Diego Salazar Gutiérrez, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales UNA

La propuesta de aumento de un 0% al Fondo Especial para la Educación Superior no puede presentarse como una simple medida de responsabilidad fiscal. Detrás del lenguaje técnico y de las cifras presupuestarias existe una decisión profundamente política: debilitar progresivamente la educación pública superior, mientras se normaliza la idea de que invertir en universidades públicas es un lujo que el país ya no puede sostener.

Hablar de 0% en un contexto de aumento del costo de vida, encarecimiento de los servicios, presión sobre las becas y crecimiento de la demanda estudiantil no significa mantener a las universidades en equilibrio; significa obligarlas a hacer más con menos. Y cuando una universidad pública pierde capacidad financiera, lo primero que se deteriora no es la imagen institucional, sino las becas, la investigación, las sedes regionales, la acción social y las oportunidades reales de miles de estudiantes que dependen de ellas para construir un proyecto de vida.

Lo más preocupante es que esta lógica convierte la educación en una variable de ajuste económico. Bajo el argumento de la disciplina fiscal, el gobierno y una forma específica de hacer política empiezan a tratar la inversión social como un gasto prescindible, ignorando que gran parte de la movilidad social costarricense ha sido posible gracias al acceso a la educación pública. Resulta contradictorio exigir competitividad, innovación y crecimiento económico mientras se limita el financiamiento de las principales instituciones encargadas de producir conocimiento, formar profesionales, investigar y sostener presencia territorial más allá del Gran Área Metropolitana.

Además, la discusión pública alrededor del FEES ha sido reducida, muchas veces de manera deliberada, a una narrativa de privilegios universitarios, exceso de gasto y supuesta desconexión con la realidad nacional. Esa simplificación no solo distorsiona el debate, sino que erosiona la legitimidad de la educación pública frente a una población golpeada por la desigualdad, el desempleo, la inseguridad y el costo de vida. El resultado es políticamente conveniente: enfrentar a sectores sociales entre sí, debilitar a la oposición y desplazar la discusión de fondo sobre el modelo de país que se está construyendo.

Por supuesto, las universidades públicas deben rendir cuentas, mejorar su gestión y someterse al escrutinio público. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es utilizar el financiamiento como mecanismo de presión política. Cuando la rendición de cuentas se convierte en excusa para condicionar, castigar o disciplinar a las universidades, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser democrático. No se está pidiendo únicamente eficiencia: se está exigiendo subordinación.

El debate sobre el FEES tampoco puede verse de manera aislada. Forma parte de una tendencia más amplia de reducción de la inversión social en distintos niveles. Cuando se debilita la educación pública, se debilita también la posibilidad de que las personas estudien, investiguen, se organicen, cuestionen y participen críticamente en la vida nacional. Un país que recorta su inversión social no solo ajusta presupuestos: reduce horizontes.

La discusión sobre el FEES nunca ha sido únicamente técnica. Es una disputa sobre prioridades nacionales. Porque cuando un país empieza a considerar negociable la inversión en educación pública, lo que realmente pone en negociación es su propio futuro.