*Mag. Gerald Solano Aguilar

**M.Sc. Gabriela Navarro Alpízar

Los dispositivos médicos se han convertido en el principal producto de exportación costarricense y en uno de los pilares de su modelo de desarrollo, basado en la atracción de inversión extranjera de alto valor agregado. Empresas multinacionales han encontrado en el país un entorno estable, mano de obra altamente calificada y una plataforma estratégica para abastecer, entre otros mercados, a Estados Unidos; sin embargo, este sector enfrenta hoy uno de los mayores desafíos de las últimas décadas: la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles a las importaciones provenientes de Costa Rica.

Actualmente, las exportaciones costarricenses de dispositivos médicos ya enfrentan un arancel del 15%, una medida que ha generado preocupación tanto en el sector empresarial como en el Gobierno; a ello se suma una investigación de las autoridades estadounidenses para determinar si corresponde aplicar restricciones adicionales, bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional y la protección del empleo estadounidense. Más allá de sus efectos económicos inmediatos, este proceso refleja una transformación más profunda de la política comercial de Estados Unidos, en la que consideraciones geopolíticas, industriales y de seguridad han adquirido un peso cada vez mayor.

Durante décadas, la política comercial estadounidense estuvo orientada principalmente por los principios de liberalización del comercio y eficiencia económica, pero esa lógica ha cambiado de manera significativa, ya que las administraciones Biden y Trump han promovido políticas industriales destinadas a fortalecer la producción nacional en sectores considerados estratégicos. 

La pandemia de covid-19, las tensiones geopolíticas con China y las interrupciones en las cadenas globales de suministro, han reforzado la percepción de que Estados Unidos depende en exceso de proveedores externos para productos esenciales, incluidos los dispositivos médicos.

En este contexto, la seguridad nacional ha dejado de limitarse a asuntos militares, y hoy incorpora conceptos como la resiliencia de las cadenas de suministro, la autonomía productiva y la capacidad para garantizar el abastecimiento de bienes críticos, durante situaciones de crisis. Por tanto, desde esta perspectiva, las importaciones provenientes de países aliados pueden ser objeto de revisión si se considera que una excesiva dependencia del exterior representa un riesgo estratégico para la economía estadounidense.

Junto con estas preocupaciones, la administración estadounidense también ha argumentado que determinadas importaciones contribuyen a la pérdida de empleos manufactureros y favorecen la relocalización de empresas fuera del territorio nacional. En consecuencia, los aranceles se presentan no solo como un instrumento de política comercial, sino también como una herramienta para incentivar la producción doméstica, proteger el empleo y fortalecer la competitividad industrial de Estados Unidos.

Para Costa Rica, las implicaciones de un eventual aumento arancelario serían significativas, ya que el sector de dispositivos médicos representa una parte sustancial de las exportaciones nacionales, concentra una importante proporción de la inversión extranjera directa y genera miles de empleos especializados. Por ello, un incremento en los costos de acceso al mercado estadounidense podría reducir la competitividad de las empresas instaladas en el país, afectar futuras decisiones de inversión y disminuir el atractivo de Costa Rica como plataforma exportadora.

No obstante, el impacto más importante podría manifestarse en el mediano y largo plazo, dado que las empresas multinacionales toman sus decisiones de localización considerando no solo los costos de producción, sino también la estabilidad regulatoria y el acceso preferencial a los principales mercados. Si las exportaciones costarricenses enfrentan mayores barreras de acceso, algunas compañías podrían reconsiderar futuras expansiones o evaluar nuevas ubicaciones para sus inversiones, sobre todo en países que ofrezcan mejores condiciones para abastecer el mercado estadounidense.

El debate no se desarrolla solo en el plano económico; también existe una importante discusión jurídica sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer aranceles. Durante los últimos años, la administración Trump recurrió con frecuencia a argumentos de emergencia nacional para justificar diversas medidas comerciales. Esta estrategia ha sido objeto de múltiples impugnaciones judiciales, al cuestionarse si el Poder Ejecutivo posee autoridad suficiente para establecer aranceles sin una autorización expresa del Congreso.

Las decisiones adoptadas recientemente por la Corte Suprema de Estados Unidos han introducido nuevos límites a esa interpretación expansiva del poder presidencial, y aunque el tribunal reconoció amplias facultades del Ejecutivo en materia de política exterior y seguridad nacional, también dejó claro que la imposición de aranceles debe sustentarse en una delegación legal específica otorgada por el Congreso. En otras palabras, la política comercial estadounidense continúa siendo un instrumento de gran relevancia estratégica, pero su utilización enfrenta límites constitucionales que pueden condicionar el alcance de futuras medidas, elemento que resulta relevante para el caso costarricense. 

La investigación que está en curso deberá demostrar que cualquier eventual incremento arancelario se encuentra respaldado por los mecanismos previstos en la legislación comercial estadounidense y no solo por una declaración general de emergencia o por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Por ello, el desenlace dependerá tanto de la evaluación económica y estratégica realizada por las autoridades estadounidenses, como de la solidez de los fundamentos jurídicos que sustenten la medida.

Más allá del resultado específico de esta investigación, el caso evidencia una transformación estructural del sistema comercial internacional, dado que el comercio ya no se encuentra guiado exclusivamente por criterios de eficiencia económica, sino que cada vez con mayor frecuencia, las decisiones comerciales responden a objetivos de política industrial, seguridad nacional, resiliencia de las cadenas de suministro y competencia geopolítica, cambio que representa un desafío a largo plazo para Costa Rica, que ha construido gran parte de su estrategia de desarrollo sobre la apertura comercial y la integración en cadenas globales de valor. 

Por último, en un contexto donde los principales socios comerciales priorizan la seguridad económica y la autonomía productiva, mantener la competitividad requerirá no solo ofrecer un entorno atractivo para la inversión, sino también fortalecer su posición como socio estratégico y confiable dentro de las nuevas prioridades de la política comercial estadounidense. 

La investigación sobre los dispositivos médicos trasciende la discusión sobre un eventual aumento de aranceles y constituye un reflejo de una nueva etapa de la economía internacional, en la que el comercio, la seguridad y la geopolítica se encuentran cada vez más entrelazados, redefiniendo las reglas bajo las cuales, países pequeños y abiertos como Costa Rica, deberán insertarse en la economía global.

*Cotitular Cátedra OMC-CR, académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA).

**Académica e investigadora Cátedra OMC-CR de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA).