Eduardo Fernández, de la Asociación de Estudiantes de PPS, Mauricio Álvarez, del Programa Kioscos Ambientales, Guillermo Acuña, director del IDESPO, y Clemence Ruepert, del IRET, participaron en el foro “Expansión piñera en el Caribe: entre la criminalización y la lucha”.
Contaminación de mantos acuíferos por el uso intensivo de agroquímicos, tala ilegal y apertura de caminos en área de bosque, ausencia de planes ambientales o de desarrollo agrícola y problemas sanitarios entre las comunidades son algunas de las consecuencias de la actividad piñera que han provocado denuncias y acciones legales en el Caribe costarricense.
En el cantón de Pococí, esta situación incluso culminó con la aprobación, en marzo de 2012, de una moratoria a la siembra de piña por parte del concejo municipal.
Pero ya bastante daño socioambiental han provocado las piñeras instaladas con anterioridad, tal como quedó en evidencia durante el foro “Expansión piñera en el Caribe: entre la criminalización y la lucha”, organizado por la Asociación de Estudiantes de Planificación y Promoción Social (PPS) de la Universidad Nacional (UNA), el 6 de marzo en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales.
Y es que la expansión piñera, que tuvo un crecimiento del 700% entre 1990 y 2009, se ha dado sin ningún tipo de control por parte del Estado.
