Sofía Salazar Valle, Estudiante Escuela de Relaciones Internacionales, UNA

Costa Rica se caracteriza por su alto costo de vida en comparación con otros países de Centroamérica y América Latina. Este fenómeno se debe a factores tanto internos como externos; no obstante, existe certeza de que provoca un desequilibrio en las condiciones socioeconómicas de la población. La situación se ha convertido en una fuente de vulnerabilidad para numerosas familias, especialmente las pertenecientes a los estratos de ingresos medios y bajos, debido al constante incremento en los precios que dificultan la cobertura de las necesidades básicas. Por ende, resulta necesario analizar los factores que inciden en esta problemática y su afectación en la cotidianidad de toda la población nacional.

El salario mínimo de Costa Rica es el más alto de Centroamérica (358 mil colones), según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2024. Sin embargo, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el costo promedio de vida en el país puede alcanzar los ¢687 mil. En otras palabras, el salario mínimo no cubre ni el 50% de los requerimientos mínimos y básicos que, en promedio, debe cubrir un habitante. Los elevados costos de los servicios, la vivienda, los alimentos y los bienes en general limitan al bienestar integral, tanto físico como mental, de las personas.

En contraste, el país no experimenta actualmente tasas elevadas de inflación; por el contrario, se registran valores negativos y existe una tendencia a que continúen bajando. En 2025 se reportó una variación interanual del -1,23%, lo que equivale a un decrecimiento. Si bien este indicador suele interpretarse de manera positiva, su impacto real en la reducción de precios es mínimo: de acuerdo con el INEC, solo el 35% de los bienes experimentó una disminución, mientras que el 18% permaneció estable. Esto demuestra que, aun en un contexto de inflación negativa, continúan los desafíos económicos estructurales que las familias costarricenses deben enfrentar diariamente.

A partir de los factores expuestos, se concluye que la mayor carga financiera recae sobre la clase media y baja, sectores que deben asumir pago de impuestos, alquileres elevados, servicios básicos y de educación caros. Esto se agrava si consideramos las crisis que atraviesan los sistemas públicos de salud y educación, que obligan a la población a optar por servicios de índole privada. Como consecuencia, se produce una reducción del ahorro familiar, un deterioro en la calidad de vida y un incremento del estrés financiero. Estas dinámicas profundizan la desigualdad económica entre las clases sociales del país.

En síntesis, existen indicadores macroeconómicos que usualmente se asocian con una “buena calidad de vida”, tales como el control o la disminución de la inflación. Sin embargo, su estabilidad no garantiza una mejora automática en el bienestar. Si los salarios permanecen estancados mientras el costo de la vida continúa creciendo, se perpetúan las condiciones de vulnerabilidad y la pérdida del poder adquisitivo en general. Por lo tanto, es indispensable impulsar políticas públicas orientadas a regular y mejorar los mercados internos, asi como adecuar el salario mínimo a los costos de vida, junto con la creación de estrategias estatales de apoyo social. Esta problemática se debe atender manera integral, priorizando el desarrollo humano sobre el crecimiento económico.