades en el futuro, lo que perpetúa el ciclo de pobreza por no contar con los suficientes conocimientos.

El acceso a servicios públicos también evidencia esta problemática. Servicios como la salud, el transporte y la seguridad no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunas comunidades cuentan con atención médica oportuna y sistemas de transporte eficientes, otras enfrentan largas esperas, falta de recursos y abandono institucional. Tal diferencia en la calidad de vida refleja una falla en la planificación y ejecución de políticas públicas y una afectación en la salud.

Además, existe una creciente percepción de desconexión entre las autoridades y la ciudadanía. Muchas decisiones políticas parecen no responder a las necesidades reales de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Esto genera desconfianza, apatía y frustración, y debilita la participación ciudadana y la confianza en las instituciones ya que no se le toma en cuenta en la toma de decisiones.

La desigualdad en Costa Rica no se debe seguir ignorando o tratando como un problema secundario; es una realidad que afecta directamente a la sociedad, el desarrollo económico y la calidad de vida de miles de personas. Reconocer su existencia es solo el primer paso; lo verdaderamente importante es actuar con responsabilidad y compromiso para reducirla.

Es necesario que las autoridades implementen políticas públicas más inclusivas y efectivas, que consideren las necesidades de todas las regiones del país. Sin embargo, el cambio no depende únicamente del gobierno; la ciudadanía también tiene un papel fundamental, como por ejemplo: informarse, exigir rendición de cuentas y participar en los procesos democráticos.

Ser un país más equitativo solo será posible si se enfrenta la desigualdad con decisión. El mensaje es claro: no ser indiferentes, cuestionar la realidad y formar parte del cambio que el país necesita.