- Artículo de opinión por la académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, quien coordina el Proyecto de Investigación Trabajo y Crisis.
El Código de la Niñez y la Adolescencia define en su artículo 78, el trabajo como derecho de las personas adolescentes mayores de 15 años, un derecho que solo se deberá ver afectado cuando este exponga a riesgos o peligros que atenten contra la salud mental, física o emocional, o cuando afecte los estudios de esta población.
Es por esto que hay condiciones especiales para el ejercicio del trabajo adolescente, entre ellas, jornadas no mayores de 6 horas diarias y 36 a la semana, igualdad de derechos con respecto a personas mayores de edad; prohibición para realizar actividades consideradas peligrosas (Convenio 138 y 182 de la OIT), cumplir horarios nocturnos, o después de las 22:00 horas en caso de jornadas mixtas; así como tampoco podrán, quienes realicen trabajo doméstico, asumir el cuidado de personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, dormir en el hogar en el que labora o realizar labores de vigilancia.
Llama en particular la atención que de las más de 4 mil personas adolescentes que se encuentran dentro de la población ocupada, el 51% lo hace como auxiliar no remunerado -mayoritariamente en actividades agrícolas-, es decir, laboran sin remuneración alguna pese a que la gran mayoría dedica normalmente 30 horas o más a la semana a estas tareas. (INEC, 2023)
Pese a la legislación y la ratificación de convenios internacionales, lo cierto es que en el país las condiciones de trabajo de las personas adolescentes usualmente distan mucho de ser de calidad y que raramente se encuentra una conciliación entre educación y trabajo, pues el 70% de los y las adolescentes que trabajan no asisten a un centro educativo (INEC, 2023), por lo cual, su ingreso a los mercados laborales difícilmente significará un medio de movilidad social.
Ello es relevante debido a que lamentablemente, la mayoría de las veces los y las adolescentes ingresan a los mercados laborales como parte de un ciclo de pobreza que no logra romperse, al punto que este segmento de población es el que mayor nivel de pobreza registra con un 14% en pobreza extrema (frente a un 4% nacional) y un 28% de pobreza no extrema (frente a un 11% nacional) (INEC, 2022).
Además, si realizamos un análisis con enfoque de género ubicamos que hay una brecha de ingresos importante para las mujeres adolescentes, quienes trabajan en promedio 15.42 horas en total a la semana, recibiendo en promedio 35.992.95 colones de salario mensual, mientras que sus pares hombres registran un promedio de 23.75 horas totales a la semana con una remuneración promedio de 231.692.11 colones al mes.
Otra brecha de género importante se relaciona con el trabajo doméstico no remunerado, en general, sabemos que hay una tendencia cultural a que estas tareas pesen más sobre los hombros de las mujeres, y las adolescentes no escapan de ello, siendo el motivo de no asistencia a la educación formal del 11% de ellas.
Por ello, es tan importante mantener los esfuerzos para que las personas adolescentes continúen estudiando, en especial, aquellas en mayor vulnerabilidad, de manera que el ingreso a los mercados laborales se haga cuando posean un mayor nivel de especialización y así tengan acceso a mejores puestos de trabajo, pero no solo, pues la educación promueve una ampliación y fortalecimiento de sus capacidades humanas y de nuestras libertades.
*Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2023). Encuesta Continua de Empleo. http://sistemas.inec.cr/pad5/index.php/catalog/302
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2022). Encuesta Continua de Empleo, I Trimestre-2022. http://sistemas.inec.cr/pad5/index.php/catalog/302
