Redacción UNA COMUNICA
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) valora si presenta una acción de inconstitucionalidad, luego de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó positivamente el presupuesto nacional de 2027, que incluye una moción (la número 16) que afecta los fondos postergados de las universidades públicas. Tal decisión se tomaría tras una reunión programada el día de hoy por el órgano rector.
El anuncio lo hizo Jorge Herrera Murillo, presidente del Consejo y rector de la Universidad Nacional (UNA), tras la marcha por la educación superior, que convocó a miles de universitarios el martes 20 de octubre.
“Los fondos postergados están respaldados por un acuerdo de la Comisión de Enlace, firmado entre los rectores y los ministros, en noviembre del año pasado. La Asamblea Legislativa no puede modificar acuerdos de la Comisión de Enlace; además, son recursos del FEES. No pueden quitar esos recursos porque el FEES no puede ser reducido, tal como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política”, recalcó Herrera.
El rector aseguró que esta acción se presentaría de manera inmediata para evitar que la resolución llegue cuando haya concluido el ejercicio presupuestario, como ha ocurrido en años anteriores. Sin embargo, también mencionó que los fondos postergados tienen carácter plurianual, porque la negociación no corresponde a un solo año, y se determinó que el Gobierno trasladaría esos recursos en siete tractos anuales. “Por lo tanto, en este caso tampoco cabría la justificación de que el ejercicio presupuestario ya concluyó”.
Masiva convocatoria
Durante las manifestaciones de este martes, tanto rectores como académicos, estudiantes y funcionarios de las universidades públicas, reiteraron los argumentos que los convocaron a una nueva marcha: la defensa de un presupuesto universitario que en vez de respetar lo estipulado por la Constitución Política sobre su financiamiento ha venido menguando en los últimos años, la necesidad de mantener abiertas las oportunidades de estudio para estudiantes de zonas rurales y costeras, la inflación proyectada para el 2027 que va a impactar aún más los recursos asignados a las universidades, mientras el gobierno solicita aumentar la matrícula, las becas estudiantiles y ofrecer más carreras STEM en sedes regionales con menos recursos.
“Año con año los ejercicios presupuestarios vienen señalando un debilitamiento en el presupuesto de la educación. Lejos de acercarnos al 8% constitucional, más bien nos vamos separando”, recordó el rector Herrera. A lo que añadió el agravante de no incorporar en los cálculos del FEES, el incremento por inflación del próximo año, según datos del propio Ministerio de Hacienda, así como la propuesta de un proyecto de ley que pretende modificar el régimen de exoneraciones fiscales para que las universidades paguen un 13% del impuesto del valor agregado, en vez del actual 2%.
Todo lo anterior afecta de manera directa la posibilidad de ampliar o abrir nueva oferta académica, principalmente de carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) en sedes regionales; es decir en zonas rurales y costeras. “No pueden pedirnos a las universidades que llevemos carreras STEM si a último momento nos quitan los recursos para poder hacer eso”, sentenció.
En el mismo sentido Daniela Chaves Matamoros, presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUNA), reiteró el papel de las juventudes de hoy en la preservación de los derechos adquiridos y en la vigilancia de las decisiones que se van a tomar desde el poder que va a impactar a los universitarios del futuro. “Tenemos que tener muy claro que lamentablemente las personas que en este momento toman las decisiones del país no van a lidiar con las consecuencias de tales decisiones”, dijo, al tiempo que recordó que el proyecto de país que hoy se intenta consolidar se ha venido impulsando en las últimas décadas con la consecuente afectación a las nuevas generaciones.
