Sinamot-UNA alerta que la reducción de personal impediría mantener el servicio de atención de amenazas de tsunami las 24 horas del día, los 365 días del año.
Costa Rica podría dejar de contar, a partir del 1º de enero de 2027, con el servicio que analiza en tiempo real las amenazas de tsunami para las costas del Pacífico y el Caribe. La reducción de personal prevista para el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot), de la Universidad Nacional (UNA), haría imposible mantener la atención permanente que el país recibe desde hace 12 años.
La situación se origina tras la comunicación de que una plaza asignada anualmente desde 2018 para la atención de alertas de tsunami dejará de otorgarse en 2027. Según se indicó, la disminución de jornadas está relacionada con el 0 % de aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) propuesto por el Gobierno de la República para 2027 y las posteriores reducciones aprobadas en la Asamblea Legislativa.
El Sinamot-UNAha operado durante estos años con apenas tres o cuatro personas funcionarias. Con el recorte, en 2027 quedarían únicamente dos: una con una jornada de tres cuartos de tiempo y otra de medio tiempo. Esta capacidad resulta insuficiente para sostener un sistema de vigilancia y respuesta que debe funcionar de manera continua ante eventos que pueden ocurrir en cualquier momento.
Más de 900 eventos analizados
Desde abril de 2014, el Sinamot-UNA funciona como Centro de Alerta de Tsunamis de Costa Rica y trabaja de manera conjunta con los sistemas de alerta de tsunamis del Pacífico y el Caribe, liderados por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.
Durante este periodo ha atendido más de 900 eventos con potencial de tsunami en ambas costas del país. Ocho generaron tsunamis registrados en Costa Rica y tres requirieron medidas como la suspensión de actividades acuáticas.
Cinco de esos tsunamis fueron observados por la población. Entre los más recientes se encuentran el provocado por la erupción volcánica en Tonga, en enero de 2022, y el originado por el evento de Kamchatka, Rusia, en julio de 2025.
La labor del Sinamot-UNA también ha permitido determinar rápidamente cuándo un evento no representa una amenaza para Costa Rica, lo que evita evacuaciones y otras medidas de emergencia innecesarias.
“Con cero aumento del FEES a partir del 1º de enero de 2027, el Sinamot no va a poder funcionar como un centro de alerta de tsunamis. Esto es muy importante porque la población necesita saber qué hacer en caso de emergencia, si ocupa evacuar o no y para esto es importante que exista un ente que se encargue de analizar la amenaza y determinar si hay un riesgo para las personas. Un ejemplo es en el caso de Panamá, donde el PTWC en Estados Unidos dijo que Costa Rica era un área con gran vulnerabilidad y debíamos evacuar porque posiblemente íbamos a recibir olas de entre 1 a 3 metros. Pero el equipo de trabajo del Sinamot analizó la información y en 15 minutos determinó que no era necesaria una evacuación, que no estábamos dentro de esta área de riesgo y que no representaba un riesgo para Costa Rica”, dijo Kristel Espinoza Hernández del Sinamot-UNA.
Más de 70 comunidades costeras
El trabajo del Sinamot-UNA va más allá de la respuesta inmediata ante un posible tsunami. En estos 12 años ha trabajado con más de 70 comunidades costeras del Pacífico y el Caribe, desarrollado estudios de amenaza para las costas del país y realizado análisis específicos en localidades como Cahuita, Carrillo, Sámara, Tamarindo y Bahía Potrero.
Además, desarrolla entre tres y cinco simulacros de tsunami por año y ha compartido sus metodologías de trabajo con otros países del Pacífico y el Caribe.
La eventual suspensión del servicio afectaría a comunidades costeras, instituciones públicas, empresas privadas, turistas y a la población en general, que dejarían de contar con el análisis nacional de amenazas de tsunami en tiempo real.
El Sinamot-UNA hizo un llamado al Gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa para que se adopten las medidas necesarias que permitan evitar el cierre del servicio. De mantenerse las condiciones presupuestarias planteadas, el país dejaría de contar con este servicio a partir del 1º de enero de 2027.
