Abrir el conocimiento generado por medio de la investigación científica a la población en general tiene un impacto social significativo; sin embargo, su avance también está determinado por las decisiones políticas que se adopten en cada país.
Dicho de otra manera, un gobierno con determinada postura ideológica puede decidir inyectar más o menos recursos a los datos abiertos. Así lo reconoció Ruth Elena Vallejos, académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante la conferencia inaugural del II ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras, que se tituló La apertura del conocimiento como decisión política, ética y académica: reflexiones desde la experiencia colombiana.
“Los vaivenes políticos en nuestros países complejizan el proceso, porque cambian las prioridades. En Colombia, por ejemplo, uno de los factores que se han definido de inversión de recursos públicos en los últimos años es en el proceso de paz. Y en los últimos años, lo que ha ocurrido es que los presupuestos en ciencia y tecnología han disminuido”, enfatizó la investigadora.
Vallejos considera que la apertura de las investigaciones científicas no debe ser el fin en sí mismo. “El objetivo es democratizar el conocimiento, pasar de un modelo tradicional hacia otro que tiene que ver con el impacto social que genere”.
La voluntad política en este campo tiene un precedente puntual: en noviembre de 2021, 193 países adoptaron el primer marco normativo mundial en la materia: la Recomendación sobre la Ciencia Abierta, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Sobre esa hoja de ruta internacional descansan los pilares sobre los cuales debe proyectarse la ciencia abierta: la transparencia, la colaboración, la confianza y la inclusión.
En el caso colombiano, Vallejos destacó que en 2022 entró en vigencia una política nacional de ciencia abierta. Desde entonces el avance se ha dado con la participación de diversos actores y con una integración más directa de las universidades.
“Lo importante no es saber que existe la ciencia abierta, sino realmente ver cómo vamos a integrar todo ese conocimiento en nuestras prácticas diarias, en la labor de los investigadores, de los estudiantes y que abarque a las distintas áreas del conocimiento”.
A pesar de que la hoja de ruta fue rubricada por los países alrededor de la Unesco, apenas 25 cuentan con una política, estrategia o marco legal relacionado con ciencia abierta. En América Latina, además de Colombia, reportan avances Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Costa Rica.
En el caso costarricense, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) se coordina una estrategia nacional en esa línea. También desde el Consejo Nacional de Rectores (Conare) existe una subcomisión de conocimiento abierto desde 2012.
Visión integral
Avanzar en una agenda de ciencia abierta tiene relación, además, con aspectos como los planes de gestión de datos, documentación, propiedad intelectual, patrimonio e infraestructura. Y eso conlleva un costo que los países deben estar dispuestos a asumir.
Ruth Elena Vallejos mencionó, por ejemplo, el caso de Francia que invierte hasta 30 millones de euros al año por la publicación de investigaciones científicas en editoriales comerciales. “Hay que mantener una infraestructura, comprar bases de datos que son muy costosas e incluso implementar un modelo de evaluación que te indica la conveniencia de publicar en determinadas revistas donde se obtiene una mejor calificación, pero va a tener un costo”.
Se le consultó a la experta cómo puede afectar estas decisiones en países como Costa Rica, donde existe una intención por recortar los presupuestos de las universidades públicas, en su generalidad. Su respuesta fue contundente: “Absolutamente, porque los pocos recursos se deben distribuir según las prioridades”.
En el caso de la UNA, existe una Estrategia de Ciencia Abierta, alineada con las recomendaciones establecidas por la Unesco. Durante la conferencia, se les preguntó a los estudiantes y docentes que asistieron, acerca de cuáles consideraban que eran prácticas que implementa la universidad.
El enunciado que más apoyo obtuvo en el sondeo abierto, con un 51% de menciones, fue el de “se promueve la formación, se dan incentivos y estímulos para la apertura, se proponen nuevos enfoques de evaluación en las actividades universitarias”. Le siguió con un 27% de apoyo “están alineados los valores institucionales con la calidad e integridad, el beneficio colectivo, la equidad, la imparcialidad, la diversidad e inclusión”.
Solo con un 15% los presentes indicaron “se promueve la apertura de todas las etapas del proceso científico” y un 2% “se integra la apertura a las políticas y documentos misionales de la universidad”.
El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Jimmy Ramírez, celebró que este tipo de encuentros se lleven a cabo a lo interno de la universidad. “En un mundo caracterizado por transformaciones profundas, por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, la sobreabundancia de información y desafíos globales más complejos, estamos llamados no solo a generar conocimiento, sino también a garantizar que sea confiable, pertinente, éticamente construido y socialmente útil”, indicó.
