Karina Isamar Ríos Membreño, estudiante de Relaciones Internacionales UNA 

Durante décadas, las pensiones han representado una de las principales herramientas de protección social en Costa Rica, que le permite a las personas mantener un ingreso económico una vez que finaliza su vida laboral. Sin embargo, en los últimos años han surgido crecientes preocupaciones sobre la capacidad del sistema para garantizar una vejez digna tanto para los adultos mayores actuales como para las generaciones futuras. El aumento en la esperanza de vida, los cambios demográficos y las dificultades financieras que enfrentan algunos regímenes de pensiones han generado un debate cada vez más relevante sobre la sostenibilidad de este derecho.

Desde una perspectiva económica, las pensiones cumplen una función fundamental: reducen el riesgo de pobreza durante la vejez y mantienen cierto nivel de consumo en la población adulta mayor. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas personas pensionados enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Según la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Costa Rica se encuentra entre los países con más del 20% de las personas mayores de 65 años que viven en pobreza relativa, una cifra superior al promedio de los países miembros de dicha organización. Esta situación evidencia que, para una parte importante de esta población, la pensión no garantiza necesariamente una vida digna.

La problemática resulta aún más notoria cuando se observan las condiciones de los sectores más vulnerables. Datos de la Superintendencia de Pensiones indican que más de 108.000 adultos mayores reciben una pensión del Régimen No Contributivo, cercana a los 82.000 colones mensuales. Aunque este ingreso representa una ayuda importante para miles de hogares, resulta insuficiente frente al costo de bienes y servicios básicos como alimentación, vivienda, transporte y medicamentos. Además, estudios recientes muestran que una proporción significativa de adultos mayores en condición de pobreza no cuenta con una pensión suficiente o dependen de transferencias familiares para subsistir.

A esta realidad se suma un desafío estructural que afecta directamente la sostenibilidad futura del sistema: Costa Rica experimenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el año 2050 las personas adultas mayores representarán aproximadamente el 24,9% de la población; es decir, cerca de un cuarto de la población serán pensionados.

Asimismo, el mercado laboral presenta obstáculos importantes. La informalidad continua siendo elevada en diversos sectores de la economía, lo que provoca que muchas personas trabajen años sin cotizar regularmente a los sistemas de pensiones. Como consecuencia, es probable que a futuro gran cantidad de esta población no acceda a una pensión suficiente por no haber cumplido con los requisitos necesarios. Dicha situación genera incertidumbre entre las generaciones jóvenes, que observan con preocupación la posibilidad de enfrentar una vejez con una menor protección económica de la que tuvieron sus padres o abuelos.

El debate sobre las pensiones suele centrarse en la sostenibilidad financiera del sistema, pero también debe considerar la dignidad humana. Después de dedicar décadas de su vida al sector laboral, las personas mayores deberían tener condiciones decorosas para vivir su vejez. Una economía no puede considerarse exitosa si quienes dedicaron su vida al trabajo enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas durante su jubilación.

En conclusión, el futuro de las pensiones en Costa Rica representa uno de los principales desafíos sociales y económicos. Garantizar la sostenibilidad del sistema es fundamental, pero también lo es asegurar que las personas adultas mayores puedan vivir con dignidad y que las futuras generaciones tengan también acceso a la pensión.