Stephanía Quintanilla Aymerich, estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, ante declaraciones recientes de la presidenta Laura Fernández, se decidió desconvocar la iniciativa debido a la falta de los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva en segundo debate. Esta decisión ha generado incertidumbre en la población ante un futuro incierto respecto al rumbo que tomará la reforma eléctrica en el país en los próximos años.

El proyecto es claro: busca modernizar el sistema eléctrico nacional al promover mayor competencia en generación y comercialización de energía, mientras mantiene bajo control público la transmisión y distribución. Entre sus principales objetivos figuran mejorar la eficiencia, mantener las energías renovables y, eventualmente, reducir las tarifas. Sin embargo, su desconvocatoria ha generado opiniones divididas y ha abierto un debate sobre si esta reforma es realmente prioritaria para Costa Rica en el actual contexto nacional.

Uno de los principales riesgos identificados es su posible impacto en las zonas rurales. Una mayor participación de empresas privadas podría incentivar la concentración en áreas urbanas y de mayor rentabilidad, y dejar las regiones menos pobladas con menor cobertura o tarifas más elevadas. Asimismo, persiste la duda sobre si esta apertura lograría realmente bajar los costos de la electricidad para los usuarios.

Otro punto de preocupación es la propuesta de crear un Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), con un rol protagónico en la planificación y operación del sistema. Esta figura genera inquietud sobre el equilibrio entre la modernización de un sistema y la protección de los ingresos públicos, que históricamente ha aportado el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante cánones y contribuciones al Estado.

Más allá de los aspectos técnicos, resulta legítimo cuestionar si Costa Rica debe asumir los elevados costos que implicaría implementar esta reforma, especialmente en un contexto de deuda fiscal elevada y persistente. La creación de nuevas instituciones, regulaciones y mecanismos de transición podría generar costos adicionales que terminen por aumentar la carga fiscal del país, en lugar de disminuirla.

La electricidad es mucho más que un servicio básico: constituye un pilar estratégico para el desarrollo económico y la estabilidad del país. Sin duda, es urgente abrir un debate que permita analizar si este proyecto es coherente con los desafíos fiscales que enfrenta el país. Es fundamental evaluar con rigor si esta ley realmente aporta soluciones proporcionales a sus costos, o si sería más prudente concentrar los esfuerzos para fortalecer el sistema actual y mejorar su eficiencia sin generar más deuda.

Solo mediante el diálogo respetuoso, responsable y basado en evidencia, se podrá determinar el mejor camino para el futuro energético del país. Este proceso deberá considerar tanto las oportunidades de modernización como los riesgos identificados, con el propósito de construir un consenso amplio que permita tomar decisiones informadas y equilibradas. Al final, lo fundamental es avanzar hacia un futuro energético seguro, que responda a las necesidades de la ciudadanía y contribuya al desarrollo sostenible de Costa Rica.