*Dra. Suyen Alonso Ubieta

*Dr. Randall Arce Alvarado

El pasado 8 de mayo, previo al traspaso de poderes, en la ruta 32, se realizó una manifestación en contra del proceso de identificación del hato bovino nacional, que incluye el areteo. 

Como una medida obligatoria, la vigencia de esta disposición estaba estipulada para el pasado 26 de abril; sin embargo, la Corporación Ganadera (CORFOGA), en apoyo al sector productivo nacional, solicitó una prórroga de nueve meses para su entrada en vigor. El gobierno la extendió por última vez hasta el próximo 27 de octubre de 2026.

Este sistema lo estableció la administración Chaves Robles mediante el decreto ejecutivo 44336-MAG-S-SP-MOPT Creación del sistema nacional de identificación individual y rastreabilidad del ganado bovino. Se publicó en el diario oficial La Gaceta el 25 de enero de 2024 y entró en vigencia el 25 de julio de ese año. No obstante, se otorgó una prórroga inicial de 18 meses, que venció en diciembre de 2025. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) acordaron un plazo adicional de tres meses antes de la prórroga definitiva actual.

¿En qué consiste el areteo bovino?

Se trata de un sistema de trazabilidad individual del hato y consiste en colocar dos dispositivos a cada animal —vacas, toros, terneros y búfalos- que incorpora un arete electrónico con chip RFID, que almacena un código único, y una bandera visual. La geolocalización se realiza por medio de la plataforma Trazar Agro, que se gestiona con la cooperación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

La idea de la trazabilidad (del campo a la mesa) es rastrear el historial, ubicación y trayectoria de un bien en toda la cadena de suministro. En este caso, interesa saber: de dónde viene el animal, dónde ha estado, en qué finca se encuentra y hacia dónde se moviliza. 

Para el ingreso a mercados europeos es una medida no arancelaria que obedece a normas de bioseguridad, la cual, a su vez, ha sido respaldada como recomendación por la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para el Codex Alimentarius y el mercado estadounidense, con un enfoque diferente, parten del mismo principio: rastrear antes de nutrir.  

Desde la perspectiva institucional, es una medida políticamente técnica y con claros retos de implementación, cuyo fin debe ser asegurar la calidad comercializada, tanto si es para el país como para la exportación. El registro y seguimiento posibilita mayores controles sobre el origen de los animales y sus prácticas de manejo; además, ataca otros problemas como el robo de ganado, el contrabando transfronterizo y actividades ilícitas como el narcotráfico.  

Desde el otro lado, la de productores y demás actores vinculados con la comercialización, la medida tiene implicaciones, pues según el decreto mencionado, existirán prohibiciones sobre el animal no identificado, tales como: la movilización y transporte por vías públicas, la comercialización, la exhibición o exposición y el sacrificio (exceptuando terneros de descarte con destino directo a matadero).

A inicios de abril 2026, los medios de comunicación nacional advirtieron de una caída de hasta un 90% en el ingreso de reses a las subastas ganaderas del país, paralizando la cadena productiva del sector. En declaraciones ofrecidas a la prensa, Robert Pérez, dueño de la subasta ganadera de Platanar de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, advirtió que esto es resultado de esta medida. 

El costo promedio de cada dispositivo es de $1,75 y lo asumen los productores, según el tamaño del hato. A los pequeños ganaderos se les notificó, el pasado 21 de mayo, la eliminación de este cobro.

¿Estamos preparados?

Aún no. El sistema de trazabilidad se identifica de forma clara como una de las prioridades para mejorar la competitividad del sector, donde instancias como CORFOGA y el mismo MAG, han buscado definir la mejor ruta. No obstante, la realidad nacional y las condiciones socioeconómicas y geográficas de pequeños productores no deben ser minimizadas. Incluso, el 17 de marzo anterior, mediante oficio No. CFG-0609-2026, la junta directiva de CORFOGA advirtió al MAG sobre el perjuicio económico de la aplicación de estas medidas sobre la cadena productiva.

La necesidad de modernización es indiscutible. No obstante, para implementarla debe atenderse desafíos clave como la brecha digital geográfica y la brecha generacional, pero, sobre todo, atender la deuda inmensa con el sector agropecuario nacional y la ausencia de una agenda clara de políticas productivas enfocadas en el desarrollo de sectores socioeconómicos claves, como el bovino.

La medida es un paso necesario y trascendental para la modernización y sostenibilidad del sector, pero su ejecución debe contemplar una implementación gradual y el fortalecimiento operativo del MAG.

*Los autores son académicos del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).