La guerra contra la criminalidad que ha emprendido el presidente salvadoreño Nayib Buekele, y que le ha generado réditos políticos y una alta popularidad, ha tratado de ser emulada por otros candidatos a la presidencia en América Latina; incluso, les ha servido para alcanzar el poder. Pero, ¿qué tan efectivo es replicar el “modelo Bukele” en otras latitudes?
Asumir como una especie de “franquicia” la imposición de estados de excepción y encarcelamientos masivos para combatir la delincuencia ha sido replicado por países como Ecuador y Honduras. Con el triunfo electoral de Abelardo De la Espriella, en Colombia, el discurso va también en esa línea; no obstante, los resultados obtenidos distan mucho de lo esperado.
Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) considera que no existe una garantía de éxito a nivel de seguridad si se tratara de replicar las medidas adoptadas por un país (en este caso, El Salvador) en otro. La evidencia es contundente.
Desde que asumió el cargo, en noviembre de 2023, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado 24 estados de excepción, equivalentes a 900 días en que las garantías individuales de la población han estado suspendidas, bajo la excusa de abordar el crimen. Empero, solo el año anterior se registraron más de 9 mil homicidios, con una tasa de muertes violentas de 52 personas por cada 100 mil habitantes, la más alta de la región.
Aunque no logra convertirse en la solución mágica a los problemas de inseguridad, la promesa de “mano de hierro” le ha valido a algunos candidatos, sobre todo aquellos alineados a ideologías de extrema derecha, a simpatizar con cierta parte del electorado.
“Frente al hartazgo de la gente, por problemas que no han sido resueltos, las sociedades latinoamericanas están abrazando a estos modelos autoritarios”, indicó Feoli, para quien ese contexto sepulta “la flaca memoria que tenemos en la región”, en referencia a la reciente elección, en Perú, de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien fue sentenciado en su momento por crímenes de lesa humanidad.
Existen algunos factores que explican por qué la receta Bukele no logra bajar los índices de seguridad en otras regiones. La primera de ellas, tiene que ver con un enfoque territorial. No es lo mismo aplicar este tipo de medidas en un país con una extensión de 21 mil kilómetros cuadrados, frente a países como Ecuador y Colombia que lo superan por miles de kilómetros. Este es un factor decisivo si se trata de identificar grupos o personas que puedan estar concentrados en extensiones territoriales menores.
Otro elemento tiene que ver con el perfil de la criminalidad. Históricamente, El Salvador ha sido víctima de la acción de las pandillas y las maras, que tienen objetivos muy distintos al crimen organizado del narcotráfico y el lavado de dinero. “Las pandillas tienen vínculos muy diferentes, que son identitarios, no solo para generar plata. Se trata de una población excluida que se alinea para delinquir, con un salvajismo muy grande. En cambio, la finalidad del narco es hacerse millonarios”, explicó Feoli.
Entonces, según explicó el experto, en El Salvador, a partir de los estados de excepción se han hecho redadas en barrios enteros, y se ha encarcelado, de manera masiva, gente que puede tener o no vínculos con las maras. La organización Human Right Watch ha señalado que desde el 2022 se han detenido hasta 86 mil personas, de las cuales 3 mil son niños.
En suma, El Salvador tiene particularidades históricas que han deparado un efecto en la reducción de la criminalidad, a un costo humanitario grande, a diferencia de otros países donde la delincuencia es de otra naturaleza y su abordaje al “estilo Bukele” no tiene los efectos esperados.
¿Y Costa Rica?
Marco Feoli identifica signos que buscan replicar aquí el modelo del presidente salvadoreño, sobre todo, con la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), por parte del gobierno.
“Han convertido las cárceles en un instrumento comunicacional para engañar a la gente, para hacerles creer que el problema de la seguridad se resuelve con que los detenidos vayan a las prisiones vestidas de anaranjado. Y eso no mejora en nada; los muertos están en nuestras calles, no en las prisiones”, denunció el académico.
A pesar de ello, Feoli considera que no podrá replicarse la estrategia de Bukele en el país. De nuevo las diferencias históricas y sociales saltan a la vista. “La razón principal es que Costa Rica tiene una tradición de 60 años de un régimen democrático que jamás tuvo El Salvador. A mí me parece alucinante que, de cierta forma, busquemos parecernos a un país con una historia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. Nosotros deberíamos ver hacia otros países, como las democracias escandinavas y no hacia naciones donde existe una afectación al estado de derecho”, afirmó Feoli.
El portal World Justice Project, que evalúa, entre 140 países, la calidad de su estado de derecho ubica a El Salvador en la posición 114 (en el tercio inferior global y regional), mientras que Costa Rica se sitúa en el puesto 28, como el segundo lugar en Latinoamérica, solo superada por otro país de larga tradición democrática, como Uruguay.
A pesar de ello, el académico del Idela hace un llamado a prestar atención a los mensajes populistas que buscan socavar la institucionalidad.
Una de sus caras, indicó, es la de simplificación de problemas complejos, como ocurre con el ataque de la criminalidad. “Ocurre, por ejemplo, con el tema de los privados de libertad, porque se parte de la idea de que todos son sicarios y la realidad no es esa. En la cárcel hay gente tan variada como en la sociedad misma. Pero se aprovechan de que es una población muy estigmatizada, para simplificar el problema y las soluciones”, agregó.
Foto portada: www.wola.org
