El Consejo Académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional urgió al Estado a detener los recortes presupuestarios, fortalecer la protección de las personas menores de edad y priorizar la educación y la prevención de la violencia ante el deterioro de las condiciones que enfrenta esta población.
Considerando la coyuntura nacional actual:
Costa Rica atraviesa una de las crisis más profundas y alarmantes de su historia reciente en materia de protección, educación y garantía de derechos de las personas menores de edad. Presenciamos con profunda preocupación un deterioro sistemático del tejido social y de la institucionalidad pública, el cual amenaza directamente el presente y el futuro de las niñas, niños y adolescentes.
En los últimos años, hemos sido testigos de una serie de decisiones político-administrativas que contravienen el mandato constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos en materia de niñez y adolescencia.
La disminución sostenida del presupuesto asignado a las instituciones encargadas de velar por la protección, promoción y atención de la población menor de edad representa un retroceso inaceptable y una afectación directa para dicha población quienes dependen de las instituciones y el sistema como garantes de sus derechos para hacerlos valer y ser escuchados. El termino de inversión queda supeditado a lo estructural, tecnológico y físicamente palpable. No obstante, instamos a promover y cambiar el estigma que existe de “inversión social” como gasto o asistencialismo hacia una estrategia para mejorar y promover el bienestar social.
Ante este panorama, se suma un escenario de violencia sin precedentes. Los datos recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) correspondientes al periodo 2020-2025 y diversas organizaciones sociales evidencian un incremento exponencial en la captación y adoctrinamiento de personas menores de edad, en muy tempranas edades por parte de redes de delincuencia, narcotráfico y crimen organizado. La instrumentalización de la juventud en actividades delictivas, así como el alarmante aumento en los casos de explotación sexual comercial, abuso y otras formas de violencia, reflejan el fracaso de los mecanismos de prevención estatal. Resulta preocupante constatar que la prevención y atención de estas formas de vulneración, no están siendo asumidas como una prioridad real y tangible.
Existe y persiste la deuda pública y financiera del estado hacía una población que requiere atención inmediata y a ello se suma, la vulnerabilidad por parte del incumplimiento gubernamental como garante de sus derechos y protección.
Paralelamente, el país enfrenta una emergencia educativa documentada exhaustivamente por los recientes Informes del Estado de la Educación. La crisis nacional en las aulas se manifiesta en un rezago crítico en competencias fundamentales: los índices de comprensión lectora y el desarrollo del razonamiento lógico-matemático han caído a niveles que comprometen el desarrollo cognitivo e inserción social de toda una generación. Esta "pobreza de aprendizajes" ensancha las brechas de desigualdad, castigando con mayor crudeza a las poblaciones en condición de vulnerabilidad socioeconómica y en zonas rurales.
Por tanto, el INEINA se pronuncia de manera vehemente y declara:
PRIMERO: Reafirmamos que las niñas, niños y personas adolescentes deben ser, sin excepción ni excusa presupuestaria, la prioridad absoluta del Estado costarricense. Es un imperativo ético y jurídico que toda política pública, decisión fiscal y acción gubernamental se rija bajo el principio rector del Interés Superior de la Persona Menor de Edad y la garantía plena de sus derechos, tal y como lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica.
SEGUNDO: Instamos al Estado costarricense asumir su responsabilidad ineludible de proteger a las personas menores de edad frente a las redes criminales, implementando estrategias integrales de seguridad humana que vayan más allá de la represión y se enfoquen en la prevención comunitaria y la creación de oportunidades. Manifestamos, nuestra total preocupación ante la falta de acciones del estado para la prevención y atención de la violencia estructural, el crimen organizado, el abuso sexual y otras formas de explotación; se requiere de la atención prioritaria y articulada que la magnitud de la crisis exige.
TERCERO: Solicitamos el cese inmediato de los recortes presupuestarios; y el fortalecimiento y compromiso financiero, técnico y humano de todas las instituciones que atienden, protegen y dan seguimiento a las políticas públicas dirigidas a las personas menores de edad. El debilitamiento del Estado social de derecho es el caldo de cultivo para la exclusión y la violencia; por ende, invertir en la institucionalidad es invertir en la paz social y el desarrollo de un país que educa y protege a la población menor de edad que es la base de su futuro.
CUARTO: Manifestamos la necesidad imperante de que los cuidados, la educación de calidad y la reducción de las brechas sociales y tecnológicas se posicionen en el centro de la agenda de desarrollo nacional; particularmente las que refieren a la población menor de edad.
Desde el consejo del INEINA, hacemos un llamado urgente a los Poderes de la República, a las instituciones autónomas, a la academia, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. No podemos permitir que, por omisión e inacción, las niñas, niños y personas adolescentes costarricenses sigan siendo víctimas de la violencia estructural y financiera. El momento de actuar es ahora; el costo de la inacción será la pérdida irreversible de una generación, la fractura definitiva de un estado social de derecho y el retroceso en el desarrollo económico y social.
Imagen con fines ilustrativos de la AI
