Con el apoyo de 41 diputados, se aprobó este jueves 22 de setiembre, en segundo y último debate en la Asamblea Legislativa, el proyecto que libera de la aplicación de la regla fiscal los gastos realizados por las universidades públicas con recursos propios, así como el uso de superávits.
El proyecto 23.330 permitirá a la Universidad Nacional (UNA) invertir estos recursos en nuevas instalaciones, mantenimiento de edificaciones, mobiliario y equipo tecnológico y científico que vendrá a beneficiar directamente a las personas estudiantes.
El rector de la UNA Francisco González Alvarado reconoció la aprobación de este importante proyecto, que deberá pasar a firma por parte del Poder Ejecutivo, previo a convertirse en Ley de la República.
“Celebramos esta decisión y agradecemos a todas las personas diputadas por creer en la educación superior pública. Han sido meses de mucha coordinación y mucho trabajo que se ve recompensado con este resultado y cuyo esfuerzo ha liderado la Universidad Nacional”, señaló el rector Francisco González.
Durante el proceso de discusión del proyecto, fue fundamental el aporte de las autoridades de la Universidad Nacional y del Consejo Nacional de Rectores, de manera que se aprobaran dos mociones durante el trámite de la iniciativa en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Por un lado, se permitirá a las universidades estatales utilizar recursos derivados de superávits y que no han podido utilizarse, en cumplimiento de la regla fiscal contenida en la Ley 9.635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual impone un techo a los recursos que las instituciones puedan ejecutar, de acuerdo con el nivel de deuda que mantenga el país.
Por otra parte, se incluyó que aquellos recursos originados por estas mismas casas de enseñanza superior pública no se vean afectados por los límites de ejecución contenidas en la regla fiscal. Puntualmente, se indica que quedarán excluidos “los gastos realizados por las universidades públicas con recursos propios, obtenidos por ventas de servicios académicos, científicos, tecnológicos y los recibidos de sus fundaciones”.
En defensa de la educación
Desde la entrada en vigor de la Ley 9.635, en diciembre de 2018, ha existido una serie de limitaciones que le ha impedido a las universidades públicas ejecutar sus recursos propios, y esto ha afectado la acción sustantiva de la UNA.
Ante ello, las autoridades de las universidades públicas con sus equipos técnicos realizaron una minuciosa labor de concientización pública sobre la relevancia y el impacto que tiene, para una adecuada formación educativa universitaria, que tales casas de enseñanza superior realicen las inversiones necesarias que contribuyan con el cumplimiento de dichos objetivos.
El rector González Alvarado catalogó como sumamente destacable el hecho de que este proyecto haya calado en la mayoría de las fracciones parlamentarias que creen en el fortalecimiento de la educación superior.
Esta conquista se suma a la lograda días atrás, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto 23.108 Ley de Protección a la Inversión Pública en becas y otras ayudas para la población estudiantil, lo cual también excluye de la regla fiscal la inversión en becas estudiantiles, incluyendo las que otorgan las universidades públicas, y cuyos beneficiarios principales son estudiantes de escasos recursos económicos.
