En un pronunciamiento público, firmado por diversas organizaciones sociales, expresidentes de la República, académicos de universidades públicas y activistas en materia de derechos humanos, la Clínica de Derechos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA), se sumó a las denuncias por el fallecimiento de niños indígenas Ngäbe-Buglé, durante las cosechas de café en Costa Rica.
Este tipo de trabajos es desarrollado generalmente por población migrante. Datos incluidos en el manifiesto, por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, indican que entre el 2020 y el 2025 se registraron 42.995 perdonas de nacionalidad panameña, que arribaron al país como trabajadores agrícolas temporales.
Para los firmantes, la sospecha es que la gran mayoría de ellos son indígenas Ngäbe-Buglé, quienes se desplazan en grupos familiares, donde también hay niños.
La denuncia que dio origen al pronunciamiento tiene relación con un oficio de la Unidad Regional de la zona de Los Santos, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dada a conocer por el medio Delfino.cr, el cual documentó que entre enero de 2020 y febrero de 2026 fallecieron 19 niños, producto de enfermedades que pudieron prevenirse.
Asimismo, señalan que las dificultades de acceso a los servicios de salud y la falta de seguimiento institucional por parte del estado contribuyeron en este desenlace.
“Como sociedad debemos preguntarnos cómo es posible que niños y niñas continúen falleciendo por causas prevenibles en un país que cuenta con un sistema público de salud ampliamente reconocido y con instituciones responsables de la protección de los derechos laborales, la salud pública, la niñez y las poblaciones migrantes”, manifestó Sharon López, directora del Idela.
Para los firmantes, esta no es la primera vez que ocurren situaciones similares en contra de la salud de los niños que migran al país, junto con sus familias, para dedicarse a las labores agrícolas.
Documentan que en el 2020, en plena pandemia, ya se habían presentado denuncias por las vulnerabilidades que enfrentaban las personas trabajadoras en los periodos de cosecha del café. “Resulta preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo, en buena medida, del trabajo de miles de personas migrantes que enfrentan condiciones incompatibles con los estándares de derechos humanos”, resalta el escrito.
Acciones
Al respecto, los denunciantes propone una serie de acciones interinstitucionales para proteger el interés superior de los menores de edad ante esta coyuntura:
· Investigar las circunstancias que rodean las muertes de los niños indígenas.
· Fortalecer los mecanismos de atención primaria en salud, vacunación, seguimiento epidemiológico y atención materno-infantil.
· Realizar inspecciones sobre las condiciones de alojamiento, transporte y contratación de las personas trabajadoras.
· Garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, sanitaria, migratoria y de seguridad social.
· Implementar mecanismos de coordinación entre instituciones del estado, empresas contratantes y organizaciones indígenas.
· Publicar información periódica sobre condiciones de salud, trabajo, alojamiento y protección de derechos laborales de la población migrante que labora en las fincas cafetaleras.
· Asumir las responsabilidades, por parte de las empresas cafetaleras y de todos los actores en la cadena de comercialización, el respeto de los derechos humanos de quienes trabajan en esta actividad económica.
Foto portada: www.socialismohoy.com
