Sofía Morales, estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional

Costa Rica suele presentarse como un país comprometido con el desarrollo social y económico de la población. Sin embargo, este progreso no beneficia a todos por igual. En la actualidad, los pueblos indígenas forman parte de los grupos que continúa desplazado, pero además siguen enfrentando condiciones de pobreza, exclusión y falta de oportunidades, lo cual confirma el poco interés del Estado y la indiferencia de parte de la sociedad costarricense por esta población.

En la actualidad hay aproximadamente 104.000 personas indígenas en todo el territorio nacional. Según datos del INEC, los niveles de pobreza en algunos de estos pueblos van desde un 34,2% en el territorio huetar, hasta un 94,3% en el territorio cabécar. Si se comparan estas cifras con el promedio nacional de pobreza, que para 2025 fue de un 15,2%, la diferencia resulta alarmante.

El mismo INEC destaca que al menos el 70% de los hogares indígenas presentan una Necesidad Básica Insatisfecha. Esto lo refleja en las severas limitaciones que tiene esta población a servicios esenciales, como educación, salud y vivienda. Los datos no son solo estadísticas, son el reflejo de las condiciones de vida que enfrentan miles de costarricenses indígenas.

En muchas de estas comunidades, las personas deben recorrer largas distancias para asistir a un centro médico o educativo, estas instituciones además suelen lidiar con infraestructuras ineficientes, escasez de insumos y falta de personal calificado.

Es sabido que la educación es un gran mecanismo para reducir estas desigualdades. Sin embargo, las limitaciones en infraestructura, transporte y acceso a centros educativos les impiden a muchas personas indígenas continuar sus estudios. 

Esta exclusión no es diferente en el mercado laboral. A pesar de que se promueve la igualdad de oportunidades, muchas personas indígenas continúan enfrentando barreras para acceder a empleos estables y bien remunerados. Como resultado, una gran cantidad de familias depende de trabajos precarios con los que no pueden generar los recursos para satisfacer necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

​El Estado ha logrado algunos cambios tras impulsar programas y destinar recursos para atender a esta población. Pero los resultados muestran que estas acciones no han sido suficientes: la persistencia de altos niveles de pobreza y exclusión confirman que las políticas implementadas no han generado cambios estructurales en sus condiciones de vida.

Como sociedad, se debe garantizar una verdadera equidad de oportunidades y un cumplimiento real de los derechos fundamentales de estas poblaciones. Mientras Costa Rica continúe hablando de desarrollo sin garantizar condiciones dignas para sus pueblos indígenas, ese desarrollo seguirá incompleto. Reconocer sus necesidades, respetar sus formas de vida y garantizar un acceso real a oportunidades no debería verse como un acto de solidaridad, sino como una obligación para construir una sociedad más justa e inclusiva.